Cientos de ciudadanos chocan con policías mientras se reúnen frente al Palacio de Justicia, en Lima, Perú, 10 de enero de 2023. (Foto: Getty Images)
El presidente de Colombia condena la actuación de Policía peruana durante las protestas contra el gobieno de Boluarte y la tacha de “masacre contra la población”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado una fuerte crítica contra la actuación policial en Perú en medio de fuertes disturbios durante las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que ha dejado como resultado medio centenar de muertos.
“Lo que se desarrolla en Perú es una masacre contra la población. Es imprescindible una salida política y pacífica. Detener la muerte y sentarse a hablar”, ha declarado el mandatario colombiano en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de Twitter.
De igual modo, Petro ha propuesto como solución a la crisis que se instale una mesa de manera urgente para que políticamente y por medio del diálogo se pueda llegar a una solución. También, ha pedido a implementar medidas cautelares que, a su juicio, son “imprescindibles”.
Desde el 7 de diciembre, grupos y organizaciones sociales se manifiestan en distintas regiones de Perú contra el gobierno de Boluarte, por el cese del presidente Pedro Castillo, que fue apartado del poder por el Congreso.
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Perú, desde tiempos atrás, carece de democracia y, como tal, continuará la represión de las protestas en curso contra el Gobierno de Boluarte, lamenta un experto.
Boluarte respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, se han producido enfrentamientos y, en acciones represivas, los uniformados han provocado la muerte de al menos 46 civiles hasta el momento.
Entre ellos, solo, el lunes, 17 personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad y un recién nacido, y otras 68 resultaron heridas en Juliaca, en Puno, por la represión contra los manifestantes.
Eso obligó al Ministerio Público de Perú iniciar una investigación contra la presidenta del país, así como varios ministros, a los que se les estaría investigando por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas.