Luján explicó que la extinción de dominio es vital para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y su eliminación podría ahuyentar inversiones del Perú.
El juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, Manuel Luján, compartió sus comentarios sobre la posible eliminación de la Ley de Extinción de Dominio por parte del Congreso. Durante una entrevista realizada por el medio Epicentro en el programa Grado 5, Luján sostuvo que esta iniciativa aislaría al país de la comunidad financiera internacional y lo volvería poco atractivo para la inversión, dado que la extinción de dominio es una medida obligatoria en los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), al asegurar que en el mercado no existan bienes provenientes del crimen.
“Hay un organismo que es como si fuera el Infocorp de todos los estados del mundo. (…) El grupo de los 8 creó el Gafi. ¿De qué se encarga este grupo? De que los países cumplan 40 recomendaciones, una de las cuales es contar con una ley de extinción de dominio que permita retirar del mercado todos los bienes derivados de actividades ilícitas”, indicó.
Luján consideró que, al eliminar la extinción de dominio, el Estado peruano correría el riesgo de convertirse en un Estado paria: “Este organismo revisa a los países que no cumplen los estatutos y les emite una advertencia, ubicándolos en una ‘lista gris’. Cuando un país está en esta lista, otros estados advierten a sus pares para que no inviertan allí. Además, se indica que los contratos celebrados en dichos países están en peligro y que diversas organizaciones bancarias internacionales no otorgan garantía. Por lo tanto, esos estados se convierten en parias. Nos volveríamos un Estado paria, a menos que se acaten las indicaciones para reincorporarse a la lista; de lo contrario, se nos colocaría en una lista negra. Eso es lo que se logrará si se promulga la eliminación de la ley de extinción de dominio”, señaló.
Fiscal Delia Espinoza también está en contra de la eliminación de la medida
De la misma forma, la Fiscalía de la Nación, representada por Delia Espinoza, ha manifestado su preocupación por las consecuencias negativas que implicaría modificar la ley de extinción de dominio. Según las dirigentes de ambas instituciones, las reformas propuestas por el Congreso debilitarían la lucha contra el crimen y abrirían la puerta a la impunidad de bienes adquiridos de manera ilícita.
Espinoza resaltó que los recursos y patrimonios obtenidos ilegalmente por organizaciones criminales —ya sea mediante la minería ilegal, la trata de personas, entre otras actividades— generan un grave perjuicio a la sociedad. La fiscal afirmó que exigir una sentencia penal firme a través de esta reforma representaría un retroceso en el combate a la criminalidad, permitiendo que el financiamiento ilícito continúe sin control. Además, subrayó que existen medidas concretas para contrarrestar la reformulación de esta ley, cuya aprobación podría minar los esfuerzos contra la delincuencia organizada.
En este contexto, se informó que, en un periodo de cinco años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de 160 millones de dólares en casos relacionados con corrupción, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tala y trata de personas, mediante la emisión de 2.500 sentencias en primera y segunda instancia. Sin embargo, la propuesta del Congreso limitaría la incautación de bienes ilícitos únicamente a los casos en que existiera una sentencia penal definitiva y reduciría el plazo de imprescriptibilidad de 20 a cinco años.
Fuente: La República
