Distintas agrupaciones estudiantiles de universidades públicas y privadas convocaron para este viernes 13 de mayo a una marcha nacional contra las leyes aprobadas en el pleno del Congreso, que “retroceden los avances en el sector educación” como el retorno a la figura de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI). La concentración será en la Plaza San Martín a las 5.00 p. m..
Este llamado responde a la desazón de los estudiantes ante la aprobación de dos dictámenes: la contrarreforma universitaria y la afectación del enfoque de género en la educación.
El primer dictamen, aprobado en segunda votación con 69 votos a favor, establece la recomposición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta iniciativa legislativa recibió el apoyo de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.
¿ El despertar estudiantil ?
Con este proyecto de ley, la función rectora de la Sunedu se ve debilitada. Además, se incorporarán representantes de las universidades dentro del consejo directivo. Una figura parecida a la ya inexistente ARN, que hacían de juez y parte.
Tras implantarse estas modificaciones en la Ley Universitaria, el consejo directivo de la Sunedu contará con dos representantes de la universidades nacionales y uno de los recintos particulares. Además también habrá representantes de Concytec, Sineace, Ministerio de educación (Minedu) y del Colegio de Decanos de los Colegios Profesionales, de este consejo saldría el superintendente.
Por otro lado, el proyecto de ley 904/2021 reduce autonomía al Minedu y pretende eliminar el enfoque de género y educación sexual integral en los contenidos de los materiales educativos.
El documento impulsa la intervención obligatoria de los padres y madres de familia en la realización de estos materiales, sin reparar en la falta de conocimientos que ellos tienen sobre la materia.
“Esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales, por ende, darles a las organizaciones de padres de familia la facultad de validar materiales educativos. Bajo esos criterios daría pie a que organizaciones que ya hace varios años piden el retiro del enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral, logren hacerlo usando el mecanismo planteado por este proyecto de ley”, declaró anteriormente Flor de Pablo para La República.
