El pago proveniente del 4% del pasaje de cada usuario tuvo que ser devuelto a los propietarios de buses tras un acuerdo firmado en la gestión de Susana Villarán
Miles de limeños dependen diariamente del Metropolitano, el sistema de transporte que promete ser la opción más rápida en medio del caos vehicular de la capital peruana, pero que presenta serias deficiencias que afectan la calidad de vida de sus usuarios: largas colas, aforo sobrepasado y buses antiguos. No obstante, aunque existe un monto del pasaje que se recolecta a fin de mejorar la infraestructura, este fue devuelto a las empresas concesionarias del sistema.
Desde su inauguración en 2010, el Metropolitano ha operado bajo una demanda que supera ampliamente su capacidad. Las estaciones abarrotadas y las unidades desgastadas son una constante para los usuarios. Pese a ser, para muchos, la única opción viable frente a alternativas como taxis o buses convencionales, que implican tiempos de traslado significativamente mayores, y las promesas de mejora, el sistema no ha evolucionado al ritmo de las necesidades urbanas de Lima.
Según detalló Punto Final, esto se debe a un acuerdo que data del 2012. Durante la gestión de Susana Villarán, investigada por presuntamente liderar una red de corrupción y de lavados de activos, las empresas dueñas de los buses argumentaron que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no había cumplido ciertos acuerdos que generaron pérdidas millonarias, por lo que exigieron una reparación económica. En ese contexto, la MML, Protransporte y Cofide acordaron la suspensión y devolución de la reserva para la infraestructura.
Este monto proviene de la recolección del 4% de cada pasaje pagado por los usuarios, depositado en una cuenta especial de la administración fiduciaria de ingresos al sistema de Cosac. Aunque su fin es la mejora del servicio, no se ha podido utilizar para ello. De acuerdo a José León, abogado experto en alianzas públicas-privadas, el acuerdo ejecutado en la gestión de Villarán es irregular.
Al respecto, Fernando Torrico, representante legal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), advirtió que cada acuerdo específico, donde se señala el monto de reparación, no solo menciona lo expuesto en el convenio general, sino que aborda otros temas. Según se menciona en el reportaje, las autoridades tenían 12 años para, a través de un arbitraje, defender el dinero de esta reserva, pero ninguna autoridad hizo nada, por lo que la actual gestión de la ATU tuvo que devolver la millonaria reserva a través del siguiente cronograma:
- Lima Vías S/ 6′384.500,02
- ACS S/ 4′963.018,35
- Perú Masivo S/ 1′286.017,87
- Lima Bus S/ 6′885.147,13
- Transvial S/ 7′344.912,57
- Perú Masivo S/ 22.974,19
- Perú Masivo S/ 6′793.518,78
Es decir, en total, la ATU destinó S/33′680.178,90 del fondo de infraestructura para pagar a cinco empresas concesionarias.
“Hemos hecho una evaluación integral de la normatividad y se encuentra que a la fecha de hoy son válidos, esto hace que se tenga que devolver el porcentaje del 4% que se encontraba en ese fondo, en el cual han quedado 18 millones”, explicó León.
Cabe mencionar que el Metropolitano, el cual continúa en marcha blanca desde el 2010 porque el Estado aún no termina de cumplir con sus obligaciones, también presenta otro desperfecto: la señalización. “En la ampliación cambiaron todo, pero no cambiaron las señales”, dijo una usuaria, evidenciando una vez más los problemas que enfrenta uno de los sistemas considerados de los más modernos de la ciudad que promueve a las personas a tener que preguntar y omitir los carteles, pues estos no corresponden a las unidades que necesitan abordar.
Limeños pierden 68 horas al año en el tráfico
Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) puso en evidencia el alto costo que la congestión vehicular genera en la ciudad de Lima, no solo en términos de tiempo perdido, sino también en productividad económica. Según el estudio, realizado en el 2024, una persona que recorre diariamente 10 kilómetros entre su hogar y su lugar de trabajo en Lima pierde hasta 68 horas al año atrapada en el tráfico, lo que equivale a casi tres días completos. Este problema, que afecta a millones de habitantes, representa un impacto económico estimado en S/2 mil millones anuales, además de otros costos asociados como el consumo de combustible y los daños al medio ambiente.
