La defensa legal del exjefe de Estado sostiene en su recurso que la decisión adoptada por la jueza Margarita Salcedo el pasado 18 de setiembre vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que demanda a la instancia superior que revoque la resolución impugnada y reformándola se declare nula.
El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente Martín Vizcarra para que se revoque la resolución que declaró “inadmisible” el pedido que hizo para que se anule la acusación de 15 años de prisión que solicitó Fiscalía en su contra por supuestos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua.
La jueza Margarita Salcedo determinó que el recurso de apelación presentado por el exmandatario, mediante su defensa legal, cumplió los presupuestos que exige la ley para que sea remitido a la instancia superior para su evaluación respectiva.
La defensa legal del exjefe de Estado sostiene en su recurso de apelación que la decisión que adoptó dicha magistrada, el último 18 de setiembre, vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que demanda a la instancia superior que revoque la resolución impugnada y reformándola se declare nula.
Ante ello, la jueza Salcedo Guevara resolvió “conceder” esta apelación y remitirla a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si la admite a trámite, deberá programar una audiencia para evaluar con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final al respecto.
Resolución apelada
La jueza Margarita Salcedo desestimó la tutela de derechos que presentó el exjefe de Estado, a través de su defensa legal, con la que buscaba que se anule la disposición emitida por el fiscal Germán Juárez Atoche, el 5 de diciembre de 2022, en la que dio por concluida la etapa de investigación preparatoria y también que se anulen todas las actuaciones posteriores a esta decisión incluida en la acusación penal presentada en este caso.
El exmandatario sostenía en su recurso que el fiscal Juárez Atoche dispuso la conclusión de esta investigación preparatoria sin que pueda ejercer su derecho a la defensa respecto a la incorporación de un informe de parte sobre el origen de fondos empleados por la empresa Obras e Ingeniería S.A. (OBRAINSA) vinculados a la adjudicación de licitaciones y concursos públicos y, además, que no se le corrió traslado ni se le permitió participar en las diligencias de cruce de información tras ordenarse, a pedido fiscal, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
Ante ello, Martin Vizcarra demandaba que el caso se retrotraiga o regrese a la etapa de investigación preparatoria al existir, a su juicio, una vulneración al derecho fundamental a la defensa.
No obstante, la Jueza Salcedo Guevara precisó en su resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que, de acuerdo con la jurisprudencia existente, concluida la etapa de una investigación preparatoria ya no será admisible una solicitud de tutela de derechos.
En ese sentido, la magistrada concluyó que el pedido del exmandatario se ha formulado de manera “extemporánea” es decir, fue presentado ocho meses después de que el fiscal Juárez Atoche dio por concluida la etapa de investigación preparatoria relacionada a este caso.
La Jueza Salcedo Guevara remarcó también que los requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales como la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas que tienen una “vía propia” para hacer denuncias o control respectivo no podrán cuestionarse a través de una audiencia de tutela de derechos, tal y como lo establece el Nuevo Código Procesal Penal.
Proceso a expresidente
El exjefe de Estado, Martín Vizcarra, afronta un proceso penal en nuestra capital bajo mandato de comparecencia con restricciones a raíz de las declaraciones que brindaron colaboradores eficaces respecto a presuntos sobornos que habría recibido cuando fue presidente regional de Moquegua por parte de empresas vinculadas al caso ’Club de la Construcción’ a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de dicha región del sur del país.
El Fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que imponga al exmandatario la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del estado a raíz de este caso.
