La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos de apelación presentados por las defensas de José Luna Gálvez, su hijo José Luna Morales y Ricardo Pajuelo Bustamante para revocar una resolución previa sobre esta inclusión.
La Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción continuará como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de la investigación preparatoria seguida al congresista José Luna Gálvez y otros por las presuntas irregulares detectadas en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la ONPE.
Así lo dispuso la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional al declarar infundados los recursos de apelación que presentaron los abogados del legislador, de su hijo, el regidor municipal, José Luna Morales, y de Ricardo Pajuelo Bustamante para que se revoque la resolución que emitió el Juez Jorge Chávez Tamariz el 13 de setiembre del 2023 en la ordenó incorporar a la Procuraduría Anticorrupción como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de este proceso penal
Mediante una resolución emitida el último 20 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, el tribunal superior resolvió confirmar lo resuelto por el juez Chávez Tamariz al determinar que la resolución impugnada no presenta vicios de motivación como alegan las defensas de estos investigados, por el contrario, ha sido emitida conforme a los parámetros del derecho a la debida motivación. “Por tanto, la resolución venida en grado debe ser confirmada”.
Propuestas de pago
La Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción incluyó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial para que el congresista José Luna Gálvez, su hijo, el regidor municipal, José Luna Morales y otras 12 personas paguen en “forma solidaria” la suma de 10 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano por el presunto delito de organización criminal que les atribuye la Fiscalía a raíz de las presuntas irregulares detectadas en la inscripción del partido político Podemos Perú ante la ONPE.
La defensa legal de nuestro país también pidió que José Luna Gálvez pague la suma de 100 mil soles por daño extrapatrimonial al Estado peruano por el presunto delito de cohecho activo específico que también le atribuye la Fiscalía en este caso.
Dicha institución también demandó que los exfuncionarios de la ONPE, Ricardo Enrique Pajuelo Bustamante y Adolfo Carlo Magno Castillo Meza, paguen además las sumas de 100 mil soles y 10 mil soles por daño extrapatrimonial por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y uso de documento falso que se le atribuye a cada uno de ellos, respectivamente, en este proceso penal.
La Procuraduría Anticorrupción presentó estas propuestas de reparación civil a favor del Estado peruano dentro de la solicitud que hizo para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en esta investigación preparatoria la cual fue aceptada el último 13 de setiembre por el juez Jorge Chávez Tamariz que interviene en este caso.
El magistrado adoptó esta medida al determinar que la solicitud de la defensa legal del estado cumplió los presupuestos de justificación que establece el Código Procesal Penal para ser admitida desestimando así las oposiciones formuladas por los abogados de José Luna Gálvez, su hijo José Luna Morales y otros tres investigados en este proceso penal.
La decisión del juez Chávez Tamariz, que fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, habilita a la Procuraduría Anticorrupción a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del estado peruano que se le pueda imponer a todos estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que se les atribuyen en este caso.
La Defensa legal del estado dejo constancia ante el Poder Judicial que se reserva su derecho de poder incrementar el monto postulado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial en función de mayores elementos de convicción que acrediten mayores daños generados al estado peruano.
José Luna Gálvez también afronta otra investigación preparatoria junto a otras personas por los presuntos aportes ilegales de dinero de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
