El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, remitió ayer, viernes, una iniciativa legislativa al Congreso que propone modificar la ley que crea la Procuraduría General del Estado (PGE) para que los gobiernos regionales y locales puedan seleccionar a sus propios procuradores. 

Según el burgomaestre, dicho proyecto fue aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima, por mayoría, el pasado 8 de septiembre, tras un informe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos del municipio que concluyó que “resulta conforme a la normativa vigente”.

Fundamentos

El proyecto de ley indica que la modificación referida al sistema administrativo de defensa jurídica del Estado busca “restablecer la autonomía constitucional de los gobiernos regionales y locales”.

En ese sentido, plantea que en los artículos 16, 24, 31 y 32 de la ley que crea la Procuraduría se incluya a los gobiernos regionales y locales entre las excepciones de entidades autónomas que pueden dirigir el proceso de selección para la designación de sus procuradores públicos, cargos que serán ocupados por un plazo de 5 años.

Además, propone modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades en lo que se refiere a las procuradurías públicas de dichas entidades, de modo que los procuradores sean “elegidos por los titulares” de los municipios.

Entre los motivos para realizar este cambio en la normativa actual, la Municipalidad de Lima (MML) alega que “no resulta congruente con la autonomía constitucional reconocida que la PGE, dependiente del Poder Ejecutivo, se encargue de convocar a un proceso de selección de procuradores públicos para los gobiernos regionales y gobiernos locales”.

“Por lo que se considera que los gobiernos regionales y locales participen en dicha selección encargando los aspectos ejecutivos a los titulares de dichas entidades, manteniendo su autonomía administrativa y funcional”, indica el proyecto.

“De esta manera, la propuesta (…) contempla la autonomía en la designación de los procuradores públicos (de dichos gobiernos), de conformidad con la autonomía reconocida en la Constitución (…) teniendo en cuenta que se trata de órganos con autonomía política, económica y administrativa, cuyo ejercicio de la defensa jurídica de los derechos e intereses requieren de una autonomía desde una perspectiva administrativa y económica ajena a la PGE, además de la especialización en la materia”, añade la iniciativa.

Al igual que el Parlamento

Vale resaltar que el proyecto de ley presentado por Rafael López Aliaga indica que las modificatorias a la ley de la Procuraduría contemplan “las recientes modificaciones al Decreto Legislativo N° 1326, efectuadas mediante Ley N° 31778”.

En ese sentido, cabe recordar que dicha ley -promulgada el pasado 7 de junio por el Ejecutivo- fue propuesta por el Parlamento y establece que los procuradores públicos del Congreso de la República y del Poder Judicial, así como de otros organismos autónomos, ya no sean electos por la Procuraduría General del Estado.

Dicha norma modificó cinco artículos y otras disposiciones complementarias del Decreto Legislativo 1326, a fin de especificar que el Consejo Directivo de la PGE se encarga del proceso de selección de procuradores públicos, con excepción del Congreso, el Poder Judicial y otros organismos autónomos.

La normativa señala que los procuradores serán elegidos en un concurso público por las mencionadas entidades por un plazo de cinco años.

“En el caso de que se hubiera producido la designación antes de la entrada en vigor de la presente ley, los procuradores públicos designados estarán sujetos a la evaluación y ratificación por parte de los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los mencionados organismos constitucionales autónomos”, se lee en la disposición complementaria transitoria de la ley.  

Además, estos procuradores no responderán administrativa ni funcionalmente ante la PGE, sino ante las entidades que los designaron.

Cabe indicar que la norma fue promulgada a pesar de la oposición de la Procuraduría. El titular de dicha entidad, Daniel Soria, el diálogo con RPP Noticias, la calificó de “antitécnica”.

“Esta ley parte en dos el sistema de defensa jurídica del Estado. Es una decisión antitécnica porque los sistemas administrativos existen para darle más eficiencia a los servicios del Estado; en este caso, el servicio de defensa jurídica”, cuestionó.

“Esos procuradores salen de la competencia funcional del Estado. La PGE, frente a hechos que se susciten a partir de mañana, no podrá someter disciplinariamente a ninguno de sus procuradores ni hacer evaluaciones de desempeño. Tampoco podrá capacitarlos, porque ellos van a depender de su entidad”, puntualizó.