El gobierno ha dado un paso hoy atentatorio de la empresa privada, de extrema gravedad. Mediante Decreto Supremo, publicado hoy en El Peruano, modifica el estatuto de la Derrama Magisterial, interviniendo en el funcionamiento interno de una empresa privada.
La Derrama Magisterial, efectivamente nació como entidad manejada por el Ministerio de Educación, creada en 1965, pero durante veinte años de saqueo y malos manejos fue llevada a la quiebra. Fue en 1984, en el segundo gobierno de Belaunde, que para evitar cerrarla se la entregan al Sutep, constituyéndose en empresa de derecho privado y siendo conducida, desde entonces, profesionalmente y bajo supervisión de la SBS, generando un crecimiento de la institución sin precedentes en su historia financiera.
El sector radical del magisterio, vinculado al presidente Castillo, siempre ha querido destruir la Derrama Magisterial y hoy lo quiere hacer realidad interviniendo ilegalmente en su constitución y estatutos. Lo que el gobierno quiere hacer equivale a que el día de mañana apareciese un decreto supremo indicado que el directorio del Banco de Crédito del Perú deberá incorporar a representantes de los gobiernos regionales del país, o que Las Bambas, al ser una concesión, deberá añadir a su directorio a representantes de las comunidades campesinas en conflicto.
Es un atentado contra la propiedad privada y el Estado de Derecho el que el gobierno de Castillo, en base a inquinas personales e ideológicas, quiere hacer pasar como un benéfico intento de “democratizar” una empresa que funciona cabalmente y sin contratiempos, en claro y constatable beneficio de sus afiliados. No hay ni un solo argumento que justifique la medida. Es un caballazo.
Por supuesto, seguramente se recurrirá a amparos legales que impedirán el atentado jurídico que la gestión malhadada de Castillo quiere hacer realidad, pero es importante que además de ello se deje clara constancia del irrespeto a la legalidad y a la empresa privada que este régimen quiere perpetrar.
El Estado no tiene derecho a intervenir empresas privadas ni afectar su funcionamiento. La Constitución ampara esos derechos por encima de la voluntad política del gobernante de turno. Este atropello no va a pasar y debe ser denunciado, dejando constancia de que los principales gremios privados del país deberían pronunciarse, porque, de soslayarse este legicidio, pronto otros serán las víctimas de un gobierno nefasto y que demagógicamente cree que con decisiones absurdas como la comentada puede mejorar sus pasmosos índices de desaprobación.
Fuente: Sudaca
