Un resumen del informe de la organización de derechos humanos sobre la represión letal que tuvo lugar en el país a causa de las protestas desde diciembre.
Desde que empezaron las protestas en todo el país, el pasado diciembre, la Policía Nacional del Perú y el Ejército han usado de forma ilegítima armas letales, en diferentes medidas, para reprimir de forma indiscriminada a la población. En especial a las poblaciones indígenas y campesinas que han salido a protestar.
Así lo establece Amnistía Internacional, organización que presentó en un informe con los hallazgos de su investigación. La institución recibió información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, donde realizaron las indagaciones. Además, documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. También pudieron registrar falencias en las investigaciones judiciales acerca de estas violaciones de derechos humanos.
“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía muerto, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,”
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las primeras manifestaciones de malestar social surgieron en las regiones más marginadas del Perú. Apurímac, Ayacucho y Puno fue donde las protestas empezaron, para luego expandirse a otras regiones y a Lima. Sin embargo, las regiones con población mayoritariamente indígena, históricamente discriminadas y objeto de desigualdad en acceso a la participación política, fueron las primeras en ser brutalmente reprimidas. Estas regiones son las que permanentemente están en la lucha por acceso a sus derechos básicos de salud, vivienda y educación.
Violencia sesgada hacia pueblos indígenas
Amnistía Internacional realizó un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión en base a los datos de la Defensoría del Pueblo. Pudieron registrar que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión este concentrado de forma desproporcional en regiones con pueblos indígenas.
A pesar de que se registró violencia estatal durante las manifestaciones en todo el país, incluso en la capital, en los departamentos con población indígena que representan 13% de toda la población del país, se concentran el 80% de las muertes registradas. Por eso, apuntan a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas.
En Juliaca, donde hay alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero por represión policial. La Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego. El Gobierno se vio en la necesidad de decretar Estado de Emergencia en siete regiones, quedando Puno bajo el control militar.
