En noviembre de 2018, la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, de la que era parte la magistrada Juana Caballero García, nueva presidenta de la Sala que verá el caso Cócteles, estuvo de acuerdo con revocar una detención preliminar contra presuntos comercializadores de drogas, pese a las evidencias recolectadas por la Fiscalía y la Policía, a través de videovigilancia. La jueza se defiende con una absolución de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Sin embargo, el órgano de control evitó pronunciarse debido a que no puede revisar fallos judiciales.
El 6 de marzo de 2023, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) modificó la composición del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, a cargo del caso Cócteles.
Este juzgado estaba conformado por los magistrados Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Raúl Caballero Laura. Sin embargo, este último fue cambiado, tras una suspensión de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, por la jueza Juana Mercedes Caballero García.
El caso ha llamado la atención debido a la cercanía del inicio del juicio oral del caso Cócteles —programado para julio de este año—. Por esta investigación, la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para Keiko Fujimori Higuchi y la disolución de Fuerza Popular, al considerar que la organización política lavó más de USD 17,3 millones entre las campañas políticas de 2011 y de 2016.
DESIGNACIÓN. La jueza Juana Mercedes Caballero García fue designada como nueva presidenta de la Sala que verá el caso Cócteles.
Foto: Poder Judicial
A esto se suman, además, los antecedentes de la nueva magistrada. En 2018, por ejemplo, como integrante de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, Juana Mercedes Caballero García votó a favor de liberar a seis procesados por tráfico ilícito de drogas que se encontraban bajo prisión preliminar.
La decisión generó críticas debido a que la medida contra los integrantes de la banda criminal —hoy sentenciados— se había sustentado en evidencia obtenida por la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de videovigilancia. OjoPúblico accedió al material gráfico de la PNP que revelaba el actuar ilícito y la forma de organización que tenía la banda con el fin de evadir a la justicia.
Ante la consulta de este medio, la jueza se defendió argumentando que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) investigó el caso, y que el proceso terminó con su absolución. No obstante, el informe del órgano de control del Poder Judicial señala, en una resolución de setiembre de 2019, que no está facultado para la revisión de fallos judiciales, por lo que no realiza una investigación a fondo del mismo.
Al año siguiente, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra los magistrados —entre ellos la jueza Juana Mercedes Caballero García—, luego de que un informe de inteligencia de la Policía de Huacho revelara que un informante secreto, presuntamente confiable, había tomado conocimiento de que el líder de la banda entregó una coima de USD 20.000 a los magistrados para obtener su libertad.
EVIDENCIA. La Policía, a través de videovigilancia, obtuvo información sobre el actuar ilícito de una organización dedicada a la comercialización de drogas.
Documento: OjoPúblico
Dicho proceso fue archivado en setiembre del año pasado, cuando el caso se encontraba en el despacho del fiscal Uriel Terán Dianderas, hombre de confianza de la exfiscal de la nación Patricia Benavides e investigado en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder. Terán Dianderas tuvo la carpeta en su oficina durante un año, pero no realizó ninguna diligencia, pues según argumentó en su resolución, la había recibido con los plazos vencidos.
La magistrada Juana Mercedes Caballero García también tiene, entre sus antecedentes, la liberación de Benedicto Jiménez, investigado en el caso Orellana, una red de estafa y lavado de activos liderada por el empresario Rodolfo Orellana; y la de un senderista investigado por su presunta participación en el atentado de la calle Tarata.
Hace ocho años, OjoPúblico informó, como parte del especial Suprema Fortuna, que entre 2014 y 2015, la magistrada Juana Mercedes Caballero García había aumentado su patrimonio en más de S/1’163.582, tras revisar las declaraciones juradas presentadas por la misma jueza durante esos años.
Su última declaración jurada, de acuerdo a la Contraloría, fue presentada en 2020, año en que reportó un patrimonio de S/601.573,94 e ingresos mensuales por S/4.705.
Los Diablos del Callejón de los Borregos
En setiembre de 2018, luego de realizar acciones de inteligencia, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huacho reportó la existencia de una banda criminal dedicada a la microcomercialización y comercialización de drogas, específicamente clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana, en la zona conocida como Callejón de los Borregos, en el distrito de Hualmay, provincia Huaura, en Lima.
Ese mismo mes, la Fiscalía de Huaura, a cargo del fiscal Edwin Araujo Dulanto, dispuso la medida de videovigilancia contra los presuntos integrantes de la banda: Jhon Dennis La Rosa Cervantes, Isolina Yovany Milla Sotero, Luz María Castillo Rodríguez, Lucero Yasumi Villanueva Castillo, Yoel Anselmo Reyes Salvador, Jhony Carlos Solis Morales y Shirley Allison Chagray Castillo, entre otros.
Además, un informe del Área Antidrogas del Depincri de Huacho, a partir de información confidencial, señaló a la Fiscalía que el líder del grupo, denominado por la Policía como Los Diablos del Callejón de los Borregos, era Jhon Dennis La Rosa Cervantes.
El informe policial también indica que La Rosa Cervantes ya registraba dos sentencias anteriores por el delito de microcomercialización de drogas y que el lugar Callejón de los Borregos era una zona roja en el mapa policial delictivo.
ESTRUCTURA. La investigación policial logró determinar la estructura y roles de la organización dedicada a la venta de drogas en el Callejón de los Borregos.
Documento: OjoPúblico
A raíz de la medida, entre setiembre y mediados de octubre de 2018, la Policía obtuvo material audiovisual y gráfico sobre la venta de drogas en el Callejón de los Borregos, y la forma de organización que tenía la banda para no ser descubierta. En las imágenes, a las que tuvo acceso OjoPúblico, se puede apreciar, de acuerdo a la descripción policial, el modus operandi, la organización y el domicilio utilizado para el negocio ilícito.
Según el Código Procesal Penal, para dictar prisión preliminar deben existir indicios razonables de que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a cuatro años y la posibilidad de fuga u obstaculización de la investigación. En esta línea, teniendo en cuenta las pruebas obtenidas por la Policía, la Fiscalía solicitó el allanamiento de las viviendas y la detención preliminar de los investigados.
El abogado penalista César Azabache Caracciolo explica que, en cualquier caso, la prisión preliminar exige una menor intensidad de la prueba en comparación, por ejemplo, con una prisión preventiva.
“La diferencia es una cuestión de grado de evaluación o intensidad de prueba. La preliminar se dicta sin audiencia de partes y se ejecuta con urgencia, con cargo a la sustentación de fondo que viene en la preventiva, en una audiencia abierta a las partes”, detalló.
El también abogado Antonio Maldonado Paredes precisó, asimismo, que, en casos en donde la videovigilancia logra obtener evidencia relevante de la comisión de un delito, la prisión preliminar es inminente.
“Con la videovigilancia me parece más que suficiente para demostrar la necesidad de la detención preliminar, ya que no tiene que satisfacer el mismo estándar que la prisión preventiva”. No obstante, según precisó, existe la posibilidad de que la Fiscalía no realice una adecuada sustentación de la evidencia. Un factor en el que también coincide el penalista Gilmar Aldía Zúniga.
ILÍCITO. Tras la videovigilancia, la PNP informó a la Fiscalía que, en el Callejón de los Borregos, se vendía cacaína, PBC y marihuana.
Documento: OjoPúblico
En el caso de Los Diablos del Callejón de los Borregos, la Fiscalía sustentó su pedido con la evidencia obtenida por el seguimiento policial, que revelaba el actuar ilícito y los roles de los investigados.
Entre ellos, los que se dedicaban a labores de vigilancia para alertar a la banda criminal de la presencia policial y, con ello, rehuir de la justicia. De igual modo, para sustentar la peligrosidad de la banda criminal, se especificó que el lugar era considerado una zona roja por la Policía.
El pedido del Ministerio Público también incluyó los antecedentes penales de los detenidos: dos sentencias contra el líder Jhon Dennis La Rosa Cervantes y una detención a Isolina Milla Sotero, una de las comercializadoras de drogas.
El documento precisa, finalmente, que solicitaban la medida para realizar actos de investigación urgentes, como pericias de sarro ungueal, toxicológicas y la toma de declaraciones, en las que se necesitaba la presencia directa de los investigados.
El 19 de octubre de ese año, el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Ubaldo Callo Deza, declaró procedente el pedido. Días después, el 25 de octubre de 2018, se produjo la detención de los integrantes de la banda y, desde esa fecha, comenzaron a correr los 15 días de detención preliminar.
CAMPANAS. La Fiscalía sustentó la posibilidad de fuga de los investigados a partir de la estructura que tenía la organización para evadir a la justicia.
Documento: OjoPúblico
Sin embargo, al decimotercer día, el 7 de noviembre de 2018, tras la presentación de una apelación por parte del abogado Johnny López Velásquez, la Sala Penal de Apelaciones, conformada por los magistrados Carlos Gómez Arguedas (presidente), Walter Sánchez Sánchez (director de debates) y la nueva jueza del caso Cócteles, Juana Mercedes Caballero García (vocal), revocó la decisión, y puso en libertad a Luz María Castillo Rodríguez, Shirley Allison Chagray Castillo, Lucero Yasumi Villanueva Castillo y Renzo Giovanni Cruz Castillo.
La resolución de esa nueva audiencia, que duró solo una hora y media, señala que esa medida también se extendió a los detenidos que no habían interpuesto recurso de apelación. Entre ellos, Jhon Dennis La Rosa Cervantes, el presunto líder, e Isolina Yovany Milla Sotero.
El documento, al que accedió OjoPúblico, señala que la Sala Penal de Apelaciones de Huaura tomó esta decisión porque la disposición inicial no estaba debidamente motivada. Según argumentaron, el Ministerio Público no había acreditado, de manera suficiente, el peligro de fuga o la obstaculización de la justicia por parte de los investigados.
Un día después, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva contra los investigados, entonces libres, por el plazo de nueve meses. Esta vez, añadieron en el pedido actas de deslacrado, informes técnicos y pericias practicadas a los objetos encontrados durante el allanamiento al domicilio vigilado: paquetes de pasta básica de cocaína y marihuana, además de material explosivo, como cartuchos de dinamita y detonadores.
REVOCATORIA. La Sala Penal de Apelaciones de Huaura dispuso la revocatoria de la prisión preliminar de los investigados, pese a la evidencia policial.
Documento: Resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura
Con esa información, el 14 de diciembre de 2018, un mes después de que la Sala Penal de Apelaciones de Huaura los dejará en libertad, el juez Galileo Mendoza Calderón declaró fundada la solicitud de prisión preventiva. La cual fue ratificada en la Sala Penal de Apelaciones, en enero de 2019, ya sin la presencia de la jueza Juana Caballero García.
En octubre, el Poder Judicial sentenció al líder de la organización, Jhon Dennis La Rosa Cervantes, a 15 años de cárcel. La pena fue confirmada por una sala superior en el 2020. Los demás integrantes fueron sentenciados en años posteriores a entre 10 y 15 años.
Este medio se comunicó con la jueza Juana Mercedes Caballero García para solicitarle sus descargos. La magistrada no aceptó una entrevista, pero envió una respuesta escrita a través del equipo de prensa de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
En la misma, mencionó que el caso fue investigado por la entonces Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en un proceso que culminó con su absolución. Dicho documento también fue remitido por Caballero García a este medio.
No obstante, el oficio de la OCMA del 12 de setiembre de 2019, al que hace referencia la magistrada, precisa que esta entidad no hizo una investigación detallada del caso, pues no tiene competencia para revisar fallos judiciales. Por lo tanto, esta instancia concluyó que no podía abrir un proceso disciplinario contra los jueces de la Sala de Apelaciones de Huaura.
Investigación penal
El 27 de noviembre de 2018, semanas después de que la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, con la jueza Juana Caballero García entre sus miembros, decidiera liberar a presuntos comercializadores de drogas, el equipo de inteligencia policial de Huacho emitió la nota informativa N° 1563-2018-9C1U- U17.
En la misma se describe que un informante secreto narró a la Policía que el cabecilla de los Los Diablos del Callejón de los Borregos, Jhon Dennis La Rosa Cervantes, había pagado USD 20.000 a los magistrados de esa sala para obtener su libertad.
El informe de inteligencia, al que accedió OjoPúblico, detalla que el informante también narró que no era la primera vez que los jueces Carlos Gómez Arguedas, Walter Sánchez Sánchez y Juana Caballero García habían cobrado sobornos a través de abogados de procesados para dejarlos en libertad.
El informe policial señala, asimismo, que el presunto nexo entre La Rosa Cervantes y los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones habría sido el juez Walter Sánchez Sánchez, presidente de la Sala de Apelaciones de Huaura y ponente del caso en la audiencia que concluyó con la revocatoria de la detención preliminar.
Posteriormente, según el documento, este dividía el dinero con los demás jueces. Las disposiciones fiscales, en tanto, indican que los magistrados habrían recibido las sumas de dinero de La Rosa Cervantes a través del abogado Johnny López Vélasquez. Es decir, el mismo que interpuso la apelación a la detención preliminar de los investigados, y que, luego, fue concedida por la Sala Penal de Apelaciones.
MAGISTRADOS. Conformación de la Sala de Apelaciones de Huaura en 2018: Carlos Gomez, Juana Caballero y Walter Sánchez.
Foto: Poder Judicial
La investigación contra los jueces llegó a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en ese entonces a cargo del caso Cuellos Blancos, por tener presuntamente la misma modalidad.
En esa línea, el despacho del fiscal Jesús Férnandez Alarcón realizó una serie de diligencias, como el pedido de levantamiento de las comunicaciones de algunos de los magistrados y abogados.
En ninguna de las disposiciones del fiscal Jesús Fernández Alarcón se puso en duda el informe de inteligencia policial, que basó la apertura de la investigación.
No obstante, dos años después —el 12 de julio de 2022, días después de la juramentación de Patricia Benavides como fiscal de la nación—, el investigado juez superior Walter Sánchez Sánchez presentó un documento de la División de Regional de Inteligencia de Huacho, a nombre del coronel PNP Emilio Valverde Morales, en el que indicaba que el reporte de inteligencia inicial no había sido encontrado en los archivos de la Oficina Especial de Inteligencia de Huacho.
En dicho informe, el coronel PNP Valverde Morales señaló, asimismo, que no podía precisar la autenticación del informe de inteligencia que relató la entrega de coimas a los magistrados. Además, remarcó que desconocía si el acta de inteligencia se había trasladado a otra dependencia, ya que, para esa fecha, la oficina estaba a cargo de otro efectivo policial.
COIMA. Resolución fiscal da cuenta de la existencia del informe policial que informó la presunta entrega de coima a los jueces de Huara.
Documento: OjoPúblico
Poco más de una semana después, el 22 de julio de 2022, el fiscal Jesús Fernández Alarcón renunció al cargo, en el contexto de las remociones de Patricia Benavides a diversos integrantes del equipo que investigaba el caso Cuellos Blancos.
Durante la investigación a cargo de Jesús Fernández Alarcón, se conoció la existencia de llamadas entre el juez Carlos Gómez Arguedas, presidente de la Sala de Apelaciones de Huaura, y el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, según disposiciones fiscales. Además, se ubicó una llamada entre el magistrado Walter Sánchez Sánchez con Johnny López Velásquez, el abogado que interpuso la apelación de la prisión preliminar, de abril de 2018.
En su reemplazo fue designado el fiscal Franklin Tomy López. Tras ese cambio, en setiembre de 2022, el nuevo fiscal se inhibió del caso y remitió la carpeta a la 2° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, al considerar que no tenía relación con Los Cuellos Blancos.
El entonces fiscal supremo provisional y hombre de confianza de la exfiscal de la nación Uriel Terán Dianderas, a cargo de la 2° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, archivó el caso en setiembre de 2023, un año después de recibir la carpeta.
INVESTIGADO. El fiscal Uriel Terán es investigado, actualmente, en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.
Captura: Ministerio Público
En su resolución, el fiscal Terán Dianderas, incluido en el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder, sustenta la impugnación del informe de inteligencia policial únicamente en el documento mencionado previamente.
Su disposición no menciona que se haya realizado alguna diligencia independiente, a cargo de la Fiscalía, para corroborar la veracidad del mismo. Solo hace referencia al documento obtenido por uno de los investigados, el juez Walter Sánchez Sánchez.
Por otro lado, de acuerdo a la disposición de archivo a la que accedió este medio, el fiscal Uriel Terán Dianderas sostuvo que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos le remitió la carpeta con los plazos vencidos. Y, por tanto, ya no podía realizar más actos de investigación.
Terán Dianderas dejó la mencionada fiscalía suprema en diciembre de 2023 y, actualmente, se encuentra en la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná.
Una fuente de la 2° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, es decir la dependencia que para el momento del archivo estaba a cargo de Terán Dianderas, señaló a OjoPúblico que, efectivamente, el despacho no realizó ninguna diligencia entre setiembre de 2022 y setiembre de 2023. Esto por considerar que los plazos de la investigación se encontraban vencidos.
Como se recuerda, Terán Dianderas es investigado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, por su presunta participación en la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, en julio de 2022.
Este medio solicitó entrevistas a los fiscales Jesús Fernández Alarcón y Uriel Terán Dianderas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta por parte de la oficina de prensa del Ministerio Público. De igual modo, se intentó una comunicación directa con ambos, pero tampoco hubo respuesta.
Otros antecedentes
Juana Caballero García inició su carrera en el Poder Judicial como magistrada del 2° Juzgado Penal – Huaral, en 2005. Poco después, fue nombrada como jueza especializada penal titular. Y, al año siguiente, fue designada como jueza superior provisional de la Sala Penal – Huacho, en el distrito judicial de Huaura. Siete años más tarde, fue designada como jueza especializada titular del 2° Juzgado Penal Nacional.
En 2016, OjoPúblico informó, como parte del especial Suprema Fortuna, que la magistrada Juana Caballero García había aumentado su patrimonio de S/300.798 a S/1.464.380, entre 2014 y 2015. De acuerdo a la Contraloría, la jueza presentó su última declaración jurada en 2020, año en el que reportó un patrimonio de S/ 601.573,94 e ingresos mensuales por S/4.705.
Durante su trayectoria, también ha tenido cuestionamientos vinculados a otros fallos. En 2013, por ejemplo, el diario Correo informó que 16 personas detenidas por presuntos vínculos con el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fueron puestas en libertad por el Segundo Juzgado Penal Nacional, cuando estaba a cargo de Juana Caballero García.
Según informó el medio de comunicación, la PNP había obtenido audios telefónicos de los investigados en los que se probaban sus vínculos con narcotraficantes del VRAEM. No obstante, la jueza dictó comparecencia restringida contra ellos.
ANTECEDENTES. La jueza Juana Caballero García fue cuestionada por liberar al coronel Benedicto Jiménez, investigado en el caso Orellana.
Captura: Poder Judicial
Un año después, la magistrada emitió otra resolución que recibió críticas. En esa oportunidad, vinculada al caso de Moisés Limaco Huayascachi, “camarada Ramiro”, condenado por pertenecer al Comité Central de Sendero Luminoso.
De acuerdo a Perú21, en enero de 2014, cuando Limaco Huayascachi estaba a punto de cumplir su condena de 20 años de prisión, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial que lo mantenga en prisión preventiva, pues había pruebas que lo vinculaban con el atentado de Tarata, ocurrido en 1992. Sin embargo, según el citado medio, la jueza del Segundo Juzgado Penal Nacional, Juan Caballero García, decidió dictar solo su impedimento de salida del país.
El Ministerio Público apeló dicha medida, pero el colegiado E de la Sala Penal Nacional, conformado por los magistrados Lorenzo Ilave, Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, y María Apaza, respaldaron la decisión de la jueza Juana Caballero García, de acuerdo al citado medio.
Cuatro años después, Moisés Limaco Huayascachi salió rumbo a Francia, aunque contaba con impedimento de salida del país.
La magistrada también fue investigada por la Oficina de Control de la Magistratura por no haber dictado 18 meses de prisión preventiva contra el coronel en retiro Benedicto Jiménez, involucrado en la red de corrupción del empresario Rodolfo Orellana. En respuesta, Caballero García aseguró que la Fiscalía había tenido una argumentación débil.
La jueza Juana Caballero García, que actualmente comparte su labor judicial con la docencia en el Universidad César Vallejo, ha asumido la presidencia de la Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que estará a cargo de casos emblemáticos como el que se le sigue a la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, así como el caso Cócteles, donde se investiga a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.
