Diversos gremios empresariales del país exigieron al Congreso de la República derogar la última modificación de la ley sobre el crimen organizado (Ley N.º 32108), al considerar que la norma aprobada “relajó” la lucha contra la extorsión.
En un comunicado conjunto, suscrito por la Confiep, Adex, Canatur, ComexPerú, Sociedad Nacional de Industrias, Asociación Pyme Perú, MiPyme, entre otros, demandaron al Ejecutivo y al Parlamento tomar “decisiones firmes” frente a la inseguridad que “hoy gobierna en la sombra el Perú”.
Las organizaciones empresariales advirtieron que el “Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el Perú”; al tiempo que cuestionaron la falta de una estrategia efectiva para combatir la creciente ola de criminalidad.
“Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado”, lamentaron.
Los gremios también alertaron sobre el avance de economías ilegales, como la minería ilegal, “que ha infiltrado el poder político con dinero manchado de sangre”.
Frente a estos múltiples problemas, demandaron al Congreso aprobar en el más breve plazo el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión y sicariato y porte de armas de guerra como “terrorismo urbano” y endurecer las penas para quienes los cometan.
Además, destacaron la necesidad de fortalecer la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial como medida imprescindible para combatir con mayor eficacia la inseguridad ciudadana.
De qué trata la ley sobre el crimen organizado y por qué es cuiestionada por las organizaciones civiles
En julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone modificar el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
La iniciativa obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, con el apoyo de los parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Honor y Democracia y Avanza País.
El dispositivo —presentado por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), cuyo líder de su partido, Vladimir Cerrón, es investigado por presunta organización criminal— modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.
El texto señala que se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel, “con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.
En una entrevista con La República, realizada del pasado 15 de julio, José Ugaz, exprocurador ad hoc de la Nación, afirmó que el actual Congreso “representa los intereses del crimen organizado”.
“Ya vemos todas las modificaciones que se han venido haciendo en los últimos tiempos para debilitar e inutilizar la ley de colaboración eficaz, haciendo recorte a los plazos procesales, estableciendo una serie de condiciones que le hacen prácticamente inviable. Y luego viene todo cesto con el crimen organizado con la definición de organización criminal, que hace que muchos delitos de corrupción y otros delitos graves queden fuera de este supuesto”, cuestionó.
Capital Humano y Social (CHS Alternativo), organización que promueve la protección de los derechos humanos, advirtió que la Ley N.º 32108 “favorece a las organizaciones criminales”, e identificó que el dispositivo aprobado excluye 59 tipos penales de los 91 que comprendía la norma. Así, los delitos informáticos, estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, marcaje no agravado, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo simple, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito básico, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Asimismo, tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilegal de datos personales, entre otros, ya no podrán ser investigados y procesados en el marco del delito de organización criminal.
Fuente: RPP
