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Zoraida Ávalos: “Lo que han hecho con mi inhabilitación es un acto ilegal”

Fiscal suprema acudió a instancias nacionales y fue rechazada. Buscará justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Zoraida Ávalos Rivera, fiscal suprema titular se pronuncia y afirma: “lo que han hecho con mi inhabilitación es un acto ilegal, porque como ha reconocido el propio presidente del Congreso, lo que hice fue aplicar mi criterio jurídico en las investigaciones que sí realicé contra Vizcarra y Castillo”.

La fiscal suprema titular que sigue ostentando ese cargo pese a que no puede ejercer su labor, buscará justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto porque es casi imposible que reciba protección en la jurisdicción nacional, a decir de sus abogados.

Según las normas internacionales, para acudir a la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se requiere haber agotado la jurisdicción interna. Sin embargo, todo indica que sus reclamos no serán atendidos por los jueces peruanos. Por ello, puede plantear a la Comisión que dé por agotada la jurisdicción interna y empiece a analizar su caso.

Pero el actual Gobierno, podría oponerse a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría del Estado e insistir a que espere el pronunciamiento de los jueces peruanos.

Igualmente, en la Comisión Interamericana, la admisión de un caso suele tomar un tiempo. Pero, según los abogados de Ávalos Rivera, es mejor actuar. Y a decir de algunos juristas, el reclamo de la fiscal suprema será favorable en el ámbito internacional.

Juezas expresan preocupación por falta de motivación en resolución legislativa

La Asociación Nacional de Juezas del Perú expresó su profunda preocupación por la falta de motivación que tiene la Resolución Legislativa del Congreso del 22 de junio último, con la cual se inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Manifiestan que, en el “texto no se advierte la motivación que debe contener, en respuesta al descargo realizado por dicha funcionaria. Ni la justificación de su decisión, como sujeción a las garantías constitucionales que el Estado está en la obligación de proteger”.

Fuente: El Búho

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