© Proporcionado por La República Sesiones fijadas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.Sesiones fijadas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.Tal como informó anteriormente La República, el 11 de marzo el fiscal José Domingo Pérez concluyó la investigación por organización criminal, lavado de activos y otros delitos, contra Keiko Fujimori, presentando a su vez ese mismo día, por la mañana, su acusación donde solicitó 30 años de cárcel y 10 meses de prisión para la actual candidata presidencial.
De esta manera, como quedaron inconclusas varias diligencias programadas por la Fiscalía, los imputados solicitaron que se anule la decisión de concluir la investigación. El partido fujimorista fue uno de los primero en solicitar ello al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que dirige el magistrado Zúñiga.
“El fiscal ha dejado actos de investigación aprobados por el mismo y que son de gran valor para la defensa en el marco del proceso de investigación. Forzar el cierre de la investigación es contrario a ley”, dijo en su oportunidad Elio Riera, abogado de Fuerza Popular, a La República.
Así, se alegó también que la decisión del Ministerio Público afectó los derechos al debido proceso, a la defensa y a la prueba; el no pronunciamiento sobre el pedido de 19 declaraciones de testigos protegidos y los testimonios de empresarios como Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor, Vito Rodríguez, entre otros.
Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori apuntaron a similares argumentos por las actividades que faltaban realizarse incluso el mismo día que se presentó la acusación.
Acusación
No solo Keiko Fujimori podría enfrentar una pena de más de 30 años en la cárcel tras la acusación presentada por la Fiscalía. También enfrentaría una misma sanción el “núcleo duro” de la presunta organización criminal: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, acorde a la acusación del fiscal Pérez.
Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del USD1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazon también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.
El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por la disolucion y consecuente liquidación, como se requirió anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.
Los delitos contemplados contra los 42 acusados son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos.