El exparlamentario fue hallado culpable de haber cometido los presuntos delitos de concusión, lavado de activos y peculado. Además, recibió una inhabilitación de tres años y ocho meses de la función pública y una orden para pagar una reparación civil de S/ 630 666 06 a favor del Estado.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Víctor Prado Saldarriaga, decidió la mañana de este jueves 24 condenar a Michael Urtecho, el primer congresista señalado de recortar salarios a su personal, a 22 años y cinco meses de prisión efectiva. La sentencia se debe a que se comprobó que cometió los presuntos delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.
Adicionalmente, en la audiencia judicial se leyó que Urtecho Medina también sea inhabilitado por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, el exlegislador no es el único que recibió una pena: a su actual esposa, Claudia Gonzáles, también se le dictó 28 años de cárcel por haber sido su cómplice. Los dos tendrán que pagar S/ 630 666 06 por concepto de reparación civil a favor del Estad
El caso Urtecho resulta ser el primero en el que un exlegislador termina recibiendo un castigo de la justicia por tratar de favorecerse de los sueldos de sus trabajadores.
En el 2013 estalló el escándalo tras una serie de reportajes que daban cuenta que el entonces integrante de la bancada de Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) le quitó un porcentaje de su dinero a sus colaboradores Gladis Flores Galves, Estela Bocanegra Alayo, Karla Paredes Vera y Evelyn Goicochea Miranda durante el 2006, 2007, 2009 y 2010. Aproximadamente, se benefició con más de 430 mil soles.
Ante las graves imputaciones, Urtecho trató de disculparse por haber mancillado el nombre de Dios.
“El ser humano comete muchos errores, graves y de cualquier índole, y ¿sabes qué es lo más difícil?, reconocerlo, por miedo, por susto, por el qué dirán. Hasta el viernes yo no decía la verdad, como cristiano he permitido durante varios días que se mancille el nombre de Dios, he caído en mentira, pero ya no puedo aguantar más esto”, dijo durante su presentación en un programa de televisión.
“Ya le he pedido perdón a Dios. Se cometió un error en 2006, 2007, 2009 y 2010, por pedir apoyo a los trabajadores a través de sus tarjetas de débito. Mañana me podrán decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso de encima”, agregó. Sin embargo, su arrepentimiento no fue suficiente.
Urtecho terminó expulsado de Solidaridad Nacional. Luego, la Comisión de Ética lo suspendió 120 días para que ejerza sus funciones. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recibió su caso y recomendó desaforarlo e inhabilitarlo por 10 años de la función pública, lo cual se llegó a concretar en diciembre del 2013.
Claudia Gonzales, esposa del excongresista Michael Urtecho, también fue condenada a 28 años de prisión.Rosa Núñez, exesposa del actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, asumió la curul de Urtecho para completar el periodo legislativo 2011-2016.
En esa época, una encuesta de Pulso Perú reveló que el 78% de la población creía que Urtecho era culpable del recorte de salario a sus trabajadores.
Adicionalmente también se dieron a conocer otros escándalos del exlegislador como que usó documentación falsa para sustentar gastos efectuados en alimentación y eventos con empresas que al final no eran ciertas. A ello se sumó que a Urtecho se le imputó de contratar trabajadores fantasmas.
Mocha sueldos actuales
Casos como el de Urtecho, quien recortaba los salarios a sus trabajadores, también se observa en el actual Parlamento.
Congresistas fueron denunciadas de recortar los salarios de sus trabajadores. (Composición: Infobae)En los últimos meses, los dominicales Punto Final, Cuarto Poder y Panorama denunciaron que Magaly Ruíz, Rosío Torres, María Acuña (Alianza para el Progreso); Jorge Flores Ancachi, José Arriola, Merly Portero (Acción Popular); Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay (Unidad y Diálogo) también eran “mocha sueldos”.
La Comisión de Ética ya blindó a Ruíz, Torres, Juárez, quienes evitaron la sanción máxima de 120 días de suspensión. Por el contrario, solo recibieron amonestaciones con descuentos de sus salarios. No se sabe si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que también verá sus casos, las protegerá del desafuero.
Mientras la impunidad reina en el Legislativo, la Fiscalía de la Nación investiga a los citados parlamentarios por el presunto delito de concusión.
