Gobierno de Dina Boluarte destituyó a todos los subprefectos distritales en los últimos días, más de 1,400 en menos de una semana. En tanto, el Legislativo avanza en la eliminación definitiva de estos puestos a través de un proyecto de ley. Los acusan de ser el brazo político del expresidente Pedro Castillo en comunidades, y aunque el actual discurso oficial señala que su existencia es innecesaria, dentro de sus funciones también se halla la mediación en conflictos sociales, los mismos que abundan en el Perú
En menos de 48 horas, la totalidad de subprefectos distritales, que ascendían a 1,405, fueron retirados de sus cargos en todas las regiones del Perú, por disposición del Ministerio del Interior (Mininter). Fue una seguidilla de acciones acorde a la iniciativa del Congreso de la República, que va a la carga para eliminar definitivamente la existencia de estos puestos, acción que se impulsa desde hace un par de meses desde la bancada Fuerza Popular.
Los movimientos iniciaron a la mitad de este mes, primero el 14 de diciembre fueron cesados 15 prefectos regionales, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno central, además de que se aceptó la renuncia de nueve de ellos. Apenas al día siguiente se dispuso que se concluyeran las funciones del total de subprefectos provinciales, un poco más de 100 personas.
Ello, luego de que iniciaran las manifestaciones en contra del actual gobierno de Dina Boluarte, cuya represión tras el escalamiento de la conflictividad deja ya casi 30 fallecidos y la mayoría con heridas de bala, inclusive cuatro menores de edad.
De acuerdo al discurso oficial, estos funcionarios azuzaron a los manifestantes de regiones. Esto fue asegurado por el Mininter al señalar que, según investigaciones de inteligencia, ellos habrían subvencionado y alentado los actos violentos durante las manifestaciones; sin embargo, no han brindado mayores detalles.
En palabras del exministro de Defensa y hoy presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, estos contribuyeron a la desestabilización en las regiones, pero no hizo mención a su responsabilidad sobre el uso excesivo de la fuerza policial y militar en más de seis regiones del país.
Tras la instalación de esta idea de que son azuzadores, el 27 de diciembre se dio por concluida la designación de los 1,076 subprefectos distritales que quedaban, solo dos días antes se destituyeron a más de 300. Ambas decisiones se oficializaron y llevan la firma de la jefa de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Mininter, Benigna del Carmen Aguilar Vela.
Gobierno Interior, del Mininter, es la entidad encargada de nombrar a los prefectos y subprefectos. Foto: AndinaSus funciones
De acuerdo a la misma versión oficial del Ministerio del Interior de inicios de octubre, las prefecturas y subprefecturas, en coordinación con la PNP y las rondas campesinas, contribuyen con la prevención y resolución de los conflictos sociales, en muchos de los cuales actúan como mediadores.
Esto último es importante en un país como el Perú, en el que miles de conflictos sociales se enfrentan cada año. Por ejemplo, solo de enero a noviembre de este 2022 ocurrieron 2,300 conflictos sociales en todo el territorio nacional, de acuerdo a cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, estas autoridades trabajan acciones de lucha contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo en localidades alejadas en los que la presencia del Estado aún es muy limitada. Así, entre enero y agosto de este año, las prefecturas y subprefecturas recibieron 18.223 solicitudes de garantías personales por casos de violencia familiar, por lo que emitieron más de 5,000 de estos documentos en favor de las víctimas, los cuales fueron remitidos a la comisaría del sector posteriormente.
Estos cargos existen desde los comienzos de la República, pues precisamente debido a la ausencia de servicios públicos en las zonas rurales y por la falta de presencia de las autoridades nacionales en localidades alejadas, hicieron necesaria la continuidad de su designación. Estos cargos, además, existen antes de la puesta en marcha del proceso de descentralización planteada en la Constitución del 93, por lo que incluso voces expertas indican que su utilidad no existe.
Según estas opiniones, estos funcionarios no brindan un servicio efectivo a la ciudadanía, aunque cualquiera que recorra comunidades de zonas alejadas del país podrá notar que el proceso de descentralización aún es un ideal no alcanzado en un país tan fracturado como el Perú.
De acuerdo al marco normativo, los prefectos y subprefectos son autoridades de confianza designadas por el Ministerio del Interior. Aunque también cumplen funciones administrativas como la entrega de garantías personales, a la vez accionan en representación del presidente de turno, por lo que justamente, antes de ser destituidos, se les acusó de convertirse en un engranaje político clave durante la gestión de Castillo, aunque esta figura siempre fue gestionada así.
Al mismo tiempo, debido a lo difuso de sus funciones, también se ve a subprefectos, provinciales y distritales, realizando labores de inspección de salubridad de restaurantes, mercados y medios de transporte, incluso centros de salud e instituciones educativas, funciones de fiscalización que competen a los municipios.
Una de las funciones clave de los subprefectos distritales es el apoyo en el diálogo ante la ocurrencia de conflictos sociales. Foto: capturaVínculos cuestionables
Pues bien, el desprestigio a estos cargos desde Lima se acentuó cuando se reveló que 11 subprefectos y un prefecto, nombrados por el expresidente Pedro Castillo, firmaron los planillones que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de los rezagos de Sendero Luminoso, presentó para inscribirse como partido político en el 2013.
Tres de ellos pertenecen al partido Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo Terrones hace año y medio. Estos son Irineo Meza Marcos, subprefecto distrital de San Marcos, en la provincia de Huari (Áncash), quien milita desde el 2020, luego están Teófilo Cisneros Infante, subprefecto distrital de Ocros, en la provincia de Huamanga (Ayacucho) y Ademil Taquire Rimache, subprefecto distrital de Hualla, en la provincia de Víctor Fajardo, (Ayacucho), según informe de El Comercio. Los dos últimos militan en PL desde enero de este año.
No es necesario disminuir la alerta ante esta situación, pero también se debe tomar en cuenta que en total existen 1,608 de estas autoridades, entre prefectos regionales (26), subprefectos provinciales (186) y subprefectos distritales (1,396), por lo que la presencia de estas personas responden a un porcentaje mínimo de apenas 0.75%.
Además, la gestión de Castillo también designó a docentes relacionados al Fenatep, sindicato derivado Conare-Sutep, la facción más radical del Magisterio.
También a personas relacionadas a Perú Libre, pues otro punto en contra de la situación de estos funcionarios es que se conoció que casi la mitad de ellos, el 41%, militaban en el partido oficialista. Aunque esta situación también fue usual en anteriores gobiernos.
Iniciativa del Congreso
Ahora bien, lejos de repensar las tareas de estas autoridades a través de reformas y sin tomar en cuenta el vínculo que estas tienen con comunidades marginadas, el Congreso podría eliminar la figura de prefectos y subprefectos de manera definitiva.
Desde agosto, mucho antes de que las manifestaciones estallaran, la parlamentaria Nilza Chacón Trujillo de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que plantea la modificación del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. El fin es lograr la eliminación de los puestos de prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales y reasignar sus funciones entre las diversas instancias del sector.
Ya a inicios de noviembre, hace casi dos meses, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Parlamento peruano, aprobó el dictamen del proyecto de ley N° 2882 y están a la espera de su discusión en el Pleno.
El exprefecto regional de Puno, Wilber Apaza Díaz, opinó que estos puestos ayudan a formar vías de comunicación para que el Estado llegue a una comunidad alejada para el otorgamiento de garantías y beneficios sociales.
Además, alerta que su eliminación perjudicaría el acercamiento del aparato estatal a comunidades rurales, pues en muchos casos la población local no logra establecer confianza con funcionarios de las ciudades, debido a diferencias de cosmovisión y lejanía.
Sobre este último punto, si la iniciativa tiene luz verde, junto al cargo de subprefectos se eliminaría el de tenientes gobernadores (estos no reciben un sueldo), en cuya elección participan las asambleas comunales de las localidades, por lo que también se anularía este nexo de representatividad.
Lo cierto es que desde el premierato, se ha señalado que se colocarán en estos cargos a personas “reconocidas y distinguidas por su comunidad, sin importar su color político y de clara vocación democrática”, según el mensaje del premier Alberto Otárola. Aunque al mismo tiempo, el Congreso ha señalado que apresurarán el debate para eliminar estos puestos.
Lo cierto es que desde la mirada capitalina los cargos son irrelevantes y generan gastos de millones de soles anuales, pero los nexos con el gobierno central de las comunidades más alejadas y su pliego de demandas podrían ser deterioradas en este proceso.
Fuente: Infobae
