Que no arda el corredor. Bellido y Las Bambas. Una crónica de Fernando Vivas

“Si se prende el corredor minero con los conflictos, el Perú se va al diablo”, me dice Richard Arce, ex congresista del Frente Amplio por Apurímac. “Y no me importa que se molesten mis amigos de izquierda por lo que digo”, añade. Pero Richard no tiene que preocuparse por la reacción de sus correligionarios: los izquierdistas en el poder, al menos los cuadros técnicos, están muy al tanto del alza de los precios de los minerales en el mercado, y cuentan con los impuestos a esas sobre ganancias para financiar sus políticas públicas.

Los ambientalistas le llaman a esta dependencia, despectivamente, ‘neo extractivismo’; pero le podemos llamar simple supervivencia. Nadie cercano al gobierno, ni el más duro de Perú Libre, quiere que la pradera se incendie en las provincias de Apurímac y Cusco por las que discurre el mineral. Especialmente, en la cusqueña Chumbivilcas, que tuvo a 7 comunidades campesinas en pie de lucha, tomando la carretera, desde el 23 de julio previo a asunción de Pedro Castillo y apenas asumió este, difundieron una carta abierta con sus demandas.

El 2 de agosto, tres días después de jurar como primer ministro, Guido Bellido fue a su provincia natal. Escogió la zona de Muyoccorco, pues era un lugar propicio para que aterrice el helicóptero, pero una vez fuera de la bestia de metal, montó a caballo para llegar a la reunión con los presidentes de las comunidades alzadas. Habló en quechua y consiguió una tregua de 60 días con promesa de instalar una mesa de diálogo para resolver las demandas de la carta mencionada. Entre ellas, destacaré, luego de hablar con dos dirigentes, estas 4: derogar la Resolución Ministerial 372-2018 MTC que categoriza el corredor como ‘vía nacional’, considerar a las comunidades como parte de la zona directa de influencia ambiental de Las Bambas, ser indemnizados por las afectaciones sufridas hasta ahora e incrementar su papel de proveedores de servicios y productos a la mina.

Los comuneros dieron su confianza al premier en buena parte porque piensan que un ‘qorilazo’ (sinónimo de chumbivilcano), como ellos, hará lo posible por no defraudarlos. Están acostumbrados a corresponder a los gestos políticos, como el alarde de representación de Bellido el 2 de agosto; pero también recelan de las mecidas. Ya han padecido de estas desde cuatro gobiernos atrás. La que recuerdan con más pica es una durante el gobierno de Vizcarra, cuando su ministro de Transporte, Edmer Trujillo; consiguió el apoyo de los alcaldes para recategorizar la vía. Entiéndase que en Chumbivilcas hay 79 comunidades campesinas, lo que hace a la provincia un territorio donde la estructura comunal pesa más que las autoridades locales. De esas 79 comunidades, 18 son aledañas al corredor y, por ahora, 7 están muy inquietas. Hay que entenderse con ellas más que con los municipios.

A Luis Huamaní, presidente del Comité de Lucha de Residentes de las Comunidades del Corredor Minero de Chumbivilcas en Cusco, le pregunté si conoce a Bellido y lo puso en perspectiva: es de la comunidad de Quehuincha en el distrito de Livitaca. Esta no es una de las 18 comunidades por las que discurre el corredor. Mientras residía en Cusco, marchó algunas veces con sus paisanos, pero no fue activista ni estuvo particularmente interesado en la vía caliente.

Polvo, cobre y plata

El corredor vial de cerca de 500km por el que se transporta en camiones el mineral de MMG Las Bambas y de otras minas de Apurímac y Cusco hasta la estación de Pillones del ferrocarril del sur; consta de varios tramos de nuevas y viejas carreteras, además de algunos caminos rurales, en buena parte sin asfaltar. La suma de estos tramos fue categorizada como ‘vía nacional’ por Resolución Ministerial 372-2018 MTC. Vuelvo a subrayar este hecho porque da pie a la primera de las demandas: ‘¡Recategorización de la vía¡ ¡derogación de la RM!.

Es difícil de entender porqué una RM de nomenclatura vial subleva tanto, pero el quid está en que, al ser vía nacional, los comuneros dejaron de lidiar con los débiles alcaldes, a los que acorralan con facilidad, y con la empresa; para vérselas con el abstracto y remoto Estado. Huamaní me lo explica de esta forma: “Cada que reclamamos a la empresa, nos dicen que es una vía nacional, que tenemos que reclamar al estado”. Hay una poderosa razón adicional: si la vía se descategoriza, piensan que las comunidades podrían cobrar peajes o servidumbres de paso informales.

Por cierto, MMG Bambas, según me cuentan fuentes ligadas a la empresa, espera que el estado asuma la promesa hecha hace 5 años, con PPK, de asfaltarla en su totalidad (MMG se comprometió a financiar los estudios de inversión para la obra, cosa que ya hizo); pero la intención quedó en nada. Como paliativos para hacer menos polvo y bulla, han puesto una ligera capa de pavimento removible a la entrada y salida de cada centro poblado, riegan frecuentemente la pista y cumplen un horario que evita la bulla nocturna. Es penoso que una vía esencial de la riqueza minera, se mantenga a punta de parches y baldazos. La solución definitiva es hacer una carretera como Dios manda o un sueño sin licitación, un tren. Pero no nos adelantemos.

Extraña no leer en la extensa carta enviada por los comuneros a Castillo, mención alguna sobre el asfaltado de la vía. Nacional, sub regional o cualquiera que sea la categoría de la ruta, ¿por qué no exigen que se asfalte, si el polvo no solo contamina a quienes viven más cerca del camino, sino que se asienta en el suelo, afectando cultivos y ganado? Le comenté mi extrañeza a Huamaní y también a Carlos Monge García, ex presidente del Fudich (Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas). Por sus respuestas, entendí que los dirigentes privilegian la atención de demandas que incidan directamente sobre sus ingresos antes que reclamar algo que Estado y empresa debiera resolver sin que se les pida.

Por eso no insisten en el asfalto, sino en conseguir un estatus oficial –ser considerados área de influencia directa ambiental- que les permita obtener apoyo económico y social de MMG y, también, de otras minas que usan tramos más cortos del corredor, como Hudbay y Antapaccay que, a diferencia de MMG, no traspasan el concentrado de cobre de los camiones al ferrocarril en Pillones, sino que siguen por carretera hasta el puerto de Matarani).

Los comuneros también reclaman indemnizaciones por lo que estiman han padecido con el corredor en 5 años. Arce me dice que las protestas se han monetarizado. Se priorizan las demandas más fáciles de monetizar. Convenimos en que no hay que sorprenderse por este signo de los tiempos. Por ejemplo, la descategorización de la vía, como ya vimos, está en directa relación a la posibilidad de cobrar peajes. Otra de las demandas es que, en el caso de que los comuneros quieran vender terrenos a la mina, esta compre a buenos precios de mercado. Por cierto, algunos de los pocos terrenos privados de la zona, ya han sido comprados por MMG. Fue el caso del fundo Yavi Yavi, en Chumbivilcas, comprado por MMG como compensación a la comunidad apurimense de Fuerabamba, desplazada de su territorio original por las operaciones mineras. Los fuerabambinos lograron resarcirse de afectaciones sociales y ambientales, en una forma que ha despertado la sana envidia de las comunidades más alejadas del tajo. El argumento, repetido con vehemencia, es que estar en la ruta del metal, las convierte en área de influencia, directa o indirecta.

Mesa o mecida

A poco de empezar la tregua, los comuneros percibieron desatención del gobierno, atribulado por sus primeras crisis políticas. Ni siquiera se cumplió con instalar la primera mesa de diálogo el 11 de agosto, como Bellido prometió en su visita. Los dirigentes volvieron a tomar la carretera el 16 y, ahí sí, la PCM se puso las pilas. Se planificó una visita de Guido Bellido con dos ministros (Juan Silva del MTC e Iván Merino de Energía y Minas) y el viceministro de Ambiente, Mariano Castro. El 28, con bombo y letra chiquita en El Peruano (RD 0011 -2021 – PCM/SGSD), se instaló la mesa que consta de grupos de trabajo.