Luego que Rafael López Aliaga, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), invocó a burgomaestres distritales para contratar a una consultora internacional e interponer una demanda que les permita exigir reparaciones a la concesionaria de la obra en la Estación Central de la Línea 2, el Ositrán emitió un comunicado para aclarar que los trabajos se enmarcan en la normativa legal y, además, llamó la atención a la MML sobre las acciones legales que ha iniciado.
Al habeas corpus presentado y la demanda penal que prepara la gestión de Rafael López Aliaga en busca de suspender las obras de la Estación Central de la Línea 2 del Metro, ahora se suma la posible contratación de una consultora internacional. Toda esta situación ha causado preocupación en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) por lo que se pronunció en su calidad de supervisor del contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima.
¿Qué puntos aclaró Ositrán respecto a las acciones legales de la MML?
En primer lugar, Ositrán considera que las acciones realizadas por la empresa concesionaria para el inicio de los trabajos de la Estación Central cumplen todo lo dispuesto en el contrato y apegan a la norma legal.
Como lo había detallado anteriormente el coordinador legal de licencias y permisos de la concesionaria, Cristian Rosenthal, esta se acogió a la Ley de Endeudamiento del 2024 que exonera de autorizaciones municipales a esta importante obra y otras a nivel nacional. En ese contexto, explica Ositrán, el 7 de julio se inició al Plan de desvíos de la Estación Central y correspondía a la MML fiscalizar para advertir los aspectos que se deben subsanar, sin embargo, la gestión de López Aliaga se ha opuesto a todo. “Lejos de ello, la MML se ha enfrascado en una serie acciones legales que solo perjudican el bienestar de sus vecinos afectados por los desvíos”, subraya el comunicado.
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El comunicado también refiere que Ositrán desconoce que se esté incurriendo en delitos por presuntos actos de corrupción relacionados al contrato de concesión. Por el contrario, refieren que todo se ajusta a un concurso de proyectos integrales que se desarrolló de manera pública. Recordaron que, incluso, la Contraloría emitió un informe favorable. En ese sentido, invocan a quien tuviera conocimiento a realizar las denuncias del caso.
Otro punto a destacar es que “la concesionaria no puede ser demandada por actos relacionados al cumplimiento del contrato de concesión en la vía judicial nacional”. Ositrán recuerda que en el contrato existe una cláusula arbitral que obliga a los participantes a recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Entre otros aspectos, Ositrán también reafirmó que la obra cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Cultura por lo que no existen riesgos para el patrimonio cultural.
Fuente: La República
