En febrero del año pasado fue nombrado representante permanente del Perú ante la OEA. Hoy reemplaza a Alberto Otárola, quien renunció el último martes 5 de marzo, tras la difusión de audios comprometedores.
Tras la renuncia de Alberto Otárola a la presidencia del Consejo de Ministros, por los comprometedores y polémicos audios que protagonizó con Yaziré Pinedo, una joven que se habría favorecido de contratos irregulares en el Ministerio de Defensa, diversos nombres se barajeaban para que sea el sucesor de Otárola Peñaranda.
Este miércoles 6 de marzo acabó el misterio y juró al cargo, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, quien tiene experiencia como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el 2015. Y más recientemente, en el 2023, fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C., Estados Unidos.
Gustavo Lino Adrianzén Olaya tiene 57 años y estudió Derecho en la Universidad de Lima. Se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid (España). Es especialista en Derechos Humanos, con estudios en Ginebra (Suiza); Estrasburgo (Francia), San José de Costa Rica y Florencia (Italia). Tiene una master en Administración y Gerencia Pública por el INAP de Madrid y, Diploma de Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid.
En su experiencia en el Estado, en febrero del 2012 fue nombrado procurador público del Ministerio de Defensa del Perú. También fue abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Chavín de Huántar.
Durante el gobierno de Ollanta Humala, en marzo del 2015 fue nombrado viceministro de Justicia por dos semanas, pues luego fue nombrado titular de la cartera en reemplazo de Fredy Otárola Peñaranda.
Adrianzén Olaya no es ajeno ni lejano al gobierno de Dina Boluarte, pues en febrero del año pasado fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C., Estados Unidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La designación fue oficializada por la Resolución Suprema 036-2023-RE.
Denuncia contra Gustavo Adrianzén
En el 2015, la entonces Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Julia Príncipe, denunció que el ministro Adrianzén pretendía “amordazarla” al pedirle explicaciones por sus declaraciones a la prensa en torno a las indagaciones del lavado de activos que involucraba a la primera dama Nadine Heredia. Por eso, Adrianzén fue interpelado en el Congreso y antes de ser censurado, él renunció. La procuradora Julia Príncipe fue relevada de su cargo.
Fuente: Diario Correo
