Bruselas quiere tener más control sobre la influencia económica de terceros países en la UE. Así, la Comisión Europea ha definido este lunes las condiciones para que el Ejecutivo comunitario pueda investigar las ayudas económicas de países extracomunitarios a compañías extranjeras en la UE en caso de que se produzca una fusión empresarial o que concurran a un concurso público.
La norma obliga a informar a Bruselas en caso de que la compañía adquirida, una de las partes de la fusión o la joint venture resultante, con sede en la UE, supere los 500 millones de facturación, siempre y cuando una de las partes implicadas hayan recibido subsidios del extranjero de al menos 50 millones de euros en los últimos tres años.
La regulación, acordada en 2022, afecta también a los contratos públicos. Establece que las empresas subvencionadas deberán informar a la Comisión Europea en caso de que concurran en concursos públicos por valor de 250 millones de euros e implique una contribución de al menos 4 millones de euros de un tercer país en los 3 años anteriores. Con esta fórmula Bruselas busca tener poder para vetar algunas adquisiciones o licitaciones públicas en caso de que las empresas comunitarias resultaran perjudicadas.
Cabe tener en cuenta que lo que busca el Ejecutivo comunitario con esta normativa es evitar que empresas extranjeras, especialmente las chinas, abusen de las ayudas de Estado cuando adquieren firmas europeas o compitan por grandes contratos públicos. Motivo por el cual, Bruselas ha planteado un control más exhaustivo en el caso de que haya aportaciones económicas previas a una operación de compra, fusión o en el caso de pujas por contrataciones públicas.
En el caso de las concentraciones, las compañías tendrán que informar de las contribuciones financieras que provengan del extranjero y que podrían distorsionar el mercado único, como las que se conceden a empresas en crisis. Se aplicará en caso de un mínimo de un millón de euros al año en los últimos tres años.
En el resto de los casos de contribuciones de terceros países, las empresas extranjeras tendrán que notificar las contribuciones recibidas en los últimos tres años, por un valor mínimo de un millón de euros, pero solo en caso de que terceros países que hayan concedido al menos 45 millones de euros a las partes implicadas en los 3 años anteriores a la concentración.
En lo que respecta a los procesos de contratación pública, las empresas tendrán que informar de las aportaciones económicas realizadas por otros países de fuera de la UE de más de un millón de euros en los tres años anteriores. En el resto de casos, se requerirá un resumen de otras aportaciones económicas de mínimo 1 millón de euros cuando un país haya concedido subvenciones a cada una de las partes al menos 4 millones de euros en los 3 años anteriores a la notificación.
La regulación empezará a aplicarse a partir del 12 de julio, aunque las empresas tendrán hasta el 12 de octubre para notificar concentraciones o su participación en procesos de contratación pública que impliquen contribuciones económicas de otros países.
Fue entre febrero y marzo del presente ejercicio que la Comisión Europea lanzó una consulta pública para analizar con las partes implicadas las repercusiones de tal medida. Surgieron dudas, por parte de las empresas europeas, acerca de si tal normativa desincentivaría el atractivo inversor de terceros países en el mercado comunitario.
La norma llega en un momento en el que la UE mira a los paquetes de subsidios que tanto China como Estados Unidos han puesto a disposición de sus empresas para impulsar las inversiones en la industria de tecnologías limpias. Una decisión que, en lo que respecta a Estados Unidos, ha provocado una fuerte reacción por parte de Bruselas al considerar que incluyen fórmulas discriminatorias para las empresas europeas.
La legislación, que vio la luz el pasado año, busca equiparar las condiciones de competencia entre empresas de la UE. Si bien pretende evitar recurrir a las ayudas públicas, y evita mencionar a China en este sentido, lo cierto es que Bruselas lanzó esta propuesta legislativa tras las quejas de que las firmas del gigante asiático reciben ayudas económicas de las que la UE no dota a sus empresas. Todo ello, pese a que Estados miembro como Francia o Alemania han abogado por dotar de subvenciones a sectores clave del bloque como el de los chips.
