El alcalde electo no tiene ninguna simpatía por el Ejecutivo y está en todo su derecho, señalan analistas. Pero advierten que los ciudadanos no se pueden ver perjudicados por su posición de no querer sentarse a coordinar con el Gobierno.
Rafael López Aliaga asumirá como alcalde de Lima a partir de enero. Y como han hecho notar varios analistas, él se ha encargado -durante la campaña- de elevar bastante las expectativas sobre lo que será su gestión, con una serie de promesas que tendrá que empezar a cumplir.
Sin embargo, para nadie ha pasado desapercibido que el alcalde electo, en sus primeras declaraciones, no solamente ha seguido con su tono de enfrentamiento contra Pedro Castillo -lo cual es hasta entendible-, si no que, además, ha adelantado que no le interesa reunirse con él ni trabajar con el Ejecutivo.
El problema con una posición así es que puede sonar muy bien para los electores de López Aliaga -al menos los más radicalizados-, no obstante, la gran perjudicada puede ser la ciudad. La gestión pública exige coordinación.
La politóloga Paula Távara señaló que, para cualquier nivel de gobierno, sea municipalidad local o distrital o incluso gobierno regional, muchas de sus funciones se encuentran “directamente supeditadas” a lo que el Ejecutivo nacional pueda articular con ellos.
“Es decir, puedes llevar a cabo una parte de tus funciones si tienes el presupuesto de forma autónoma, sin embargo, es inevitable tener que dialogar, negociar, coordinar con el gobierno central”, añadió.
Távara explicó que más allá de quién sea gobierno, los alcaldes deben construir una relación con el Estado central. “Si el señor López Aliaga realmente quiere cumplir con las promesas que ha hecho y gestionar de la mejor manera posible a la ciudad de Lima, no puede escapar a una relación con el gobierno, más allá de quién esté en el poder. Si tiene intención de comprar motocicletas, posiblemente los recursos con los que cuenta ahora mismo no le alcancen y requiera de algún proyecto de inversión, o de algún incremente presupuestal”, comentó.
En efecto, una de las más importantes promesas de López Aliaga fue el alquiler o compra -este punto no está del todo claro- de 10.000 motocicletas para el patrullaje. En una entrevista de hace unos días que este diario tuvo con el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, este advirtió que una operación de esta naturaleza no solo implica el desembolso económico para la obtención de los vehículos; además, hay que pensar en quién los manejará. Pedraza sostuvo que por cada moto se necesitan dos tripulantes, es decir, se tendría que contar con 20.000. “Esa cifra no existe”, dijo Pedraza.
Como se ve, la valla que ha puesto el propio López Aliaga urge de una coordinación al más alto nivel. “(López Aliaga) va a tener que relacionarse, no con el presidente de la República si no quiere, pero sí con el ministro de Economía, o con algún funcionario si es que quiere gestionar bien la ciudad. La articulación es esencial. Si está interesado en cambiar algún asunto de zonificación o plantear mejoras en el sistema de transporte, tendrá que hacer lo mismo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, declaró Távara.
Coordinar y cooperar
La vicepresidenta Dina Boluarte ha salido a responderle a López Aliaga. Señaló que el ganador de las elecciones del domingo “desconoce su rol” porque “no se puede trabajar sin el Ejecutivo”. En estricto, acá tiene razón. Las simpatías o las abiertas antipatías que pueda provocar un gobierno no pueden perjudicar a los ciudadanos que esperan que la ciudad en la que viven mejore. Y Lima tiene muchísimo margen de mejora.
Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, recordó que todas las autoridades electas tienen frente a sí “desafíos enormes”, en un contexto pospandémico, de crisis internacional y un entorno político incierto. Indicó que, si bien cada nivel de gobierno tiene el derecho de actuar en el marco de sus competencias, las políticas públicas “exigen tanto la rectoría del Ejecutivo como la coordinación y cooperación intergubernamental”.
“Esto es válido para los gobiernos regionales y municipalidades con presupuestos mayores, incluyendo Lima metropolitana y las localidades que reciben recursos del canon, así como para distritos que dependen de las transferencias del gobierno nacional”, señaló.
Lanegra hizo una advertencia que vale la pena incluir. En su opinión, sin cooperación, la ejecución será ineficiente, se perderán sinergias y habrá más espacio tanto para el despilfarro como para la corrupción y “todo ello en perjuicio de la ciudadanía”.
Fuente: La Republica
