El empresario Zamir Villaverde García, investigado por la fiscalía anticorrupción por presuntamente ofrecer obras públicas a constructoras en coordinación con Palacio de Gobierno, recibió una condena por los delitos de colusión y uso de documentos falsos en agravio del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).
El martes 8 de marzo, el 21 Juzgado Penal Liquidador de Lima ordenó a Zamir Villaverde pagar los 50 mil soles de reparación civil a favor del Estado que fijó la Sala Penal Liquidadora cuando también sentenció al empresario a cuatro años de prisión suspendida.
La jueza Liz Huiza Félix le ha concedido 10 días de plazo a Zamir Villaverde para que pague la deuda, o será inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).
El caso contra Zamir Villaverde se inició en el 2008 cuando la Cuarta Fiscalía Provincial Penal especializada en Corrupción de Funcionarios lo incluyó en una investigación relacionada con una concertación entre integrantes del Comité Permanente de Inrena y las empresas Vigarza EIRL y Multiformes M&M para la compra de mobiliario. Villaverde actuaba como gerente general de Vigarza.
De acuerdo con el expediente del caso al que tuvo acceso La República, Inrena inició un proceso de compra de mobiliario para oficina y ganaron la adjudicación las proveedoras Vigarza EIRL y Multiformes M&M, pese a que no cumplieron con presentar los requisitos exigidos.
A Zamir Villaverde se le atribuyó que en su condición de gerente de Vigarza concertó con Rafael Romero Apolinario, Cirilo Peralta Estrada y William Chávez Huancata, miembros del Comité Permanente de Inrena, para insertar fraudulentamente información en las propuestas de cotización de Vigarza EIRL y Multiformes M&M, con el fin de obtener el contrato mediante un fraude.
El Ministerio Público acusó a Zamir Villaverde García de usar documentos falsos para obtener ilegalmente la buena pro. Una vez descubierto, Villaverde se acogió a la sentencia anticipada. Esto es, reconoció los delitos que le imputó la fiscalía especializada en Corrupción de Funcionarios, como se indica en el fallo: “El colegiado considera que el acusado (Villaverde) ha aceptado los hechos conforme han sido expuestos por el representante del Ministerio Público (…), (por ejemplo), haber insertado fraudulentamente información en las propuestas de cotización”.
El procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios señaló al diario local La República que fue su institución la que solicitó judicialmente la incorporación de Zamir Villaverde en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) porque se resiste a pagar los 50 mil soles de reparación al Estado por mandato judicial.
“El señor Zamir Villaverde fue sentenciado por colusión desleal a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida. La reparación civil que se le ordenó pagar fue de 50 mil soles, pero no ha pagado ni un sol. No ha pagado absolutamente nada”, explicó el procurador Pacheco.
Con la finalidad de interponer embargos para hacer el cobro, la Procuraduría recurrió a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y no encontró ninguna propiedad a nombre de Zamir Villaverde.
“Hicimos una revisión en la Sunarp y verificamos que no tiene bienes inmuebles que se puedan embargar porque no hay nada inscrito con su nombre y apellidos. Por eso hemos iniciado el procedimiento para que aparezca en REDERECI”, dijo el procurador.
Consultado al respecto, Zamir Villaverde dijo que desconocía que estaba obligado al pago de los 50 mil soles.
“No he tenido ninguna notificación sobre el tema que me preguntan. El caso con Inrena fue un proceso que se resolvió en su momento, pero no se me ha enviado alguna notificación ni requerimiento para algún pago. Yo no tengo ninguna notificación ni comunicación pidiéndome el pago de lo que me señala. Tendría que hablar con mi abogado, pero desconozco de esta notificación de deuda”, afirmó Villaverde.
Fuentes del Poder Judicial confirmaron que Zamir Villaverde fue notificado en el domicilio que consignó en su Documento Nacional de Identidad (DNI), calle Pietro Mascagni 380, San Borja.
La sentencia
Zamir Villaverde se acogió a la sentencia anticipada y reconoció los delitos que le atribuyó el Ministerio Público en una licitación del Estado.
