Decisión. Fiscal deja de lado las declaraciones de dos narcotraficantes detenidos en Brasil, pues no hay fecha cierta para concretar cooperación.
El fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas prescindió de las declaraciones de los narcotraficantes Alexander Jaramillo Herrera y Roberto Carlos Gómez Herrera, detenidos en Brasil, con el fin de archivar la investigación a la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la fiscal de la Nación, entre otros magistrados.
Terán Dianderas señala que insistir en recibir la declaración de ambos personajes vulneraría el plazo razonable de investigación, pues la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones informó que no existe una fecha clara para obtener la cooperación de las autoridades judiciales de Brasil.
Esto pese a que recién han transcurrido 16 de los 36 meses del plazo de investigación que la Fiscalía solicitó al Poder Judicial, en este caso. Es de precisar que, de acuerdo con información pública, también aparece en la resolución Gómez Herrera, conocido como Huevo, quien estaría detenido en España, y no en Brasil.
Además, toma en cuenta que los magistrados investigados están cumpliendo comparecencia restringida. Por lo que, “si bien existe el plazo legal máximo de 36 meses para la investigación preparatoria, esto no necesariamente significa que tenga que ser el plazo razonable, pues debe tomarse en cuenta que existen medidas limitativas de derechos que vienen siendo de aplicación en el presente proceso”, señala el fiscal.
Un criterio que la Fiscalía no toma en cuenta en otros casos que llegan a demorar 10 o 15 años, a la espera de la cooperación judicial. La Unidad de Cooperación Judicial que certifica la presunta demora es una dependencia del despacho de la fiscal de la Nación, cuya hermana es la favorecida con esta decisión.
Sobre los otros indicios que motivaron la investigación, el fiscal sostiene que el testigo Hilario Manuel Rosales Sánchez no refiere hechos que el haya visto, sino que le han sido referidos por terceros, como el reo Percy Coromoto Matos.
En tanto, la declaración de Coromoto Matos se descarta, pues la primera de 28 visitas que recibió del abogado Walter Mendoza Pérez se realizó un mes antes que el juez Rafael Martínez Vargas fuera nombrado en la entonces Sala Penal Nacional, porque no sería posible, según el fiscal, que hayan hablado de una solución ilícita para su proceso.
Tráfico de influencias simulado
Según el fiscal Helder Terán, todo el escándalo que involucra a los jueces de la Sala Penal Nacional Enma Benavides Vargas, María Apaza Panuera,
Lorenzo Ilave García, Rafael Martínez Vargas y la secretaria judicial Carmen Arias Tello se trata de un tráfico de influencias simulado por el abogado Walter Mendoza para obtener mayores beneficios de sus clientes.
Por esto, solo acusa a Walter Mendoza, para el que pide 12 años de prisión. Para la abogada Ana Vásquez y los presos implicados, 4 años y 8 meses, cada uno.
Fuente: La República
