La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció ante la demanda competencial presentada por la fiscal general a nombre de su despacho para librarse de dos investigaciones preliminares
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reaccionó este viernes a la demanda competencial que la fiscal general, Patricia Benavides, presentó en la víspera ante el Tribunal Constit) para solicitar la nulidad de dos investigaciones preliminares seguidas por el organismo.
Las pesquisas están asociadas a presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que sigue la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’; y al supuesto uso de su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Según un pronunciamiento difundido por la JNJ, la demanda afirma que estos procesos “interfieren en los ‘actos de gobierno’ de la fiscal de la Nación [y] busca, en consecuencia, limitar la competencia disciplinaria para que no pueda investigar infracciones producidas en el marco de actos de gestión o administración interna, como nombramientos, remociones de personal u otras análogas”.
El organismo se declaró respetuoso de “la autonomía del Ministerio Público”, de manera que “no interfiere en los actos de gobierno de la fiscal de la Nación y no afecta ninguna de sus competencias de orden administrativo o de cualquier otro orden”.
Comunicado de JNJ“No obstante, sí investiga presuntas infracciones disciplinarias de todos los jueces y fiscales del país, las mismas que pueden producirse en ámbitos diversos, como el propio de la gestión administrativa. Ello ocurre en aplicación estricta de las respectivas leyes de carrera judicial y fiscal, que tipifican el conjunto de infracciones en las que pueden incurrir los magistrados”, se lee en la misiva.
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Bajo la óptica de la JNJ, “la pretensión contenida en la demanda traería consigo, al margen de las investigaciones que atañen a la fiscal de la Nación, el riesgo de creación de un espacio de impunidad frente al control disciplinario” que le corresponde.
“Muchos de los ilegales intercambios de favores de los que el país ha sido espectador a partir de la develación en 2018 de graves inconductas de algunos magistrados, no habrían sido investigados y sancionados por la JNJ, bajo una interpretación como la que se pretende en la demanda, al estar referidos, precisamente, a designaciones de magistrados provisionales y movimientos de personal, que afectaron gravemente el interés público y la dignidad de la magistratura”, continúa el texto.
El organismo indicó, de igual modo, que defenderá sus fueros ante el Tribunal Constitucional “en la certeza que cumple a cabalidad el rol que le asigna la Constitución y que la ciudadanía espera de ella”.
En la demanda competencial, interpuesta a nombre del Ministerio Público y autorizada por la Junta de Fiscales Supremos el último lunes, Benavides sostuvo que estos procesos vulneran de “manera clara y flagrante” las atribuciones constitucionales asignadas a su despacho, como el procesamiento de las faltas disciplinarias y otras actuaciones administrativas al interior de su institución.
Por ello, busca que el TC establezca límites en su actuación y, como efecto, anule las pesquisas aludidas. La corte constitucional, que ya ha recibido la demanda, debe resolver antes de diez días si la admite o la rechaza. De ser admitida, tiene hasta tres meses para emitir su decisión.
El constitucionalista Aníbal Quiroga, defensa legal de la fiscal general, consideró que estas investigaciones son “insólitas” y un “acto de perturbación” a las funciones de Benavides. “Ahora tiene un cúmulo de denuncias en donde pretenderían destituirla por cosas absurdas que, en el fondo, esconden una lucha ideológica y política […] No es posible que la JNJ sea una caja de resonancia para afectar al Ministerio Público”, consideró el letrado en diálogo con Canal N.
La segunda mujer más poderosa del país, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y Dina Boluarte, ha sido también ha sido acusada de supuestas irregularidades en los títulos de maestría y doctorado que obtuvo en la Universidad Alas Peruanas (UAP) con tesis no habidas.
En mayo pasado, anticipó que no haría públicos estos documentos académicos. “He guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción […] Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue”, zanjó.
