La procuraduría especializada en delitos de lavado de activos solicitó al ex secretario general de Fuerza Popular y demás procesados ese monto como reparación civil. El Poder Judicial admitió el requerimiento para evaluarlo
Se abre la posibilidad que el Estado peruano reciba de reparación civil la cuantiosa suma de 700 millones de soles de parte de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otras figuras relacionadas al partido que vienen siendo investigadas. Esto en el marco del sonado caso que involucra a la Universidad Alas Peruanas con el presunto delito de lavado de activos.
Infobae Perú conoció -por fuentes cercanas a la Procuraduría Pública- que el Poder Judicial admitió a trámite su requerimiento para que el también excongresista, bastante cercano a la hija mayor del preso expresidente de Alberto Fujimori, y los otros procesados paguen la millonaria suma por generar perjuicio al Estado.
Después del caso Orellana, según el Ministerio Público, este el más grande en temas de lavado de activos. Las proyecciones fiscales apuntan a que Ramírez y los otros involucrados, bajo la figura de una supuesta organización criminal, blanquearon 350 millones de dólares (al cambio, actualmente, más o menos mil millones de soles).
En julio del 2019, la fiscalía dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Joaquín Ramírez Gamarra y parte de su familia.A inicios de abril de este año, las autoridades fiscales y policiales montaron un megaoperativo por el proceso contra el exsecretario fujimorista y se incautaron más de 290 bienes, entre edificios, vehículos de lujo, avionetas y costosos inmuebles, por un valor total de mil millones dólares.
“Quien no de la debe, no la teme”, fue la frase que usó Joaquín Ramírez, ante la prensa, mientras terminaban de allanarlo, en ese momento.
En todas las formas, él siempre ha negado que tenga que ver con el delito de lavado de activos y que, desde que era cobrador de combi, solo se había ganado las cosas ‘con su esfuerzo y trabajo duro’, hasta que llegó a ser millonario. Lo cierto es que el Ministerio Público asegura tener un sólido caso y fuertes elementos de convicción en contra de él y todos los demás investigados.
Para el Ministerio Público, Ramírez y al menos 13 de sus familiares habrían montado una presunta organización criminal dedicada al fraude y blanqueo de dinero.Juez declaró fundado el requerimiento
El Comercio compartió extractos de la resolución en la que el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, declara fundado el requerimiento de reparación civil por 700 millones de soles.
En el documento difundido se precisa que, ante una eventual sentencia contra Ramírez y los otros procesados, deberán pagar -de forma solidaria- la cuantiosa suma. El magistrado concluyó que la Procuraduría Pública cumplió con los requisitos formales que se exigen para la admisión a trámite de la reparación.
“Tener como pretensión resarcitoria planteada la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por el presunto delito de lavado de activos en la suma de S/700′ ́000.000, la cual se dirige contra los investigados”, se lee en dicha resolución.
Joaquín Ramírez se graduó en la Universidad Alas Peruanas (UAP), propiedad de su tío.Es de conocimiento público que, en la actualidad, Zuñiga también evalúa un pedido de la Universidad Alas Peruanas para ‘variar’ las condiciones del peligro procesal y libre disponibilidad de los bienes que fueron incautados en abril de este año.
Lo sindican de ser el ‘brazo comercial’
De acuerdo al organigrama de la presunta organización criminal, Joaquín Ramírez aparece como parte del ‘brazo comercial’, junto a su hermano Osaías Ramírez, además de otros de sus familiares y personas de su entorno más cercano.
En la hipótesis fiscal se maneja que, en tanto, en el ‘brazo político aparecerían Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Pier Figari, personaje cercano a ella y su agrupación política.
El caso de Joaquín Ramírez resultó sospechoso para la fiscalía, sobre todo cuando fue acusado por un excolaborador de la DEA de financiar a Keiko Fujimori en su campaña presidencial en el 2016.Para el Ministerio Público, Fujimori y Figari presuntamente captaron fondos ilícitos para obtener poder político y ‘así blindar a la organización criminal’.
La fortuna de Joaquín Ramírez y sus allegados provocó la alerta en la fiscalía. Él contó que mientras estudiaba en la Universidad La Cantuta en los 90, laboró a bordo de una ruta de transportes público que iba desde La Punta hasta La Molina y que dormía en la cochera donde se guardaba la combi. Luego se hizo millonario.
Fuente: Infobae
