A las ocho de la mañana del jueves 2 de febrero, casi cuarenta ciudadanos cusqueños salen de una vivienda en el distrito de San Martín de Porres, pero dos se quedan en la azotea. Los estudiantes universitarios, Dennis y Guido, de 21 años, están recostados sobre unas colchonetas de gimnasia donde duermen desde hace tres semanas. Uno escucha –desde su celular– sus clases virtuales de filosofía. El otro intenta cubrirse del sol que golpea el suelo. Ellos no se suman a la marcha desde que fueron heridos durante una de las permanentes movilizaciones que se realizan estos días en la capital contra el gobierno y a la que las delegaciones de regiones han denominado La toma de Lima.

La azotea está rodeada de triplay, tiene el techo cubierto de mallas y un cordel sobre el que cuelga la ropa lavada. Dennis, alumno de la Universidad San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), exhibe su pantorrilla izquierda, ahora morada tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la manifestación del sábado 28 de enero.

Su compañero, Guido, estudiante de Ingeniería Química en la misma universidad, dice que fue golpeado severamente por un policía y que le han disparado tantos gases que terminaron asfixiándolo. “Después ya no pude mover un lado de mi cara casi dos horas. Sentía que el pecho me ajustaba. Pero ya no es el mismo gas de antes, ya no es”, cuenta el muchacho. Los dos dicen que aún están muy adoloridos, pero se no quieren acudir a un centro de salud. “Si vamos, la Policía llega y nos lleva”.

 

LOS MANIFESTANTES QUE POR ESTOS DÍAS HABITAN ESTA VIVIENDA UBICADA EN SAN MARTÍN DE PORRES TIENEN MIEDO DE QUE LES PASE ALGO.

Todas las personas que por estos días habitan esta vivienda ubicada en San Martín de Porres tienen miedo de que les pase algo. Piden no detallar la dirección. Graban desde las ventanas, que no tienen vidrios, a los autos sospechosos que se detienen sobre la avenida. Conviven en este inmueble y se han organizado para cumplir reglas básicas de convivencia durante el tiempo que dure las protestas en Lima.

EN LA AZOTEA.Uno de los estudiantes heridos en las protestas descansa en un ambiente del cuarto piso.

HALLAZGOS. En sus habitaciones, los manifestantes guardan los restos de casquillos que recogen de las protestan.

ESTUDIANTES. Los jóvenes de la universidad del Cusco se conectan a sus clases virtuales en el alojamiento.

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro

Hay estudiantes, obreros y agricultores de Calca, Urubamba y La Concepción. Todos ocupan las habitaciones y pasadizos del segundo, tercer y cuarto piso de esta vivienda que se ha convertido en su refugio. Pasan sus noches sobre colchonetas o espumas que rodean una mesa llena de botellas de vinagre: que siempre cargan —dicen— para paliar los efectos de las bombas lacrimógenas. También hay cajas de galletas, bidones de agua y bolsas con ropa. Al centro de la habitación, una pancarta: “El pueblo ya no tiene miedo”.

Un equipo de OjoPúblico recorrió varias viviendas en San Martín de Porres, Santa Anita y Cercado de Lima donde por estos días se alojan las delegaciones que llegaron de diferentes regiones a la capital. Entrevistó a manifestantes, voluntarios, donantes y propietarios que han cedido estos espacios, y conoció cómo alrededor de las protestas se ha establecido una gran estructura de solidaridad, que va desde donaciones de alimentos y enseres, hasta actividades profondos para apoyar a los manifestantes.

La cadena solidaria del financiamiento

Cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco llegó hace tres semanas a la capital, todos fueron recibidos y alojados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Bienvenidos a su casa y cuídenla”, les dijo el rector Alfonso López Chau el miércoles 18 de enero. Unas horas después, la Contraloría General de la República le pidió explicaciones y, en menos de una semana, el Congreso lo citó para que detallara las razones detrás de la decisión de abrirle las puertas a las delegaciones estudiantiles de provincias.

La presión política sobre las autoridades de la UNI ocasionó que los colectivos que ahí permanecían abandonaran las instalaciones el domingo 22 de enero.

POR LAS MAÑANAS.Un grupo de la delegación de estudiantes del Cusco prepara y toma su desayuno con los insumos donados.

EN MOVIMIENTO. Los manifestantes intentan hacer ejercicios en sus ratos libres.

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro

Ese día –cuenta uno de los alumnos– una persona se acercó a la puerta de la sede universitaria y les ofreció alojamiento, el lugar donde ahora alberga a estudiantes como Dennis y Guido. “Me animé [a prestarles la casa] por lo que se ve en la televisión, el maltrato que sufren. En verdad, es mucho maltrato”, nos dice el dueño de dicho inmueble. Es un empresario, que, como muchos, migró de muy joven a Lima para acceder a oportunidades laborales. Pide que por favor su nombre se mantenga en reserva por temor a ser intervenido por la policía. El propietario no registra historial político.

Pero no es el único que ha prestado apoyo. Un dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la UNI (Acuni) recuerda que el día que los manifestantes tenían que abandonar esta sede, más de 10 personas llegaron a la puerta del centro de estudios. “Eran entre diez y quince personas”. Entregaban alimentos, ropa y dinero para apoyar a los manifestantes.

En la Acuni estiman que cerca de 800 personas que estaban en la UNI fueron reubicadas en locales comunales, casas de familiares o de otros ciudadanos que cedieron sus ambientes, como ha ocurrido en Santa Anita, con una delegación de Moquegua.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú –tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre por intentar dar un golpe de Estado–, 59 personas han muerto durante las protestas (48 directamente en estas, y 11, producto de accidentes de tránsito y falta de atención por bloqueos de carreteras). En este tiempo, la presidenta ha cuestionado el financiamiento de estas manifestaciones.

“Voy a reiterar que nos estamos enfrentando a dos fuerzas ilegales, que es la minería ilegal y el narcotráfico, porque toda esa logística, para esa marcha y protestas, no vienen del aire. Alguien las está financiando, y ¿quién tiene esa capacidad logística de financiar esas protestas?”, dijo el jueves 19 de enero.

Sin embargo, esta semana la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, admitió en una entrevista con The New York Times que el gobierno no tenía pruebas de que las manifestaciones eran impulsadas por grupos criminales. “Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, añadió.

DESCANSO. Una agricultora de la provincia cusqueña de Calca permanece en una habitación de una de las viviendas prestadas por su propietario.

ADMINISTRACIÓN. La delegación de Cusco organiza las donaciones que llegan para que no falte comidas para todos. También han implementado un botiquín.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

Los manifestantes alojados en la casa de San Martín de Porres responden que para llegar a Lima hicieron polladas, rifas, conciertos populares y colocaron cajas para recolectar dinero frente a sus municipalidades locales. En los videos difundidos se observan a ciudadanos entregar frutas y víveres en los buses que trasladaban a manifestantes.

Otros, como los del distrito de Pacucha, en Andahuaylas, aún realizan colectas públicas, todos los días, a tres cuadras de la comisaría. Varios manifestantes, entregaron a OjoPúblico, además, decenas de imágenes de estas convocatorias para la recaudación de fondos.

 

NO ESTAMOS OBLIGADOS A PARTICIPAR EN ESTAS MANIFESTACIONES, PERO ESTAMOS AQUÍ. HAY MUCHOS QUE DICEN: SON VAGOS. NO ES ASÍ”, DICE LIDIO.

Los manifestantes que por estos días se encuentran en Lima, vienen de diferentes regiones y forman parte de diversos colectivos ciudadanos, gremios universitarios y federaciones. Para Omar Coronel, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especializado en investigación de movimientos sociales y protestas, se trata de un mar heterogéneo que se mueve en distintas partes del país, sobre todo desde Puno, Apurímac, Cusco y Ayacucho, y que en la mayoría se organiza en base a la autogestión.

COLECTA SOLIDARIA. Delegaciones muestran las actividades profondos y recolección de víveres que se han realizado para su permanencia en Lima.

DONACIONES. Un grupo de voluntarios traslada la espuma sobre la que dormirán los manifestantes de las delegaciones de regiones.

Fotos: OjoPúblico / Marco Garro

“Se repite una estrategia que se ha utilizado, por lo menos, en los últimos veinte años de conflictos sociales en el país. Cuando uno piensa en la huelga magisterial del 2017 o la huelga de distintas organizaciones sociales en un país tan centralista como este, [los manifestantes] tienen que venir a Lima para hacer oír sus demandas”, explica.

En las recientes protestas en la capital –conocida como La Toma de Lima–, sostiene que la figura ha sido similar: las agrupaciones hacen colectas o se organizan para la logística, que implica el transporte, la alimentación, el hospedaje. “No es gente a la que se le está pagando por venir, sino que más bien, está sacrificando su tiempo y recursos para desplazarse hasta aquí”, señala.

Eso también cuentan a OjoPúblico cuatro ciudadanos de la provincia cusqueña de Calca, mientras se echan bloqueador en el segundo piso de la casa que los alberga, antes de salir a un plantón en los exteriores de dos canales de televisión en Lima.

 

EL SOCIÓLOGO OMAR CORONEL HABLA DE UNA “EXPLOSIÓN DE SOLIDARIDAD” EN ESTAS ÚLTIMAS MANIFESTACIONES.

Uno estudia hotelería en un instituto, los otros tres trabajan en turismo y transporte. “Estos tiempos en que no estamos trabajando ya es un fracaso para nosotros. No estamos obligados a participar en estas manifestaciones, pero estamos aquí. Hay muchos que dicen: son vagos. No es así. Nosotros hacemos sentir nuestra voz al Gobierno”, dice Lidio, de 32 años.

El sociólogo Omar Coronel habla de una “explosión de solidaridad” en estas últimas manifestaciones. “Era una forma de la gente decir: Mira, yo no puedo ir hasta Lima, pero por favor llévate esto porque tú hablas en nombre de nosotros”.

EN MEMORIA. En varios casas de alojamiento, las delegaciones recuerdan a las víctimas de la represión policial y militar.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

Sin embargo, precisa que si bien esta solidaridad se ve en la gran mayoría de formas de financiamiento, eso no significa que actores vinculados a economías criminales, no participen para nada.

“Hay lugares donde creo que también han apoyado el financiamiento de desplazamientos y víveres. Mi impresión es que no hay esa lógica política porque saben que quizá no es la mejor forma de obtener lo que quieren (…). Yo creo que en muchos casos se ve el apoyo de mineros informales en distintas zonas de Puno y Cusco más como un tema de participación, como todos los empresarios de la zona participan”, sostiene.

“Yo lo vi morir”

Mauro tiene 27 años y es egresado de derecho de la Universidad San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). Cuenta que fue testigo de la agonía de Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad quechua Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, en Cusco, quien falleció el pasado 11 de enero por una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax. “Yo lo vi morir”, dice.

La delegación cusqueña en Lima, también integrada por miembros de la Asamblea Regional de Jóvenes, la Federación estudiantil de la Unsaac, coincide en que lo que más los indigna es la desproporción de las fuerzas policiales frente a los protestantes durante estos casi dos meses de manifestaciones. La mayoría tiene entre sus principales demandas la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

En la casa de San Martín de Porres, llegaron procedentes de la UNI, ochenta manifestantes. Pero ahora solo quedan unos cuarenta. Ellos cocinan, duermen y se asean en esta vivienda. Los que llegaron de la provincia de Calca dicen que retornarán al Cusco ya en estos días.

DONANTE. Un hombre junto con su familia cedió tres pisos de su casa para alojar a decenas de manifestantes.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

A LO LEJOS. Los manifestantes buscan mantener el contacto con su familia en sus localidades de origen.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

El propietario de la vivienda en San Martín de Porres explica que para apoyar en los gastos de sus nuevos huéspedes también cuenta con la ayuda de sus vecinos, con quienes coordina a través de un grupo de WhatsApp.

Las donaciones a la UNI siguen llegando pero la universidad no puede recibir más. Un grupo de jóvenes voluntarios recoge estas donaciones y todos los días muy temprano las distribuyen a los alojamientos o puntos de concentración de sesenta delegaciones, que registran entre 20 y 80 personas cada una, provenientes sobre todo de Apurímac, Cusco, la selva central, Cajamarca, Puno, Arequipa y La Libertad.

Sus ubicaciones se mantienen en reserva, a pedido de ellos, porque temen mucho la intervención policial. “Estamos donando sobre todo agua, ropa y equipos de aseo, porque víveres ya no tenemos”, dice María José Mesías, estudiante de Ingeniería Económica de la UNI. Recuerda que al inicio, cuando se inició la recolección, el local de almacenamiento prácticamente colapsó.

Pero estos donativos no solo llegan a las casas, sino a las ollas comunes, también protagonistas en la emergencia sanitaria del Covid-19.

SIGUE LA DISTRIBUCIÓN. En la UNI aún quedan agua y galletas recibidas los primeros días, las cuales ahora son repartidas a los alojamientos.

Foto: OjoPúblico / Marco Garro

Desde diciembre del 2022, casi un centenar de madres de familia de estos colectivos preparan almuerzos y cenas en locales comunales de Lurigancho y Ate para luego llevarlos a la Plaza San Martín y Dos de Mayo.

“Hemos organizado las ollas. A veces ponemos de nuestros bolsillos o de nuestras granjas familiares. Somos las mismas que salimos en defensa de nuestros chicos universitarios, las mismas que salimos a apoyar a las provincias. Soy de Carapongo y soy expropiada de la minería”, señala Aida Gamarra, presidenta de la asociación Sembrando Esperanza.

El temor de los manifestantes de las regiones ha aumentado tras la reciente exposición de parte de la policía de un grupo de cuadernos donde se lleva la cuenta de la logística y administración de dinero de parte de los participantes en las protestas. “O sea ahorita, también estaríamos en la mira de la Policía. Esto les da chance para que nos persigan a todos”, dice una alumna de la UNI, de 25 años, que ha dormido durante dos semanas en la universidad para cuidar las donaciones.

En la casa de San Martín de Porres no hay fecha de salida. Los estudiantes Guido y Dennis aún ocupan la azotea y se recuperan de los golpes. Están en semanas de exámenes y por estos días, por eso, no participarán en las marchas. No quieren dejar de estudiar, pero tampoco quedarse callados.