La organización internacional Forest Stewardship Council (FSC) dispuso diligencias para investigar serios riesgos que enfrentarían estas comunidades a causa de las operaciones de la empresa Maderera Canales Tahuamanu. Especialistas hacen llamado urgente al Mincul, a cargo de Leslie Urteaga, para atender situación
Los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) en la Amazonía peruana se agudizan, mientras el Ministerio de Cultura se mantiene en silencio.
El 30 de agosto, la organización internacional Forest Stewardship Council (FSC) —dedicada a promover el manejo responsable de los bosques a nivel global— informó mediante un comunicado la suspensión provisional de la certificación de Maderera Canales Tahuamanu (MCT). La empresa forestal operativa en la región de Madre de Dios, situada cerca del territorio de los Mashco Piro, uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tradicionalmente asentado en las cuencas de los ríos Manu y Urubamba.
La medida, que entrará en vigor el próximo 13 de septiembre y se mantendrá durante ocho meses, se ha tomado como respuesta a las preocupaciones sobre la ubicación de la concesión de manejo forestal de la empresa y los posibles riesgos para la seguridad y el bienestar de los Mashco Piro. Durante este periodo de suspensión, la compañía no podrá comerciar sus productos certificados por FSC ni utilizar su marca registrada.
Esta disposición se da luego que, a fines de julio, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) denunciaran públicamente a Forest Stewardship Council (FSC) por mantener la certificación a la empresa maderera.
Esto, a pesar de reconocer los peligros para los Mashco Piro, quienes en junio fueron captados saliendo de sus tierras ancestrales en imágenes que dieron la vuelta al mundo.
Anuncian reunión con el Gobierno y organizaciones indígenas
En su comunicado, FSC anunció que ha encargado a Assurance Services International (ASI) —empresa que ayuda a otras compañías a asegurarse de que sus operaciones cumplan con la ley— una investigación exhaustiva sobre los derechos de los PIACI en relación con la certificación de manejo forestal en Perú.
Las diligencias se llevarán a cabo siguiendo las leyes internacionales, regionales y nacionales. Asimismo, representantes de FSC viajarán al Perú para reunirse con el Gobierno, organizaciones indígenas, entre otros actores, con el objetivo de comprender mejor los problemas de clasificación de tierras.
Dicho proceso permite categorizar diferentes tipos de terrenos según sus características y usos, como agricultura, construcción o conservación, a fin de gestionar y utilizar el suelo de manera adecuada.
Además, se buscará orientación de organismos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otras organizaciones, para establecer mejores acciones en respeto de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento en el país.
¿Qué dicen los líderes indígenas y especialistas?
Tras conocerse estos hechos, César Ipenza, reconocido abogado en derecho ambiental, exhortó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto y cumplan con su labor”.
También, Ipenza instó a los ministerios de Cultura y Agricultura y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a intervenir para abordar la situación y proteger los derechos de los pueblos indígenas afectados.
En la misma línea, Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), recuerda que, a pesar de la creación en 2002 de la Reserva Territorial Madre de Dios para proteger a estos pueblos, el Estado ha fallado gravemente en su tarea.
La delimitación arbitraria de la reserva y la concesión de permisos forestales han permitido invasiones de madereros y otras amenazas, obligando a los Mashco Piro a abandonar su territorio en busca de seguridad.
Además, resalta que la falta de acción efectiva para oficializar la ampliación de la reserva y la continuación de actividades destructivas en sus tierras agravan la situación.