Por IDL-Reporteros.-
El informe de la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello de Ñecco, que recomienda la destitución del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza recoge un pasaje hasta ahora desconocido sobre un ilegal requerimiento de información a IDL-R en julio del 2018.
El 23 de junio del 2020, el pleno de la JNJ inició una investigación preliminar de oficio contra Rodríguez Monteza por sus vinculaciones con la red de ‘Los Cuellos Blancos’.
De acuerdo con la imputación, el fiscal supremo había alertado a varios de los investigados del caso que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas.
Luego de un año de trabajo, el pasado 22 de junio, Inés Tello, designada instructora del caso, entregó su informe final en el que atribuye a Rodríguez Monteza la comisión de dos faltas administrativas muy graves y recomienda su destitución.
Varios de los hechos consignados por Tello en su informe ya han sido relatados en su momento por IDL-R; se pueden leer aquí y también aquí. Lo novedoso, empero, tiene que ver con la actuación del fiscal supremo tras la publicación del primer reportaje de la serie “Corte y corrupción”, el 7 de julio del 2018.
Tres días después de la publicación, el fiscal Rodrigo Rurush, bajo las órdenes de la fiscal Norah Córdova, intentó incautar todo el material periodístico relacionado a la investigación.
Cuando IDL-R descubrió que el fiscal no tenía ningún documento formal que justificara su diligencia, este tuvo que retirarse de inmediato.
Pese a ello, dos días después, el fiscal Rodríguez Monteza envió a IDL-R un amenazante oficio que conminaba al medio a entregar el material de la investigación y a delatar a sus fuentes bajo riesgo de, en caso de negarse, incurrir en el presunto delito de “desobediencia a la autoridad”.
IDL-R respondió que bajo ninguna circunstancia entregaría información.
Rodríguez Monteza reculó y dejó sin efecto la medida. ¿Qué explicación dio entonces? Ninguna. El fiscal supremo solo respondió sobre este hecho en el marco de la investigación a ‘Los Cuellos Blancos’.
Interrogado por la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, Rodríguez respondió que lo que buscaba era tener acceso a las fuentes de prueba de las interceptaciones telefónicas, pero que debió recurrir a la fiscalía que las tenía y no a los medios de comunicación.
Tras advertir el error, dijo Rodríguez Monteza, este dejó sin efecto la medida.
Pero esta versión ha sido desmentida por la investigación de Tello en la JNJ, según la cual Rodríguez fue advertido oportunamente sobre la inconveniencia de requerir la información a IDL-R, pero aun así el fiscal decidió seguir adelante.
Pocos días después de la publicación de “Corte y corrupción”, Rodríguez Monteza inició una investigación preliminar contra algunos de los protagonistas de los audios. Para ello, dispuso que dos de sus adjuntos se ocuparan del tema.
Ismael Ríos Candio se encargó de redactar el proyecto de inicio de la investigación y Jaime Velarde Rodríguez de revisar el trabajo de su colega.
Cuando Ríos acabó de hacer su parte, Velarde revisó el documento y se encontró con los requerimientos de información a IDL-R y a Panorama. Sorprendido, le indicó a Ríos que “eso estaba mal porque a los medios de comunicación les asiste el derecho al secreto de sus fuentes y a la libertad de prensa”.
A pesar de que la advertencia también llegó a Rodríguez Monteza, según la versión de Velarde este no solo no modificó dicho extremo, sino que además estableció un plazo para la entrega (3 días) y agregó el apercibimiento (por delito de desobediencia a la autoridad).
En su informe, Inés Tello afirma que “es clara la intención que tuvo el investigado de presionar a los medios de comunicación para que se le otorgue la información de los audios que no estaban obligados a brindar, sobre todo respecto de aquella vinculada a la revelación de sus fuentes, ello con el propósito de manejar dicha investigación”.
La presidenta de la JNJ añade que la intención del fiscal se corrobora con lo dicho por el colaborador eficaz N°FPCC 0108 – 2018, según el cual “Walter Ríos Montalvo dijo que el Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, jefe de Control Interno del Ministerio Público y amigo del grupo (…) acordó que ‘cuando él tenga los audios lo van a manejar’ porque va a juramentar Gonzalo Chavarry y todos los nombrados son del grupo (…)”.
El próximo jueves 30 de setiembre, la JNJ debatirá y resolverá el informe que recomienda la destitución de Rodríguez Monteza.
P.D N° 118-2020-RODRIGUEZ MONTAZA-CORREO by IDL_Reporteros on Scribd
Publicado el sábado 25 de septiembre, 2021 a las 0:01 | RSS 2.0.
Última actualización el sábado 25 de septiembre, 2021 a las 0:28