Municipalidad de Lima enfrenta cuestionamientos por la compra de motos con presunto sobrecosto: la gestión de Rafael López Aliaga adolece en el mejor de los casos de inexperiencia, también se presta a pensar mal.
Tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como el Gobierno Regional de Piura adquirieron motocicletas todo terreno del mismo proveedor, aunque con precios significativamente diferentes.
La posible existencia de un sobrecosto de aproximadamente S/ 18 millones en la compra de 3,600 motocicletas, cuyo costo total fue de S/ 131 millones, ha generado controversia en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y ha puesto bajo escrutinio al alcalde Rafael López Aliaga.
Según un informe de Panorama, tanto la MML como el Gobierno Regional de Piura (Gore Piura) adquirieron motocicletas del mismo proveedor, Pana Autos SAC, y con características idénticas, pero a precios distintos.
El reportaje reveló que, de acuerdo con el contrato firmado por la MML, cada motocicleta fue valorada en S/ 36,400. En contraste, el Gore Piura pagó S/ 31,454 por vehículos con especificaciones similares, lo que indica que la comuna limeña habría pagado casi S/ 5 mil adicionales por cada moto.
Respuesta de la Municipalidad de Lima: la adquisición fue gestionada por UNOPS
En un comunicado emitido la noche del domingo 9 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió al reportaje, el cual reveló el presunto sobrecosto de S/ 18 millones durante la gestión de Rafael López Aliaga.
“La nueva licitación para la compra de motos fue liderada por UNOPS de Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar transparencia y evitar cualquier forma de corrupción”, señaló el comunicado, refiriéndose a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
La MML destacó que UNOPS gestionó la licitación, resultando Pana Autos (Honda) como el proveedor ganador, presentando la mejor oferta por unidad, que incluyó equipamiento y mantenimiento por tres años.
Finalmente, se subrayó que este mantenimiento es crucial para garantizar el correcto funcionamiento de las unidades y para evitar que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) deban asumir esos costos.
