El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional inició el juicio al expresidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y el desaparecido Partido Nacionalista Peruano por presunto lavado de activos, en un ambiente confuso y, por momentos, contradictorio.

La primera audiencia puso en evidencia lo complicado que será este proceso. El primero del escándalo Lava Jato en el Perú y el primero que discutirá el financiamiento de los partidos políticos. El fiscal Germán Juárez y los jueces del Colegiado Nayko Coronado Salazar (presidenta), Raúl Caballero Laura (director de debates) y Max Vengoa Valdiglesias deberán avanzar con cuidado para evitar que el proceso termine en un fracaso, estiman juristas.

Esta primera audiencia duró cuatro horas, desde las 9:00 a.m. hasta cerca de la 1:00 p.m. Sin embargo, es muy poco lo que se pudo avanzar: apenas la presentación del fiscal, de los abogados defensores y los datos generales de los acusados.

Los jueces demostraron que están dispuestos a avanzar. La presidenta Nayko Coronado tiene experiencia en sortear las acciones dilatorias de los jueces, pero hay muchos temas que quedaron pendientes de la etapa intermedia previa de control de acusación, que podrían ser un obstáculo.

Veamos: en un primer momento, Juárez apoyó la instalación del juicio y el avance de la audiencia sin la presencia del acusado Martín Belaunde Lossio, pero luego cambió y fue el primero en señalar que el proceso no podía seguir adelante si uno de los acusados no estaba presente.

Por el lado de los abogados defensores están César Nakazaki, Wilfredo Pedraza, David León, Juan Portugal y Luis Vivanco.

Según estos abogados, el proceso tiene muchos vacíos de las etapas previas, que los irán haciendo notar durante el desarrollo del juicio.

A los acusados apenas se les vio en la audiencia. Hablaron brevemente para presentar sus datos personales. Ollanta Humala señaló que su actual profesión es la de expresidente y exmilitar con un sueldo aproximado de 16.000 soles, y Nadine Heredia se identificó como microempresaria con ingresos mensuales de entre 12.000 y 15.000 soles.
Primer incidente

César Nakazaki fue el primero en poner a prueba la disponibilidad y paciencia de los jueces. Planteó instalar la audiencia y posponer el debate para una nueva fecha, pues no se había cumplido el plazo entre la notificación del expediente físico y la instalación del juicio: 5 días en un caso normal y 7 días en uno complejo.

Inmediatamente, se sumaron el resto de los abogados. El asistente del juzgado confirmó que 44 tomos del expediente se notificaron el 11 de febrero, pero que efectivamente el último viernes, 18 de febrero, remitió otros 4 tomos que contenían un informe contable de la acusada Rocío Calderón.

Nakazaki también se quejó de no haber sido notificado de una resolución aclaratoria del auto de enjuiciamiento. La Fiscalía se opuso a cualquier aplazamiento.

Luego de debatir por varios minutos, los jueces rechazaron el pedido para aplazar la audiencia. Sin embargo, si bien reconocieron que este es un caso complejo, cinco días eran suficientes para que hayan revisado toda la documentación alcanzada.

Los abogados aceptaron la decisión y se suponía que lo que seguía era que el fiscal Juárez pase a oralizar la acusación contra los investigados, un documento que ya antes ha presentado por escrito.

El extraditable

Nakazaki puso en debate el segundo asunto controvertido: la participación en el juicio público del extraditable Martín Belaunde Lossio. Este personaje no se hizo presente en la audiencia y justificó su inasistencia con un descanso médico por tres días, al padecer faringitis.

Nakazaki, Wilfredo Pedraza y el resto de los abogados argumentaron que de acuerdo con el tratado de extradición Perú-Bolivia y el Código Procesal Penal, no se puede juzgar a una persona por un caso que no esté contemplado en la sentencia de extradición.

Bolivia ha autorizado la extradición de Belaunde por tres casos: La Centralita, Antalsis y corrupción en los gobiernos regionales.

El caso de lavado de activos del Partido Nacionalista Peruano recién está en trámite y aún no es materia de extradición.

Este tema dividió a los jueces. La presidenta del tribunal dijo que este asunto debió discutirse y resolverse en la etapa intermedia de control de acusación y que ahora ya no se podía hacer nada.

Por mayoría, los jueces Raúl Caballero y Max Vengoa aceptaron escuchar a la defensa de los acusados y resolver.

Los abogados coincidieron con la doctora Coronado en que este es un tema que debió verse en el control de la acusación, pero explicaron y leyeron una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que pospuso su debate a la etapa de juicio público.

Pedraza, Juan Portugal y Luis Vivanco subrayaron que el Código Procesal Penal es claro en señalar que no se puede juzgar a una persona por un caso por el que no ha sido extraditado.

Entonces, el abogado de Belaunde, Luis de la Cruz, se opuso al debate señalando que se debía esperar la presencia de su defendido. De la misma idea fue el fiscal Germán Juárez, pues la situación se complicaba si el tribunal excluía a Belaunde.

Luego de 10 minutos, los jueces concluyeron por unanimidad que un extraditable tiene varios caminos para hacer valer sus derechos y denegaron el pedido de los abogados. Luis de la Cruz protestó señalando que ellos no habían solicitado nada.

Los abogados pidieron revaluar esa posición. Insistieron en que un extraditable no puede ser juzgado hasta que exista una sentencia que autorice su juzgamiento. Este tema se ha respetado en el caso Fujimori y otros procesos, se anotó.

Nakazaki recordó el caso Venero. Al comienzo del siglo XXI, en el caso de la red Fujimori-Montesinos, Víctor Venero aceptó regresar al Perú extraditado por tres casos, y ya en el Perú se sometió a declarar en otros 15 casos, con la posibilidad de someterse a colaboración eficaz.

Pero 16 años después, todos esos otros casos se anularon. Se estableció que Estados Unidos solo lo extraditó por tres hechos y no podía ser juzgado por los demás. La colaboración eficaz no prosperó con Venero. Correr y no respetar las reglas de la extradición no ayudó a que se hiciera justicia.

Martín Belaunde tiene muchas similitudes con esa historia. También tiene extradición por tres casos y pretende acogerse a la colaboración eficaz. La ley respectiva fue modificada para que lo pudiera lograr, pero siete años después no lo ha logrado.

Luego de un nuevo receso de otros 10 minutos, el Juzgado Penal Colegiado volvió a denegar el pedido de los abogados defensores. Señalaron que ellos no son competentes para ver un pedido de extradición, que eso es competencia de la Corte Suprema.

Pero eso no es lo que los abogados habían propuesto. Pidieron que Belaunde sea excluido del presente juicio a la espera de que la Justicia de Bolivia amplíe su extradición por un cuarto hecho, lo cual no se resolvió.

Hoy es la acusación

El juicio continuará hoy. Corresponderá que el fiscal Germán Juárez presente de manera oral la acusación penal, es decir que precise los hechos ilícitos y la sanción penal que solicita para cada uno de los acusados.

Por escrito, la Fiscalía ha pedido penas de 20 años de cárcel para el expresidente Ollanta Humala por dos presuntos hechos delictivos. Para Nadine Heredia se piden 26 años y seis meses, por tres presuntos actos ilícitos.

La Fiscalía acusa a Humala, sus colaboradores y el Partido Nacionalista de recibir financiamiento ilícito proveniente de Venezuela y de las constructoras OAS y Odebrecht en las elecciones del 2006 y 2011. A Heredia, adicionalmente, de destinar parte de ese dinero a sus cuentas personales.

Fuente: LR