La intervención policial en el sector Takiruta de Las Bambas, ocurrida en la víspera, se realizó en el marco de una “defensa posesoria extrajudicial” tramitada por la empresa Las Bambas y no por decisión del Ejecutivo, aclaró la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Mediante un comunicado indicó que dicha acción legal se encuentra regulada en el art. 920 del Código Civil, y fue invocada por la empresa el pasado 16 de abril para solicitar a la Policía Nacional la defensa posesoria de terrenos ocupados por la comunidad campesina de Fuerabamba desde el día 14.
“Por ley, la oficina jurídica de la PNP evalúa dicha solicitud y, si concluye que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente. El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento”, puntualizó.
De igual forma, la PCM reiteró que el Gobierno apuesta por el diálogo desde el principio como un medio de solución de conflictos.
Por ello, recordó que desde el 14 de abril, fecha en la que la comunidad de Fuerabamba ingresó a los terrenos, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM remitió un oficio a ambas partes, exhortándolas a continuar el diálogo y convocándolas a reunión con la comisión del Gobierno Nacional (PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior), la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.
El día 20, agregó, se logró una reunión con la comunidad de Fuerabamba, que propuso la resolución de las diferencias entre las comunidades de Chila y Choaquere con Las Bambas, como una condición para levantar sus medidas de fuerza.
Ante esto, el Minem y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo propiciaron espacios de diálogo de manera permanente entre las comunidades de Chila y Choaquere con Las Bambas (los días 25 y 26 respectivamente) buscando una alternativa de solución por la vía del consenso, dentro del marco de la ley.
Tras no llegar a un acuerdo entre las partes (en el caso de la comunidad de Choaquere) la reunión se reprogramó.
Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM también se insistió para la instalación de una mesa de diálogo, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes, para evitar cualquier acción que pusiera en riesgo la integridad de las personas, en el contexto de la posible ejecución de la defensa posesoria solicitada por la empresa privada.
Sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada y el jueves 27 la solicitud de defensa posesoria (desalojo), presentada ante la PNP por la empresa Las Bambas, se ejecutó.
“El desalojo no fue ordenado por el Ejecutivo, ni siquiera a consecuencia del Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM, que dispone el estado de emergencia, pues si bien este fue publicado el mismo jueves 27, su vigencia es a partir del día siguiente”, agregó.
Bajo esa premisa, la PCM subrayó que es falso que el día en que ocurrieron los hechos ya regía el estado de emergencia.
“Lamentamos que como consecuencia del desalojo haya heridos de parte de la comunidad y de los efectivos policiales. Desde el Ejecutivo estamos asegurando su atención para su pronta recuperación. Asimismo, se viene investigando cualquier presunto acto irregular durante la ejecución del desalojo”, añadió la PCM.
De igual forma, señaló que la Secretaria de Gestión Social y Diálogo continúa invocando a ambas partes involucradas a aceptar la propuesta de constituir un espacio de diálogo que permita una pronta solución con miras al desarrollo territorial de la zona y la región, e invoca a los distintos medios a informar objetivamente.
“Desde el Ejecutivo nos reafirmamos en la búsqueda de diálogo y consenso para la solución de los problemas y conflictos que afectan a nuestro país”, puntualizó.
