Una protesta contra Dina Boluarte en Lima, capital de Perú, 12 de enero de 2023. (Foto: Getty Images)
Perú vivió el jueves una de las jornadas más convulsas, con bloqueos en 10 de las 25 regiones y la “renuncia irrevocable” del ministro de Trabajo.
Los sindicatos, sectores campesinos, defensores de derechos humanos y activistas de izquierda no claudican en sus exigencias: la renuncia de la presidenta designa, Dina Boluarte, de su Gabinete, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas.
A las demandas se suma la liberación del exmandatario Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.
Lima, la capital, secundó las movilizaciones el jueves, bajo la consigna “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”; miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico.
No obstante, la misma jornada, la tensión se mantuvo al rojo vivo en la región de Puno, epicentro del movimiento popular y donde acaeció el lunes la muerte de 20 personas y 100 heridos, así como en Tacna, en la frontera con Chile, Cusco, donde se produjo el miércoles una muerte y 20 heridos, Arequipa, entre otras.
Los pobladores de estas regiones siguen demandando justicia para las víctimas mortales y castigo a los responsables de la cruenta represión.
El Gobierno no guardó silencio, a través de la reacción del jefe de Gabinete, Alberto Otárola, para quien, las protestas “se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico”, proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos. Además, se ordenó el refuerzo policial, el cierre del aeropuerto de Cusco y más represión.
Hasta el momento, las protestas han dejado unos 50 muertos, según organismos pro derechos humanos.
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El mismo jueves, el ministro de Trabajo de Perú, Eduardo García Birimisa, envió una carta a Boluarte para informarle de su “renuncia irrevocable”, alegando las muertes en las regiones de Puno y Cuzco.
“Se requiere de un pronunciamiento del Gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”, expresó en la misiva.
García admitió que el adelanto de las elecciones “no puede esperar hasta abril de 2024”.
¿Qué han hecho los organismos internacionales?
Naciones Unidas instó al Gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas, “abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”.
El miércoles, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país suramericano para evaluar la situación, reunirse con las autoridades, víctimas y familiares de los manifestantes. La delegación estará en Perú hasta este viernes.
Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre al intentar cerrar el Parlamento y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
