El presidente Pedro Castillo, confirmó que el toque de queda impuesto en la provincia de Lima -medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional- fue levantado 7 horas antes de lo previsto en un inicio.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció durante la jornada de este martes el fin del toque de queda impuesto este mismo día en la ciudad de Lima y su vecina provincia de Callao.
Este, puesto en marcha en respuesta a un paro de transportistas, siete horas antes del fin que tenía previsto para las 23.59 hora local (O4.59 GMT del miércoles).
“Debo anunciar que, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda). Corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso quería anunciar”, dijo Castillo durante una reunión con los líderes políticos en el Congreso.
El gobernante anunció minutos antes de la medianoche de este lunes la adopción de esta medida, con lo que sorprendió a los cerca de 11 millones de habitantes de estas dos provincias peruanas.
Toque de queda en Perú
Durante su intervención, a la que también acudieron varios de sus ministros, el mandatario comentó que las autoridades deben “resguardar la vida de todos” peruanos.
Dijo respetar “la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos en manifestarse”.
“Eso no significa que, aprovechando una movilización o un derecho constitucional, nosotros como Estado avalemos algunas actitudes”, apostilló.
Dichas actitudes, dijo, “van más allá del derecho constitucional como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas”.
El paro de los transportistas comenzó hace ocho días por el incremento del precio de los combustibles. El hecho provocó cortes temporales y parciales de carreteras, que, en algunos casos, han derivado en saqueos.
En todo caso, ninguno de ellos ha tenido lugar en Lima y Callao, donde las protestas apenas han tenido repercusión. Es por esto que muchos políticos y ciudadanos han considerado desmesurada la decisión de Castillo.