El próximo 2 de octubre, 25 regiones del país del Perú elegirán a sus gobernadores y vicegobernadores para los próximos cuatro años. Aunque varios aparecen por primera vez en el escenario político, otros tienen un largo historial. Un equipo del portal OjoPúblico revisó los antecedentes civiles y penales de los 516 candidatos a ambos puestos, analizó cientos de informes de control interno de la Contraloría donde se identifican las irregularidades cometidas cuando ocuparon cargos públicos, y accedió a las investigaciones que varios enfrentan en el Ministerio Público.
De acuerdo a lo declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 44 de estos candidatos (8,5%) declaran tener al menos una sentencia condenatoria de tipo penal o demandas fundadas en la vía civil. Se trata de 34 aspirantes al cargo de gobernador regional y 10 al de vicegobernador. Las organizaciones políticas con más candidatos con antecedentes son Perú Libre (4), Somos Perú (4) y Alianza para el Progreso (3); y, en el caso de regiones, Tumbes (6) y Piura (4) concentran más aspirantes con sentencias: juntas representan el 23% del total.
Aunque solo siete candidatos reportaron tener alguna investigación fiscal o proceso judicial en su contra, OjoPúblico identificó que son más: por lo menos otros catorce candidatos –hasta junio del 2022– enfrentan procesos penales y judiciales, de acuerdo a la información que accedimos de las fiscalías de 14 regiones (Amazonas, Apurímac, Áncash, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Cusco, Lima, Loreto, La Libertad, Arequipa, Junín, Callao y Piura).
También se analizó los informes de control interno de la Contraloría General de la República. Se halló que, por lo menos, 16 candidatos han sido identificados en diversos reportes por tener responsabilidad penal, civil o administrativa en irregularidades cometidas durante su etapa como funcionarios públicos. La mayoría corresponde a las regiones de Ayacucho, Tumbes, Ucayali y Junín.
Candidatos con procesos pendientes
Si los candidatos que enfrentan investigaciones fiscales son condenados, varios de ellos podrían ser vacados de su cargo si resultaran ganadores en sus regiones. Solo entre el 2015 y 2017, las estadísticas del JNE muestran que hubo 279 autoridades regionales y municipales vacadas.
Para estos comicios, solo siete candidatos declararon tener un proceso de investigación en marcha o que están a la espera de una sentencia judicial definitiva. Sin embargo, OjoPúblico identificó –con información oficial del Ministerio Público a junio del 2022– que al menos otros 14 candidatos enfrentan procesos penales en diferentes etapas: formalización investigación preparatoria, acusaciones fiscales o en audiencia.
Los delitos asociados a todos estos candidatos van desde el peculado hasta el abuso de autoridad, la colusión, el uso de documentos falsos, nombramiento indebido de cargo público y corrupción de funcionarios. Según información de la Fiscalía, los departamentos con más candidatos investigados penalmente son Junín y Ucayali, con cuatro y tres candidatos, respectivamente.
De acuerdo a este análisis, el candidato con más investigaciones declaradas en su hoja de vida es Juan Rafael Torres Baldeón, que busca ser gobernador regional de Loreto con la agrupación Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto. Ya en 2018, acompañado de la misma organización de la cual es fundador, intentó ocupar el mismo cargo, pero no ganó.
Torres Baldeón es el candidato que más información ha registrado en el apartado de sentencias, aunque en la mayoría de estos procesos –según declara– han sido archivados. Tiene dos sentencias civiles en materia contractual en las que indica que, en una, llegó a un acuerdo extrajudicial y, en otra, el fallo fue en su contra. Además, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas ha presentado acusación en su contra; sin embargo, Baldeón no especifica el delito por el cual viene siendo investigado.
Por otro lado, Antonio Marino Panduro, candidato a gobernador regional por Todos Somos Ucayali, afronta dos acusaciones fiscales por peculado y corrupción de funcionarios. La Contraloría General de la República lo encontró responsable administrativamente por haber emitido títulos de propiedad de 137 lotes de terreno a personas de manera irregular cuando era alcalde de la provincia de Coronel Portillo. La autoridad de control halló que Merino Panduro incluso entregó en propiedad 81 lotes a una sola persona.
Lo que no declaran
Aunque la norma electoral no los obliga a declarar las investigaciones penales en su contra, algunos candidatos sí lo mencionan y otros deciden omitirlo.
César Gonzales Tuanama fue congresista de la República entre 2020 y 2021, por Somos Perú, y ahora postula al cargo de gobernador regional de Ucayali con Podemos Perú, de José Luna Gálvez. El año 2020, Gonzales Tuanama declaró tener tres sentencias penales por incumplir con el pago de la pensión de alimentos para su hijo.
El exparlamentario también ha sido sentenciado por el delito de falsedad genérica cuando ejercía como periodista en su región. Sin embargo, en su declaración actual omitió esta información. En su hoja de vida, no especifica si dicha sentencia fue apelada o si posteriormente fue absuelto. Precisamente, la candidatura de Gonzales Tuanama enfrenta ahora un proceso de tacha por omitir información laboral en su hoja de vida.
Mario Javier Quispe Suárez, que postula como gobernador por el Movimiento Independiente Fuerza Regional, en Piura, tiene dos sentencias civiles en su contra también por incumplir con el pago de la pensión de alimentos. También tiene otras dos sentencias penales que él solo reportó como que está vinculada a “Familia / Alimentaria”.
Es la quinta vez que Quispe Suárez busca obtener un cargo público. Las cuatro veces anteriores, postuló –como congresista, representante ante el Parlamanto Andino y alcalde provincial de Sullana– con Alianza Para el Progreso. Solo en el 2020 obtuvo un escaño como congresista.
Otro candidato que omitió información en el actual proceso electoral es Ángel Dante Unchupaico Canchumani, que postula por el movimiento regional Junín Sostenible con su Gente. Fue gobernador regional de Junín y ahora intenta nuevamente ocupar dicho cargo. En el 2014, el también exalcalde distrital de El Tambo (Junín) reportó tener una sentencia penal por el delito de difamación agravada, pero en el actual proceso no consignó esta información.
En tanto, Jorge Luis Mera Ramírez, candidato a gobernador regional de Loreto con el Movimiento Esperanza Región Amazónica, reportó en 2014 tener una sentencia civil en materia contractual cuyo fallo lo obligaba a dar una suma de dinero. Esto no fue reportado ni en las elecciones regionales de 2018 ni en las de ahora.
Es la novena vez que Mera postula para ocupar un cargo público y, además, es la quinta ocasión en que busca ser gobernador regional de Loreto.
Postulantes con sentencias por violencia familiar
En Perú, el número de denuncias por violencia familiar se duplicó entre 2013 y 2020: pasó de 122.901 a 238.704. Al analizar los antecedentes de los candidatos a gobernadores y vicegobernadores, se observa que varios tienen sentencias condenatorias por omisión de asistencia familiar, demandas por pensión de alimentos o violencia familiar o de género.
Hay 44 candidatos que reportaron tener uno o más fallos condenatorios (62 sentencias en total: 35 en la vía civil y 27 de tipo penal) por violencia familiar, violencia de género, delitos contra la administración pública, entre otros. Más de la mitad de estos corresponden a delitos relacionados con la violencia contra la mujer o contra algún miembro de la familia, o por no pagar la pensión de alimentos.
De todas las sentencias y fallos civiles, 19 sentencias corresponden a la sección “Familia / Alimentaria”: once fueron por la omisión en la pensión de alimentos y en otros ocho casos no especificaron a qué se debía.
Otras siete demandas civiles fueron por violencia familiar. Además, hay seis sentencias penales por delitos contra la familia, sobre todo en la modalidad de omisión a la asistencia familiar; una sentencia penal por violencia psicológica contra la mujer y otra registrada como violencia familiar.
El empresario César Acuña Peralta, candidato a gobernador regional por Alianza Para el Progreso en La Libertad, también declaró tener una demanda civil en su contra por violencia familiar, pero lo hizo al final del formato de la hoja de vida, como una anotación marginal, y no en la parte que corresponde a sentencias.
Antecedentes en corrupción
Hasta mayo del 2018, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción identificó 4.225 casos que involucraban a 2.059 funcionarios o exautoridades. De este número, 57 corresponden a gobernadores o exgobernadores regionales.
En el actual proceso electoral, cuatro candidatos a gobernadores han declarado haber sido sentenciados por un delito contra la administración pública. Se trata de Segundo Raúl Pinedo Vásquez, que postula a la región Cajamarca (Cajamarca Siempre Verde); Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, en Moquegua (Kausachun); Luis Constantino Arévalo Guerrero, en Tumbes (Movimiento de Inclusión Regional) y Vladimir Antonio Meza Villarreal, en Áncash (Movimiento Regional El Maicito).
En Cajamarca, Segundo Raúl Pinedo Vásquez, exalcalde provincial de Cutervo, que tuvo dos periodos al frente de esta ciudad, ahora busca gobernar una de las regiones que más oro produce en el país. Pinedo Vásquez, que es socio y gerente de tres empresas inscritas como proveedoras del Estado, declaró haber sido sentenciado en 2015 por abuso de autoridad, en la modalidad de nombramiento ilegal de cargo público.
Cajamarca Siempre Verde, inscrita el año 2010 como organización política, ha tenido a Pinedo Vásquez como apoderado legal y secretario general. Actualmente lleva como candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca al exsecretario general de Fuerza Popular: Joaquín Ramírez Gamarra, excongresista y financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
En Moquegua, el candidato Jaime Alberto Rodríguez Villanueva (movimiento regional Kausachun) reportó tener una sentencia en su contra por abuso de autoridad, en la modalidad de nombramiento indebido de cargo público. Él busca ser elegido por tercera vez como gobernador regional de Moquegua.
En 2018, el Poder Judicial condenó a Rodríguez Villanueva por designar de manera irregular a Christian Mario Rospigliosi Mendoza como jefe de la Oficina de Servicio y Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Moquegua, a pesar de que este no cumplía con los requisitos del puesto. La pena fue de setenta días de multa (equivalentes a S/ 8.750), inhabilitación del cargo por la misma cantidad de días y un pago de S/ 5.000 como concepto de reparación civil. Aunque el exgobernador interpuso un recurso de casación, esta no prosperó.
No es la única sentencia que ha tenido en su contra Rodríguez Villanueva, cuyo historial político data desde 1989, cuando intentó ser regidor de la provincia Mariscal Nieto (Moquegua) aunque sin éxito.
Ha sido sentenciado al menos dos veces más por el Poder Judicial, aunque posteriormente estas medidas fueron revertidas y fue absuelto. En 2014, a pocos meses de salir nuevamente electo como gobernador de su región, la Corte Superior de Justicia de Moquegua lo condenó a cuatro años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso debido a irregularidades cometidas en la construcción de la carretera Charijon-Hutalaque.
En 2018, una nueva condena de tres años de prisión suspendida cayó sobre él, luego de que en primera instancia el Poder Judicial señalase que benefició a la empresa de su hermano con la suscripción de un convenio firmado por el gobierno regional de Moquegua.
Otro candidato sentenciado por abuso de autoridad es Luis Constantino Arévalo Guerrero, que postula en Tumbes con el Movimiento de Inclusión Regional. Declaró que esta sentencia corresponde al 2018, cuando se desempeñaba como médico en la Dirección Regional de Salud de Tumbes, entidad en la que trabaja desde 2004. Su candidatura ha sido admitida por el JEE de Tumbes, pero antes tiene que responder ante un pedido de exclusión, el cual afirma que el candidato omitió información en su hoja de vida sobre los ingresos que percibió durante el 2021.
Como director de la Red Regional de Salud de Tumbes, el nombre de Arévalo Guerrero está incluido en dos informes elaborados por la Contraloría General de la República y en los que esta entidad recomienda denunciarlo penalmente por el papel que desempeñó en una licitación pública: primero, por nombrar un comité de selección que no contaba con un especialista con conocimiento de lo que se iba a licitar; segundo, por firmar un contrato que ampliaba la fecha de entrega de un producto adquirido por su institución, a pesar de que las bases decían lo contrario.
En tanto, Vladimir Antonio Meza Villarreal, que postula al cargo de gobernador regional de Áncash con el Movimiento Regional El Maicito, declaró haber sido sentenciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, el exalcalde provincial de Huaraz reportó tener dos sentencias civiles en su contra relacionadas a la materia “Familia / Alimentaria”. No especificó si son por violencia familiar o por pensión de alimentos.
La candidatura de Meza Villarreal había sido inicialmente admitida por el JEE especial de Huaraz, pero luego lo excluyó porque no había consignado una sentencia civil que tenía en su contra por violencia familiar.
