El rol del gas de Camisea en el desarrollo del sur es un tema presente en la agenda del debate electoral. Lo han planteado más enfáticamente Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. La candidata de Juntos por el Perú (JP) plantea la creación de una Autoridad Nacional de Masificación del Gas, encargada de invertir y llevar este insumo a las provincias y distritos más alejados del país. Por su parte, el representante de Acción Popular (AP) propone el ingreso del gas proveniente de Bolivia al mercado nacional con el fin de reducir el precio del gas doméstico.

Ambas propuestas hacen pertinente la pregunta, ¿cuál es la situación actual de la gestión de este recurso en el país?

En 15 años de explotación, la mitad del gas ha sido destinado a la exportación a precios escandalosamente bajos. Ello gracias a los cambios en el contrato original realizados en el gobierno de Alejandro Toledo, teniendo a Pedro Pablo Kuczynski −entonces titular del ministerio de Economía− como el principal operador.

La otra mitad, dirigida al mercado interno, ha servido para la generación de electricidad y una pequeña parte para la mal llamada masificación vehicular y domiciliaria. Mal llamada debido a que después de 15 años solo Lima, el Callao e Ica tienen gas por tuberías. Del millón de conexiones existentes en el país, el 90% está en la capital.

Esta realidad contrasta con la de países vecinos como Bolivia y Colombia, que cuentan con menos reservas que Perú, pero cuyas redes de gasoductos cubren al 46% y 75% de su población, respectivamente. Y lo peor de todo, en el sur peruano, donde se encuentra este recurso, las familias no tienen gas en sus domicilios.

El proyecto de masificación 7 Regiones, para llevar gas por camiones a 113.000 familias de Cusco, Apurímac, Puno, Huancavelica, Junín, Ayacucho y Ucayali; se ha convertido en una verdadera mecedora manejada por Proinversión. Hace 7 años que se trata de hacer la concesión, sin resultados. En setiembre del 2020, la agencia pospuso una vez más la buena pro del proyecto.

Asimismo, el proyecto de gas virtual por camiones, que abastecía las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, ha fracasado. El año pasado, la empresa concesionaria Naturgy anunció su retiro del mercado por falta de rentabilidad y acusó al Estado de carecer de “coherencia en la política de masificación del gas natural”. El gas que pagan los hogares en estas ciudades sería 2,5 veces más caro comparado con Lima.

¿Es justo esto? Claro que no.

Es tiempo de relanzar el gasoducto del sur. Hay reservas suficientes y hay demanda potencial. La consultora Mott MacDonald, contratada en el gobierno de PPK para evaluar el proyecto, concluyó que el gasoducto es viable y sugirió mantener el trazo andino actual. El costo sería de 4.500 millones de dólares.

Saliendo de su letargo, los gobiernos regionales del sur se pronunciaron el pasado 24 de marzo exigiendo al Minem y Proinversión viabilizar el proyecto SIT Gas antes del cambio de gobierno y no seguir postergando la licitación del proyecto 7 Regiones. Hace falta que las organizaciones sociales y los gremios empresariales del sur también se pronuncien y hagan causa común.

Las investigaciones por corrupción iniciadas por la fiscalía deben seguir su curso hasta hallar a los responsables. Lo propio debe ocurrir con las denuncias ante el CIADI interpuestas por las empresas Enagás y Odebrecht por la cancelación del contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Ello no debe impedir el relanzamiento de este importante proyecto, revisando su costo y con un enfoque de rentabilidad social. Para ello se necesita de un gobierno con voluntad política dispuesto a replantear las condiciones del contrato actual.