La Junta Nacional de Justicia inició una indagación de oficio contra la fiscal de la Nación por recibir, durante un evento público, la medalla de Lima. Este reconocimiento representaría una vulneración a la Ley de la Carrera Fiscal.
Un gesto que costó caro. El ‘coste’ es un concepto que en contabilidad se traduce en valores económicos y numéricos, pero que también —si es usado coloquialmente— puede tener una connotación de causa-consecuencia. En este caso, ambos pueden aplicarse. El último 8 de marzo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, rindió homenaje, en una sesión solemne del Concejo Metropolitano, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por “su trabajo y compromiso con la democracia” con la entrega de la medalla de Lima. Como es evidente, este reconocimiento generó un gasto a la comuna y, además, marcó el inicio de una investigación de oficio contra la agasajada por presuntamente vulnerar la Ley de la Carrera Fiscal.
Primero, vayamos con el costo económico. Como es evidente, la entrega de una medalla y un diploma especial tiene un precio. Para cumplir con este homenaje, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la orden de compra de N.° 129, solicitó la adquisición de recordatorios de vidrio y medallas al artista escultor Camulfo Vivanco por el valor de S/8.090,00, según información que consta en el Sistema electrónico de contrataciones del Estado (SEACE).
La orden de compra fue efectuada el 28 de febrero de 2023, una semana y media antes de que se condecorara a Patricia Benavides con la medalla de Lima. A través del sistema de acceso a la información, La República accedió a la orden de compra N.° 00129-2023-MML-GA/SLC. En ella, se detalla el pedido de cinco medallas de bronce bañadas en oro con cinta y estuche, además de 12 recordatorios de vidrio grabado. Un detalle importante es el plazo de entrega fijado hasta el 6 de marzo de 2023, solo dos días antes de la condecoración a Patricia Benavides, programada para el 8 de ese mes.
El desagregado de la compra solicitada por la gestión de Rafael López Aliaga. Foto: captura/orden de compra N.° 129-2023-MML-GA/SLC
Como especificaciones técnicas, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitó que las medallas sean bañadas en oro de 18 quilates, las cuales poseen una mayor concentración de este metal precioso que llega hasta en un 75%. El material es de bronce acuñado en ambos lados en alto relieve tridimensional. Debían contar con un diámetro de 5,4 centímetros y 5 milímetros de espesor. “Delante escudo de la ciudad y texto de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (En el) reverso, el texto ‘Medalla de Lima’, la argolla, contraargolla, flor de liz para sujetar la medalla y cinta al cuello color amarillo”, se lee en documento. Se añade un estuche de color azul de 14 x 10 cm con un escudo de la MML en la parte superior.
La solicitud de compra estuvo a cargo de la Subgerencia de Eventos de Protocolo, de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas en su calidad de órgano responsable de coordinar, programar y condecorar acciones protocolares. Este pedido se dio con miras a la ceremonia protocolar por el Día Internacional de la Mujer, la cual se celebró en el palacio Municipal en presencia del alcalde Rafael López Aliaga. El 8 de marzo, la persona condecorada fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “por su trabajo y compromiso con la democracia”, según detalló la Municipalidad de Lima durante el evento, el cual fue transmitido de manera pública por las redes sociales de la institución y por algunos canales de televisión.
Rafael López Aliaga condecorando a Patricia Benavides el 8 de marzo en el Palacio Municipal. Foto: MML
Segundo, ahora podemos revisar el costo político. El recibir la medalla de Lima de manos del alcalde Rafael López Aliaga generó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abriese una investigación de oficio contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente haber violado la Ley de la Carrera Fiscal. La norma es clara en este aspecto: alguien con el alto cargo que ostenta tiene prohibido recibir condecoraciones de instituciones nacionales que tengan un juicio en trámite con el Estado.
“Se resuelve abrir investigación preliminar de oficio contra la señora Liz Patricia Benavides Vargas en su actuación como fiscal de la Nación. (…) (En tanto) Se encarga al miembro instructor Luz Inés Tello de Ñecco la conducción de la investigación”, se lee en la Resolución N.° 404-2023-JNJ, a la que accedió este medio y que fue publicada el último 26 de abril.
Desde la Junta Nacional de Justicia (JNJ), confirmaron a La República la autenticidad del documento, pero aclararon que “las etapas de denuncia, investigación preliminar y procedimiento disciplinario en trámite tienen carácter reservado”, por lo que no brindarían más detalles sobre el caso. Desde esta institución, parece estar hilándose finamente y con cautela las investigaciones contra la titular del Ministerio Público.
Medalla de Lima que recibió la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la cual se le abrió una investigación por parte de la JNJ. Foto: captura/orden de compra N.° 129-2023-MML-GA/SLC
Patricia Benavides y su presunta vulneración a la Ley de la Carrera Fiscal
La denuncia contra Patricia Benavides fue presentada por dos ciudadanos. En ella, se le adjudican “presuntas irregularidades en el ejercicio de su actuación como fiscal de la Nación, atribuyéndole presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al haber recibido una condecoración de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga”.
En el documento, se recuerda que el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular “se encuentra incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal”, se lee en el documento. Se añade que esta situación está prohibida por la normativa disciplinaria de los fiscales.
De acuerdo con el inciso 2 del artículo 39 de Ley de la Carrera Fiscal, Ley 30483, los fiscales tienen prohibido “aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor” o de su pareja y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Finalmente, a fines de septiembre, IDL Reporteros reveló que el entonces candidato a la alcaldía de Lima venía siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos por la fiscal supraprovincial Manuela Villar Ramírez, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por supuestamente haber participado en un sistema de corrupción en la Caja Metropolitana durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
