Los ojos de la presan están centrados en el presidente castillo y no hay medida iniciada por el Ministerio Publico, ante hechos conocidos que también deberían tener atención, ahora los delitos pareciera que tienen etiqueta, nombre propio.
La ya concluida mesa directiva que presidía la congresista María del Carmen Alva volvió a ser el centro de críticas tras haber aprobado un acuerdo con el que extitulares del Congreso podrían acceder a una remuneración parlamentaria de más de 12.000 soles en caso de volver a laborar en el Legislativo en calidad de personal de confianza bajo la excusa de que “cuentan con una experticia invaluable en el trabajo del Parlamento nacional”.
Esta norma tiene requisitos en específico. Por ejemplo, se aplicaría solo a presidentes que hayan culminado su mandato, como Alva, y abre el camino para que congresistas cuestionados que han asumido la presidencia del Legislativo puedan volver al Parlamento con un sueldo que va desde los S/12.391 y S/13.637.
Ante esta decisión, ¿se estaría incurriendo en un posible conflicto de intereses?
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Según el constitucionalista Heber Campos, “más que un conflicto de intereses, se trata de una medida impertinente” y que no contribuye a “la imagen de propiedad y transparencia y, sobre todo, un compromiso con el interés público”.
Esta información también la complementa Ana María Vidal, experta en temas constitucionales, quien señala que con este acuerdo “están mostrando que han entrado ahí solo para asegurar su estabilidad económica. Están demostrando que los que buscan entrar al Congreso y quienes han planteado este acuerdo lo están haciendo solo como un beneficio económico personal, y no están haciendo el servicio a la ciudadanía”.}
Existe la posibilidad de que la actual Mesa Directiva del Congreso pueda cambiar las disposiciones de Alva mediante un acuerdo. Composición: Fabrizio Oviedo
Otro tema importante que alertaron ambos especialistas es la posibilidad de que se brinde a estos funcionarios ventajas que resultan inapropiadas.
Campos recuerda que, más allá de ser expresidentes del Legislativo, son congresistas, los cuales, “una vez culminados sus mandatos, se convierten en ciudadanos como cualquier otro (…). Darles esta ventaja desde el Congreso no me parece apropiado. Entiendo que el fundamento ha sido su experiencia, su experticia, pero me parece que, más allá de eso, el mensaje que se transmite no es el mejor, sobre todo ahora, en donde nos encontramos en medio de una crisis política”.
La constitucionalista Vidal también es enfática con los delitos en los que se estaría incurriendo con esta norma. Para ella, este acuerdo, además de constituir un conflicto de intereses, es una medida que atropella a los derechos laborales, pues si bien el cargo en el que se desempeñarían los exparlamentarios es un puesto que se obtiene en condición de personal de confianza, “la medida incluso va en contra de los otros congresistas, que no participan en la mesa directiva”, y genera una desigualdad de posibilidades y transgrede el derecho a la libertad de trabajo.
Ambos profesionales presentan distintas maneras de evitar que esta disposición llegue efectuarse una vez culminado el actual periodo parlamentario. Heber Campos propuso, en primer lugar, pero más improbable, la posibilidad de que esta disposición sea cambiada mediante un acuerdo de la misma mesa directiva.
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Según Vidal, la decisión adoptada por Alva se podría frenar mediante medidas que van desde la inaplicancia hasta el planteamiento de una demanda de amparo “porque recordemos que frente a acciones inconstitucionales pueden plantearse demandas de inconstitucionalidad”.
Más beneficios aprobados en gestión de Alva
El 4 de julio de este año, la saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, firmó el acuerdo n.º 110-2021-2022/MESA CR, en el que se establece que los integrantes de la mesa directiva mantendrán sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo.
Los beneficios mencionados constan del resguardo de un suboficial de la Policía, uso de un vehículo y el correspondiente de combustible, además de chofer, por cada congresista de la mesa directiva del Congreso.
Fuente: La República
