Fuentes judiciales advirtieron que grupos políticos con representación en el Congreso e involucrados en graves investigaciones se preparan para capturar la Fiscalía, bajo la apariencia de un salvataje legal.

Para esto se resucitarían algunas prácticas y mecanismos legales de la época fujimorista que les permitiría controlar la Junta de Fiscales Supremos con fiscales provisionales que elegirían a un nuevo fiscal de la Nación, más a fin a determinados intereses políticos.

En los años 90, bajo la excusa de reformar y combatir la corrupción, se creó una Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, se dio voz y voto a los fiscales supremos provisionales. Ellos permitieron mantener en el cargo de manera indefinida a la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán Maguiño, que controlaba las investigaciones y aspectos administrativos.

Plan de descrédito

Las fuentes indican que sectores políticos ya están sondeando, entre los fiscales supremos provisionales, quién estaría dispuesto a asumir la Fiscalía de la Nación.

“Han hablado con dos fiscales supremos provisionales. Les han ofrecido la Fiscalía de la Nación. Eso en este momento no es posible, pero hablan de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público para que sea posible”.

El plan para el control político del Ministerio Público se desarrollaría en dos fases. La primera está en pleno desarrollo. Pretende desacreditar y deslegitimar a la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Con eso lograr su destitución e inhabilitación por parte del Congreso.

Así, con el apoyo del procurador anticorrupción Javier Pacheco, se publicita que su nombramiento en diciembre del 2013 fue indebido, pues ella habría adulterado sus certificados de capacitación.

La única prueba de esa supuesta falsificación es que el centro donde ella se capacitó hace nueve años en la actualidad vendería esos certificados. Además, que los cursos se habrían seguido en el mismo periodo de tiempo. En realidad solo se cruzaron un solo día.

Se busca fiscal

En paralelo, también se cuestionará la idoneidad del fiscal supremo titular Pablo Sánchez Velarde para seguir en la Fiscalía. Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, al no poder funcionar la Junta de Fiscales Supremos, él debe ser el nuevo fiscal de la Nación.

Así, con los dos fiscales supremos titulares fuera de carrera, el Congreso tendría la excusa legal para intervenir y lanzar un “regalo envenenado”.

La exfiscal de la Nación y actual presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Gladys Echaíz, declaró al semanario Hildebrandt en sus trece que están trabajando en un proyecto de ley para dar voto en la Junta de Fiscales Supremos a los fiscales supremos provisionales.

“Les estamos lanzando un salvavidas, una manera de resolver el problema frente a la crisis en que se encuentra la institución y que ha sido originada por los propios fiscales supremos”, declaró Echaíz.

Eso confirma en parte la historia que circula en medios judiciales para el control político del Ministerio Público, que ha recibido La República. Es de aclarar que la actual crisis no fue ocasionada por Ávalos ni Sánchez.

En realidad, la actual crisis se originó por el interés político de controlar el Ministerio Público, lo que generó la destitución de tres fiscales supremos titulares, que aún no son reemplazados.

A la ley que dé voz y voto a los fiscales supremos provisionales, también se le agregaría otros encargos. Según las fuentes, se les pediría revisar las decisiones que crearon los equipos especiales de fiscales de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto.

Las épocas de Colán Maguiño y los fiscales provisionales

Los fiscales supremos provisionales son fiscales titulares, pero en el rango inmediato inferior, es decir, son fiscales superiores titulares. El fiscal de la Nación los nombra a su libre discresionalidad.

El nuevo fiscal de la Nación podría mantener a los actuales o nombrar otros, si alguno de ellos le es incómodo. Así dirigió la Fiscalía Blanca Nélida Colán Maguiño entre 1994 al 2000.

Con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, controlada por los provisionales, Colán rotaba de ubicación a los fiscales de todos los niveles, a nivel nacional. Eso le daba control absoluto de cualquier tipo de investigación.

Un fiscal rebelde podía ser enviado a un lugar lejano, a una oficina pequeña, encargársele que investigue la proliferación de ratas o ser relegado de cualquier ascenso.