El informe del congresista Alejandro Cavero que blinda al expresidente Manuel Merino y otras exautoridades de la investigación del caso Inti y Bryan y la represión de las movilizaciones de noviembre del 2020 se acerca a su posible caída la próxima semana con la reconsideración de la votación que lo aprobó, pero la impunidad persiste mientras el Parlamento no autorice a la Fiscalía a procesarlos.
El pedido de reconsideración del legislador Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso vote otra vez sobre el informe de Cavero, de Avanza País, debe decidirse aún la próxima semana.
Entonces, el congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, tendrá oportunidad para cumplir su promesa de apoyar a los familiares de las víctimas, que rechazan el informe de Cavero por su blindaje. Cerrón no asistió a la votación anterior, pese a haber dado su palabra.
Además, la legisladora María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), que votó en abstención, aduce que puede apoyar la reconsideración y que está en contra de la impunidad.
“Siempre estaré en contra de la impunidad, así que mis votaciones siempre son a favor de las investigaciones. En este caso, voté en abstención porque no lo tenía claro. Ahora que hay oportunidad de reconsideración, voy a leer, a investigar y llegaremos a una conclusión, pero a favor de las investigaciones”, dijo a La República.
Si se logra una votación mayoritaria contra el informe, este se archiva y la protección a Merino y las otras exautoridades se mantiene mientras el Congreso no la levante. Para eso, la Fiscalía debe hacer otra vez la solicitud y esta aprobarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y el pleno. Es decir, tendría que reiniciarse el itinerario, pero avanzar con un informe que recomiende acusar a Merino y los otros, y este ser ratificado hasta en el pleno.
La impunidad tiene para rato. De no cambiar el Congreso, se iría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
