La lucha contra la corrupción estatal en el Congreso parece depender del color político de los investigados. Ni una tregua a los oponentes políticos y todas las dudas para los que los apoyan o están del mismo lado de la vereda.
Esta situación se evidencia en las votaciones de las acusaciones presentadas por la Fiscalía de la Nación contra el ex contralor general de la República y excongresista Edgar Alarcón Tejada y los exfiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas.
Las denuncias contra Alarcón y Tomás Galvez fueron enviadas al archivo y, si bien se aprobó la acusación contra Chávarry, se rechazó inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargo público, con los votos en contra o en abstención de la mayoría de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, más algunos de Alianza para el Progreso y Podemos Perú.
El 25 de mayo, el Pleno del Congreso archivó la denuncia contra Alarcón por peculado doloso que habría cometido al autorizar diversos pagos por servicios no prestados a la Contraloría, con los fondos de caja chica.
La denuncia se desestimó con 35 votos en abstención y apenas 47 a favor, insuficientes para dar trámite a la acusación y que Alarcón pueda ser procesado ante el Poder Judicial. La resolución que archiva el caso fue publicada ayer en el diario El Peruano con las firmas de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y el segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong Pujada.
El 1 de junio, en la tarde, el Congreso aprobó la acusación en contra de Pedro Chávarry por delitos de encubrimiento por apenas 53 votos, pero no alcanzaron el mínimo de estos para inhabilitarlo para ejercer cargo público.
El debate del caso Chávarry generó diversas intervenciones y declaraciones públicas a su favor, ataques al equipo especial de fiscales del caso Lava Jato y a los medios de comunicación.
El congresista Jorge Montoya declaró a los periodistas: “Considero que Pedro Chávarry es inocente de lo que lo acusan. Hubo una manipulación política en su momento (…) de (Martín) Vizcarra y su gente. Hubo una campaña mediática tan fuerte que lo demolieron. No se le debió inhabilitar ni se le debió acusar”.
Chávarry es acusado de recibir apoyo de Fuerza Popular para llegar y mantenerse al frente de la Fiscalía de la Nación, a fin de entorpecer la investigación a Keiko Fujimori. Por eso, no deja de llamar la atención que 18 congresistas fujimoristas votaran en contra de la denuncia y la inhabilitación.
En tanto, durante la noche del miércoles, el Congreso decidió pasar al archivo la acusación contra el exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas por delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho y tráfico de influencias.
Solo 47 congresistas votaron por aprobar su procesamientos, mientras que 21 votaron en contra y 18 se abstuvieron.
“Esto es un blindaje. Es un término que se utilizó en la inauguración del año judicial 2019. Es decir, la protección a ciertas personas que, nuevamente, la estamos observando; es decir, un blindaje”, declaró el fiscal José Domingo Pérez.
Hinostroza habló desde España
El exjuez supremo César Hinostroza habló ante el Pleno del Congreso por video desde España, por lo que aprovechó para presentarse como perseguido político. Indicó que era víctima del antifujimorismo, del antiaprismo y acusó al expresidente Martín Vizcarra de querer descabezar el Ministerio Público y debilitar el Poder Judicial.
Chávarry habló en el mismo sentido. “Querían un títere en el despacho de la Fiscalía de la Nación y como no me presté al juego político de Martín Vizcarra, todos los días publicaban cosas infames contra mí”.
Fuente: La Republica.
