Vaticano se suma a la preocupación sobre Ley Antiforestal en Perú: “Un retroceso en la lucha contra la deforestación”

El medio oficial del Vaticano, Vatican News, resaltó, a través de una nota de prensa, la preocupación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (Ceama) sobre la reciente aprobación de una controvertida ley en Perú, que contribuiría a un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación. La entidad, que juega un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y la protección ambiental en la región amazónica, subraya que la nueva Ley N.º 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, beneficia las economías ilegales y pone en peligro la supervivencia de los bosques, esenciales para la vida de comunidades indígenas y locales.

El cardenal Pedro Barreto, presidente de la Ceama, refuerza la postura crítica afirmando que la ley promueve “un clima de impunidad para aquellos que han deforestado los bosques”, y no contribuye a generar paz en la Amazonía. La organización ha manifestado que la deforestación no solo es un acto de violencia contra la naturaleza, sino también “un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios”, acorde a la encíclica papal ‘Laudato si’.

Catungo Quimpiri, comunidad indígena ashaninka , ubicada al norte del Vraem, amenazada por tala ilegal y narcotráfico. (CARE/Convoca)

La Ceama recuerda los compromisos recientes del gobierno peruano, como la declaración de Belém tras la IV Reunión de presidentes de los Estados de la región y la firma del Tratado de Cooperación Amazónica en agosto de 2023, donde se comprometieron a combatir la deforestación y a promover un desarrollo agrario sostenible y justo. Sin embargo, alertan que la ley hace evidente “la pérdida de los bosques, favoreciendo el control de la región a quienes propenden por una economía ilegal que atenta contra los derechos de las personas más vulnerables”

Las palabras de la encíclica papal señalan que la depredación de la naturaleza, responde a formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La ley, por lo tanto, es catalogada como una interpretación equivocada de que el acceso a los mercados agrícolas globales requiere de la legalización de la deforestación.

El descontento se extiende a los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas ubicadas en la Amazonía peruana, quienes ya se han pronunciado pidiendo que se reconsideren las modificaciones legislativas. “Debería impulsarse un desarrollo agrario sostenible y justo, lejos de cualquier decisión que perpetúe la violencia en la Amazonía”, han comentado, refiriéndose, a un pasado lamentable marcado por amenazas y asesinatos de líderes ambientales y defensores indígenas.

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La nueva ley ha enfrentado duras críticas por su posible impacto no solo ambiental, sino también socioeconómico, al comprometer a la Amazonía peruana y a sus habitantes a un futuro incierto. La Ceama busca involucrar a las organizaciones del país y a la comunidad internacional para que esta legislación sea objeto de revisión y se garanticen los compromisos ambientales asumidos por Perú.

Sin consulta previa a pueblos indígenas

Los cambios en la legislación han suscitado preocupación, especialmente porque no se contó con la consulta previa de los pueblos indígenas, quienes han requerido participación en el proceso por cerca de dos años. A su vez, la modificación margina al Ministerio del Ambiente en la toma de decisiones concernientes al manejo forestal, lo que según críticos indica un desentendimiento gubernamental hacia las voces de los habitantes originarios y expertos ambientales.

Se han registrado más de 30 asesinatos de defensores ambientales de comunidades indígenas en la región, presuntamente a manos de los responsables de actividades ilícitas en la selva. Este contexto agrava la situación, ya que no se observa claridad sobre las medidas para salvaguardar la integridad de quienes protegen estos enclaves naturales. No obstante, no se ha verificado si la ley incorpora disposiciones para prevenir o penalizar tales delitos.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) denuncia que desde el 2022, Marcelina recibe amenazas. Fotos: El Comercio/Composición Infobae

La percepción de abandono por parte de las autoridades legislativas y la priorización de otros intereses en la gestión de la biodiversidad amazónica parecen evidentes. Ecologistas y representantes indígenas alertan sobre el debilitamiento de los términos conservación y preservación, fundamentales para mantener el bienestar de uno de los ecosistemas más vitales del planeta.