Según expertos, Fuerza Popular interpuso un recurso “que no tiene relación con el proceso electoral” para judicializarlo “y dar la imagen de que la información está escondida o guardada”.
El jueves 17 de junio, ante la derrota inminente y la caprichosa excusa de encontrar un fraude que se agazapa etéreo como una superstición, el jurista Domingo García Belaunde, nuevo integrante de la defensa legal de Fuerza Popular, manifestó durante una conferencia de prensa su intención de presentar un recurso de habeas data en contra de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que el partido de Keiko Fujimori pueda tener acceso de primera mano a la información de las listas electorales.
“Esta lista de electores de mesa que están en la ONPE tenemos que confirmarlas y se niegan. ¿Por qué se niegan si hay una ley de transparencia?”. En respuesta a su propio cuestionamiento, imbuido de una sabiduría aparentemente espontánea, García Belaunde confesó estar “pensando en un proceso constitucional o acción constitucional que se llama habeas data.
El discurso del método
El abogado constitucionalista Omar Cairo contó en diálogo con La República que el habeas data “es una garantía contenida en la Constitución de 1993 que puede presentar cualquier persona y tiene que ser resuelta por un juez constitucional”. Sin embargo, en caso no proceda, “se puede apelar para que sea resuelta por la Sala Superior e incluso se puede llegar a una tercera instancia final ante el Tribunal Constitucional (TC), que podría, a través de una resolución, ordenar que se entregue la información a la persona que ha presentado el habeas data, mas no a alguna entidad; es decir, el TC no podría pedir a la ONPE que remita la información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.
Asimismo, argumenta que en caso de que esta garantía constitucional proceda y se confirme que hubiese alguna irregularidad, lo cual es improbable, ya que observadores internacionales y el mismo JNE han considerado que no ha habido prácticas de este tipo, solo le serviría a Fuerza Popular para decir: “Miren, aquí está la prueba de que es fraudulenta la operación”.
“Para que el habeas data llegue hasta el TC puede tardar entre dos y tres años, y no tendría implicancia en las elecciones. Además, para ese tiempo ya habrá juramentado el nuevo presidente. Es un instrumento procesal que no tiene relación con el proceso electoral”, remarcó.
Insistencia. Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres insisten en cuestionar el proceso, pero no logran demostrar presuntas irregularidades que mencionan. Foto: Félix Contreras/La República
Con relación a la demanda de acción de amparo presentada por el abogado Javier Villa Stein ante el Poder Judicial (PJ) con la finalidad de declarar nulas las elecciones de segunda vuelta, Cairo advirtió que es improcedente.
“No se puede presentar una demanda de amparo para que el Poder Judicial anule la votación. Eso es improcedente y no le corresponde al PJ revisarlo. Ningún proceso de amparo suspende el proceso electoral en marcha. Existe jurisprudencia. En casos anteriores se ha establecido que las demandas de amparo contra actos de procesos electorales no paralizan ni generan la nulidad de lo realizado”, concluyó.
