La semana próxima podría regresar a debate en el pleno del Congreso la recientemente rechazada propuesta para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N°29763) a través de una autógrafa que incluye una disposición que eliminarían requisitos para el proceso de cambio de uso de la tierra, propiciando la deforestación legal en el Perú.

El retorno a pleno se daría en el marco de los pedidos de reconsideración de los congresistas Nilza Chacón (Fuerza Popular) y Elvis Vergara (Acción Popular), presentados el jueves 23 de marzo después de que la autógrafa fuera rechazada en votación en pleno con 51 votos en contra.

Implicancias

La autógrafa ha levantado polémica, porque entre sus disposiciones introduce “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, en las cuales no se realizaría una “clasificación de tierras por capacidad de uso mayor,” es decir, identificarlas y clasificarlas según su utilidad, así también como de los requisitos del cambio de uso de la tierra, quitando de esta manera el filtro para identificar si un área es apta para ser tierra forestal o agrícola.

Según especialistas, ello podría agudizar problemas como las invasiones de territorios, tráfico de tierras y conflictos sociales vinculados al territorio, al abrir la puerta a que nuevos posesionarios se instalen en áreas forestales, y a la superposición de estas áreas con tierras de comunidades en proceso de titulación, vulnerando su derecho al territorio; y al brindar más poder a la entrega de certificados de posesión , yendo en contra de lo que señala la propia Ley Forestal, que prohíbe el otorgamiento de estos títulos o certificados de posesión.

Asimismo, la aprobación de esta autógrafa podría beneficiar a sectores que hayan incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley Forestal, debilitando la protección a los bosques, la gestión ambiental y promoviendo la deforestación legal.

César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental, señaló que “no podemos seguir promoviendo la deforestación con leyes que supuestamente benefician a los pequeños agricultores”.

“En el contexto de cambio climático que vivimos, necesitamos respetar las leyes actuales y la institucionalidad”, sostuvo. Y remarcó: “Los amazónicos queremos actividades que hagan viable el bienestar de todos, respetando nuestros bosques”.

Voces de alerta

El pasado 25 de enero, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó un dictamen de allanamiento con recomendación al archivo recaído en la autógrafa de ley mencionada, que fue observada por el Poder Ejecutivo el año pasado.

Este dictamen recoge la posición de las organizaciones indígenas AIDESEP, ORPIO, ORAU, ONAMIAP en rechazo de esta autógrafa, exigiendo que esta medida pase por consulta previa, libre e informada y alertando que se pone en riesgo los territorios indígenas.

Asimismo, se recuerda que la Ley Forestal fue consultada ampliamente a los pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras los lamentables sucesos de Bagua. Así también, más de cien organizaciones indígenas y de sociedad civil se pronunciaron exigiendo al Congreso archivar dicha autógrafa.

El pasado 2 de marzo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) emitió un comunicado expresando su preocupación por esta propuesta del Congreso de la República, ya que, según advirtieron, pone en riesgo el patrimonio forestal y de la diversidad biológica del Perú.

Esto debilitaría, refirieron, los compromisos internacionales y acuerdos suscritos por Perú, como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI); el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Tratado de libre comercio (TLC) de Perú con la Unión Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, que contiene el Anexo Forestal, para dirigir la atención a los importantes aspectos ambientales, sociales y económicos relacionados con los bosques peruanos y sus habitantes.

Fuente: RPP