La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, había pedido que su proyecto, que busca derogar la norma que modifica el Código Penal y la ley contra el crimen organizado, sea exonerado del trámite de comisión para ser discutido en el pleno; sin embargo, su requerimiento no fue aprobado.
La Junta de Portavoces del Congreso de la República rechazó debatir en el pleno de esta semana la derogación de la Ley N.° 32108, una norma fuertemente cuestionada por gremios empresariales, sindicatos y expertos, quienes señalana que debilita la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para luchar contra la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta al país.
La congresista Ruth Luque había pedido que su proyecto de ley N.° 8709, que busca derogar la norma que modifica el Código Penal y la ley contra el crimen organizado, sea exonerado del trámite de comisión para ser discutido en el pleno; sin embargo, su requerimiento no fue aprobado.
La legisladora dijo que el Bloque Democrático Popular, junto con las bancadas Socialista y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, fueron los únicos grupos parlamentarios que respaldaron su solicitud.
Por su parte, Eduardo Salhuana Cavides, presidente del Congreso, explicó que, para ser modificado la Ley N.° 32108, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos va a tener que presentar un nuevo dictamen que proponga dichos cambios al dispositivo aprobado en julio pasado.
Criticado por gremios empresariales y el CAL
Días atrás, el Colegio de Abogados de Lima ha advertido que la Ley N.° 32108 ha facilitado la proliferación de bandas de extorsionadores y otros grupos delictivos.
En un comunicado, responsabilizó al Parlamento por la promulgación de leyes que redefinen el concepto de crimen organizado. Estas modificaciones “han permitido el incremento de las actividades delictivas”, como la ola de extorsiones, especialmente contra los transportistas.
En esa misma línea, diversos gremios empresariales del país, entre ellos la Confiep, Adex, Canatur, ComexPerú, Sociedad Nacional de Industrias, Asociación Pyme Perú, MiPyme, exigieron al Congreso derogar la última modificación de la ley sobre el crimen organizado, al considerar que la norma aprobada “relajó” la lucha contra la extorsión.
Las organizaciones empresariales advirtieron que el “Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el Perú”.
“Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado”, lamentaron.
De qué trata la ley sobre el crimen organizado
En julio pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone modificar el Código Penal, la ley contra el crimen organizado y la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares.
La iniciativa obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, con el apoyo de los parlamentarios de Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Honor y Democracia y Avanza País.
El dispositivo —presentado por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), cuyo líder de su partido, Vladimir Cerrón, es investigado por presunta organización criminal— modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.
El texto señala que se considerará como organización criminal a todo grupo “con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa”, conformado por tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel, “con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”.
Capital Humano y Social (CHS Alternativo), organización que promueve la protección de los derechos humanos, advirtió que la Ley N.º 32108 “favorece a las organizaciones criminales”, e identificó que el dispositivo aprobado excluye 59 tipos penales de los 91 que comprendía la norma. Así, los delitos informáticos, estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, marcaje no agravado, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo simple, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito básico, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Asimismo, tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilegal de datos personales, entre otros, ya no podrán ser investigados y procesados en el marco del delito de organización criminal.
Fuente: RPP
