Actos vandálicos que sobrepasaron el control de las unidades antimotines de la Policía Nacional del Perú caracterizó la marcha en inmediaciones del Congreso de la República convocada por opositores al régimen y colectivos vinculados a partidos políticos que piden la renuncia del presidente Pedro Castillo
Estos actos no sólo provocaron daños a la propiedad privadas e instalaciones públicas (locales del Ministerio Público, Poder Judicial y establecimientos comerciales del centro de Lima) sino heridas de consideración a agentes del orden, los que fueron agredidos con objetos contundentes.
Durante la jornada de protesta, 25 policías, miembros de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos. En su mayoría fueron alcanzados por piedras, palos y botellas lanzadas por los vándalos que se mezclaban con los que a viva voz reclamaban el fin del Gobierno.
De acuerdo al reporte del Ministerio del Interior, los agentes fueron trasladados rápidamente al Hospital Central de la PNP Luis N. Sáenz, en Jesús María, donde fueron diagnosticados con contusiones.
El Titular del Interior, Alfonso Chávarry Estrada, acudió al nosocomio policial para visitar a los policías afectados, a quienes felicitó por su sacrificada labor para mantener el orden público, salvaguardar la integridad de los manifestantes y reprimir todo acto de violencia contra la propiedad pública y privada.
A la vez anunció que la Policía Nacional realizará las investigaciones correspondientes para identificar a los revoltosos, detenerlos y proceder a denunciarlos ante la Fiscalía, con el objetivo de que reciban una sanción ejemplar de acuerdo con las normas vigentes.
En su cuenta de Twitter, el Poder Judicial precisó: «Tenemos derecho a protestar de manera pacífica, sin armas, en plazas y vías públicas; pero dañar o destruir un bien, total o parcialmente ajeno, se castiga hasta con dos años de pena privativa de libertad y multa”.
Por su parte, el Ministerio Público señaló que la protesta ciudadana es un derecho, pero generar destrozos a la propiedad pública o privada, impedir el libre tránsito o atentar contra la integridad de las personas son delitos penados por la ley.
