Desde hace más de 15 años, los bolivianos tienen uno de los precios más baratos de combustibles de toda la región. En el país administrado por el presidente Luis Arce, actualmente el litro de gasolina especial cuesta 3,74 bolivianos (0,54 centavos de dólar) y el de diésel 3,72 bolivianos (0,54 centavos de dólar).

El metro cúbico de GNV cuesta 1,66 bolivianos (0,24 centavos de dólar). Una garrafa de GLP cuesta 22,5 bolivianos (3,27 dólares) y en gas domiciliario la población gasta entre 10 y 12 bolivianos (1,60 dólares).

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), las importaciones de combustibles en Bolivia crecieron un 143% en los primeros seis meses de este año si se compara con el mismo periodo de 2021. Esto significa que la compra externa de gasolina y diésel sumó 1.772 millones de dólares a junio de 2022. Mientras que en 2021, en el mismo periodo, se gastaron 729 millones de dólares.

Según el ministerio de economía, mantener los precios “congelados” es una política estatal en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Esta permite reducir el riesgo de una ola de inflación ya que el sector energético es el motor de cualquier actividad de desarrollo. La administración de Arce considera que “la subvención al precio de los combustibles para su comercialización en el mercado interno es la política con mayor impacto positivo para las familias bolivianas”.

¿Cuáles son las consecuencias de estos subsidios?

Según un estudio publicado en mayo por ESD, la naturaleza discrecional de un subsidio, por parte de los hacedores de las políticas públicas genera un breve beneficio a corto plazo para los segmentos más pobres de la sociedad y las consecuencias negativas de dichos subsidios sobre el déficit fiscal, la inversión, el crecimiento económico y los impactos medioambientales, generan que la discusión sobre la presencia, financiamiento e impactos de los subsidios a los precios de la energía no sea menor.

Los autores Van Beers & Strand estudian la relación entre los subsidios de precios de combustibles con variables políticas y económicas. Entre sus conclusiones indican que las sociedades más corruptas tienden a mayores subsidios, los sistemas políticos más democráticos presentan precios altos y que cuando el poder político está concentrado en pocas personas, los subsidios tienden a incrementarse.

Según otros estudios como El-Katiri & Fattouh (2015) la distorsión de precios de los combustibles conduce a poco esfuerzo en conservación ambiental, comportamientos rentistas, contrabando, adulteración y reventa en el mercado negro. Y esto se comprueba claramente en Bolivia donde existe uno de los precios de diésel más baratos del mundo: el tercero más accesible a nivel LatAm y el puesto 16 de los más baratos del mundo. Esto ha dado lugar a un mercado de contrabando de diésel de Bolivia hacia Brasil, país vecino que tiene el tercero más caro de toda la región.

Lo mismo sucede en la frontera con Argentina y Perú, donde se cree que aumentó el contrabando de combustibles. Según el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, la frontera es muy vulnerable y el aumento de precios en países vecinos hará que aumente el contrabando de combustibles. Según el gobierno, desde abril las 34 estaciones fronterizas de venta de carburantes están siendo custodiadas por 600 efectivos militares.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo reconoció la problemática y dijo que “como país, como Estado, existe la urgente necesidad de evitar que se realice el contrabando de nuestros productos como gasolina, diésel hacia el exterior, es decir, a nuestros países vecinos”. Pero este no es un problema nuevo. Desde 2018 el ejército boliviano encabeza la lucha contra el contrabando de combustibles en el llamado “Plan Soberanía”.

Según un estudio hecho en Arabia Saudita por Alduyan & Gasim publicado en 2021, los subsidios pueden incrementar en gran medida el consumo o demanda por energía e incentivar el uso ineficiente de ésta. Eso además promueve una baja inversión estatal en eficiencia energética. Otro problema que destacan los expertos es que un subsidio busca ayudar a las familias más pobres pero en la realidad las familias de ingreso medio superior son quienes se benefician con la mayor parte de estos subsidios.

Recordemos que Bolivia es un país productor de gas pero no de petróleo. Es por ello debe importar diésel y otros combustibles. El gobierno de Evo Morales, ya intentó sin éxito levantar los subsidios en 2010. Esta medida le ocasionó una grave crisis y conflictos sociales que se conocieron como el gasolinazo. Morales dio un paso atrás y mantuvo los precios luego del levantamiento de la población.