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Trabajadores de Alejandro Soto usan cuentas troll para atacar e insultar a congresistas

Chats difundidos por Cuarto Poder evidencian campaña de desprestigio orquestada contra Luis Aragón, Guido Bellido, Katy Ugarte y Ruth Luque. “Soto [debe] asumir que no puede seguir en la Presidencia”, señaló la última diputada en mención

El círculo más cercano del presidente del Congreso, Alejandro Soto, emplea cuentas troll para atacar e insultar a otros legisladores de Cusco, su región natal, según una nueva denuncia difundida este domingo por Cuarto Poder, el programa que ya había revelado la existencia de perfiles falsos, creados por los mismos trabajadores, para ensalzar la imagen de su jefe.

De acuerdo con el dominical, las órdenes eran emitidas o avaladas por Eduardo Quezada, entonces asesor de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), a la que pertenece el titular del Parlamento; Sandra Rodríguez, su asesora principal; y Penélope Contreras, una trabajadora de su oficina. Desde el mes pasado, los dos primeros reciben salario con fondos públicos por integrar el equipo de la Presidencia de la Mesa Directiva, según la web oficial del Congreso.

Los parlamentarios en la mira de los ataques fueron Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario). Una conversación de WhastApp de noviembre del 2021 expone una orden de Quezada para arremeter en equipo.

El día anterior, el canal de televisión de la Universidad San Antonio Abad del Cusco había publicado en Facebook una imagen en la que aparecían los rostros de Soto y otros tres congresistas cusqueños: Luque, Bellido y Ugarte.

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“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que la congresista Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, escribió el exasesor. “Manos a la obra, Eduardo”, replicó Rodríguez, su sucesora.

Al mes siguiente, de acuerdo otro chat expuesto en el reportaje, los trabajadores de Soto acordaron una ofensiva contra Aragón ―a quien se refieren como ‘Aaragán’― por abstenerse a votar a favor del archivo de una denuncia por difamación que enfrentaba en la Comisión de Ética. Aunque finalmente la acusación no prosperó, los secuaces parecieron quedarse furiosos.

“Ahora a pisar en el cuello con más ganas”, anotó Edgar Gamarra, funcionario de su oficina. “Esos malditos lápices y el maldito de Aragón”, secundó otro trabajador ignoto. En la misma conversación, Rodríguez añadió: “El Dr. me dice que anotemos las placas [de los que no votaron a su favor] y que su firma no va en el PL [proyecto de ley] de [Ruth] Luque […] esa rata”.
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La última diputada en mención ha sido la única que ha reaccionado al reportaje. “[Es] inaceptable que trabajadores del congresista utilicen sus funciones para que a través de trolls ataquen e insulten a congresistas de la región Cusco. Estos trabajadores deben ser sancionados administrativamente y Alejandro Soto [debe] asumir que no puede seguir en la Presidencia”, señaló en su cuenta de X, antes Twitter.

La nueva acusación contra el parlamentario, que asumió el cargo hace un mes, llega el mismo día de la divulgación de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que arroja una desaprobación de 74 % en su contra.

El sondeo, encargado por el diario La República, recoge que la aprobación del actual Congreso tiene, además, un rechazo del 90 % y solo el 6 % de los encuestados respalda su gestión, mientras que la presidenta Dina Boluarte mantiene un 11 % de aceptación, al igual que el mes anterior.

Soto ya ha pedido a la Comisión de Ética que lo investigue por las denuncias de presunta corrupción presentadas en su contra, las cuales han motivado que un legislador promueva una moción de censura en su contra.

Sobre el titular del Parlamento se han presentado una serie de denuncias referidas a presunto nepotismo, así como por haber ocultado el pago de una reparación civil —por una denuncia de difamación—, y por impulsar una ley para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados en su contra por la empresa de transportes Waynapicchu.

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