Los más perjudicados serán los centros de abastos, ya que no entrará alimentos al realizarse la paralización de estos camiones. El presidente de esta organización de transportistas, Marlon Milla, dio a conocer las exigencias que piden al Gobierno.
Marlon Milla, representante de la federación de transportistas de carga pesada del país, fue quien dio esta información, asegurando que llevan varios meses esperando respuestas por parte del Gobierno de Dina Boluarte, pero hasta el momento no se ha dado ninguna solución.
Esta noticia afecta principalmente a los centros de abastos, ya que la mayoría de estos choferes cargan y descargan alimentos de primera necesidad que es distribuida en los mercados de Lima y otros lugares del país.
En conversación con el diario La República, Jesús Martínez, reveló que el acuerdo de la asamblea es iniciar el paro nacional indefinido en la fecha mencionada hasta que sus reclamos sean escuchador por la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.
Transportistas esperan en fila mientras manifestantes bloquean el paso fronterizo de Desaguadero. REUTERS/Claudia Morales.¿Qué exige el gremio de transportistas?
Según Juan Carlos Lagos, en declaraciones a La República, están solicitando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modifique el Decreto Supremo N.º 021-2022, en el que se exige un curso de actualización presencial en escuelas de conductores privadas. Su propuesta es reemplazar este curso por capacitaciones gratuitas, obligatorias y virtuales, a ser administradas por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran).
Además, solicitan el cumplimiento del pronunciamiento de la Comunidad Andina y el no ingreso del transporte extranjero al país. “Hay camiones de Bolivia y Ecuador que pasan con sobrecarga de combustible (diésel) y de mala calidad, que incluso es vendido como contrabando”, expresó el dirigente al medio de comunicación en mención.
En esa misma línea exigen al Congreso la aprobación de una regulación específica referente a la reserva de carga, que incluya la obligación de contratar a empresas locales. Para ello, demandan la implementación de una tabla de costos eficiente para erradicar la competencia desleal.
Finalmente, están pidiendo que la flota de transporte de los operadores portuarios DP World y APM en el Puerto del Callao (Lima) no opere si no se ajusta a las normas legales correspondientes.
(Andina)Se bloqueará el paso de camiones en desaguadero
La Confederación de Gremios de Carga del Perú destacó que el paro nacional comenzará en Puno, específicamente en la zona fronteriza de Desaguadero, que es un punto de entrada para vehículos provenientes de Bolivia. Otra región afectada será Tumbes, ya que limita con Huaquillas, Ecuador. Jesús Martínez advirtió que no descartan cerrar los puntos fronterizos como parte de la protesta.
En Puno, se planea prohibir el ingreso de vehículos extranjeros como parte de las medidas del paro nacional.
Por su parte, Juan Carlos Lagos señaló que la Confederación de Gremios de Carga Pesada del Perú representa a más de 24,000 transportistas en todo el país, y todos ellos participarán en el paro nacional indefinido.
Gremios de transporte de Piura, Cusco, Junín, Cusco y otras regiones acatan paro indefinidoÚltimo paro de transporte de carga pesada fue en octubre de 2022
En octubre de 2022 se realizó un paro de transporte de carga pesada, la cual se dio durante el gobierno de Pedro Castillo, en esa ocasión, los gremios sostuvieron que el “incremento de los costos operativos y la competencia desleal extranjera con los generadores de carga nacional, que va en desmedro de la calidad de vida de toda la ciudadanía”.
Además, en aquel tiempo, pese a que en varias ocasiones solicitaron reunirse con los congresistas o presidente de la República, su llamado y exigencias fueron en vano.
“Habiendo presentado propuestas analizadas en diferentes reuniones de trabajo con las autoridades de los ministerios y del Congreso. Habiéndose comprometido la autoridad en resolver en el menor plazo la solución de la problemática del transporte de carga, compromisos en su mayoría incumplidos, pese a que es un servicio público que afecta directamente al alza de costos de la canasta familiar”, se lee en una carta que enviaron en aquella ocasión.
