El  gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa y un grupo de empresarios, han publicado un “Manifiesto de la Región Loreto” en el que exigen la derogatoria de la Ley 28736 ( Ley de Protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial).

“Nos sorprende este pronunciamiento porque el Gobierno Regional de Loreto es miembro de la comisión multisectorial del Ministerio de Cultura, cuya función es la protección y el establecimiento de las reservas indígenas para los PIACI. No hay que olvidar que, conforme el artículo 31 de la Constitución, último párrafo, cualquier acto que límite derechos fundamentales es nulo de pleno derecho», sostiene Maritza abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

«En ese entender, el acto de desconocer los derechos de los PIACI a través de ese manifiesto firmado por el GOREL, y todos los actos que se están haciendo para derogar la ley PIACI es bulo de pleno derecho”, añadió.

Desde el 2017, año en que se promulga la Ley 28736,  el Gobierno Regional de Loreto mostró intenciones de no respetar las normas referidas a estos pueblos extremadamente vulnerables. Así, su Dirección Forestal y de Fauna Silvestre  (ahora gerencia regional) y el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) realizaron procesos administrativos para ofrecer 197 nuevas unidades de aprovechamiento forestal sujeto a otorgamiento de concesiones forestales maderables mediante un procedimiento abreviado en todo Loreto.

Doce de estas unidades se superponían a la Reserva Indígena Yavarí Tapiche. Finalmente, llegaron a otorgar cuatro concesiones forestales en dicha reserva de manera ilegal, violando la quinta disposición final complementaria de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (No. 29763) que establece que “no se otorgarán títulos en áreas de reconocimiento de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y nativas, así como en áreas en trámite para el establecimiento de reservas territoriales para los pueblos en aislamiento o contacto inicial, en concordancia con los tratados internacionales en vigor”.

En el año 2019 el presidente de la la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Jorge Pérez Rubio, alertó sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento debido al proceso de zonificación forestal que se estaba llevando a cabo en Loreto.

Sostuvo que se debían anular o reubicar 41 concesiones forestales que fueron otorgadas de manera ilegal en las áreas designadas para que se conviertan en reservas indígenas. Igualmente, pidió a las autoridades encargadas que se establecieran zonas de tratamiento especial y que no se otorgasen títulos habilitantes en esas áreas. (Las reservas Yavarí Tapiche, Yavarí Mirín, Kakataibo y Sierra del Divisor occidental ya habían sido reconocidas de manera formal por el Estado. Solo faltaba la reserva Napo-Tigre, solicitada en 2005, ya faltaba que se elabore el estudio previo de reconocimiento).

Ya ese año la abogada del IDL alertaba: “Se deben tomar las medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en las reservas indígenas solicitadas. Recordemos que son poblaciones sumamente vulnerables y que necesitan de amplios espacios para cazar y recolectar los productos que necesitan para sobrevivir. La intangibilidad de sus territorios es la única forma de protegerlos. Las concesiones forestales otorgadas en sus territorios ponen en grave riesgo sus subsistencia debido a que no son inmunes a los virus y enfermedades contagiosas que podrían terminar de exterminarlos”.

En el 2020, en tiempos de pandemia,  ORPIO y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) mandaron una carta al ministro de Cultura Alejandro Neyra en la que le solicitaban información sobre medidas adoptadas para proteger a los PIACI frente a la reactivación económica de las concesiones forestales que se superponen a territorios donde habitan y/o se desplazan, “especialmente aquellas que son nulas de pleno derecho por haber sido otorgadas violando la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en tanto implican un riesgo de contagio inminente de Covid-19 para dichos pueblos”.

Es importante anotar que antes de la emergencia sanitaria, el propio Ministerio de Cultura  y la Defensoría del Pueblo, a través de cartas y oficios, pidieron de manera recurrente al Gobierno Regional de Loreto que adopte las acciones correspondientes para declarar la nulidad de por lo menos 43 concesiones forestales otorgadas contraviniendo la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Asimismo, ORPIO presentó una demanda constitucional de amparo contra la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) por promover un plan de reactivación forestal que afectaría a los PIACI, y solicitaron a la Corte de Justicia de Iquitos es que el Gobierno Regional de Loreto no vuelva a otorgar, reactivar, crear o establecer concesiones forestales o unidades de aprovechamiento forestal en áreas en trámite para el establecimiento de reservas para PIACI.

Luego que la noticia de la demanda llegara a la prensa internacional, el Gobierno Regional de Loreto lanzó un comunicando indicando que respetaba el proceso de creación de las reservas para pueblos en aislamiento.

Así de “comprometido” ha estado el Gobierno Regional de Loreto con los pueblos en aislamiento. La abogada Maritza Quispe advierte: “La firma de este manifiesto es la comprobación de que nunca le interesó salvaguardar sus territorios. Esto es muy grave. No solo desconoce los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los PIACI, sino que además se evidencia un posible delito por omisión de funciones”.