En un informe que la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, Ocde, publica cada cuatro años sobre el panorama de las administraciones públicas de América Latina y el Caribe se evidenció que las democracias de la región se han venido afianzando (a excepción de casos puntuales como el de Venezuela), la confianza en los gobiernos se sigue deteriorando y la desigualdad y la informalidad laboral son retos importantes a asumir en los países de la región.
La confianza en el gobierno es definida como la creencia de que las instituciones actuarán consistentemente frente a unas expectativas de comportamiento positivo. Según el último reporte, que data de 2022, 36,3% de la población de los países de la región afirmó confiar en su gobierno, reflejando un descenso de 4,1% con respecto a la medición de 2008.
Los países de mejor desempeño en esta categoría son Costa Rica con una confianza en las instituciones de 60% del total de los encuestados y México con 53%, mientras que Perú y Ecuador son los de peor rendimiento gracias a los constantes casos de corrupción e intentos de golpe de estado y la ineficiencia en la lucha contra la inseguridad respectivamente.
En términos de prestación de servicios públicos como la educación o la salud, más de la mitad de los habitantes de América Latina y el Caribe están conformes con estos, satisfacción de 66% y 53% respectivamente. Para el caso de la educación, Nicaragua es el de mejor desempeño con 80% de satisfacción del servicio y Costa Rica con 70% para la prestación de la salud.
Sin embargo, en términos de confianza en el sistema judicial, la región aún no satisface las expectativas de los latinoamericanos. Aunque desde 2008 se ha evidenciado una mejoría (32% en ese año y 38% en 2022), las cifras aún están lejos de los registros de la Ocde (56%).
Con respecto a la “presupuestación verde”, que hace referencia a los esfuerzos económicos dirigidos a lograr objetivos medioambientales y combatir el cambio climático, Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana llevan la delantera en esta área al afirmar que parte del presupuesto nacional es destinado a iniciativas amigables con el medio ambiente, representando 42% del total de los países estudiados.
A pesar de esto, las herramientas de presupuestación verde que implementan otros países de la Ocde, como los europeos, todavía se ven lejos de implementarse en la región. Algunos ejemplos son la fijación de precios del carbono y etiquetado del presupuesto verde o la incorporación de perspectivas verdes en las revisiones del gasto de cada país.
En razón de la necesidad de maximizar los recursos, bienes y servicios adquiridos para cumplir a cabalidad con las políticas y proyectos públicos, es necesario revisar qué tanto del gasto total se destina a la contratación pública. Según el más reciente registro sobre contratación pública, en promedio, los países de la región destinan hasta 17,4% del gasto público total en este aspecto, lo que significa un ligero aumento con respecto a 2019 cuando se ubicó en 16,9%.
El país de mayor contratación pública es Perú con 45,6% del gasto público total en contraste con Chile, Brasil y Costa Rica que tuvieron los indicadores más bajos, 14,5% en promedio para los tres países. Para el caso colombiano, el gasto público se situó en 19,2% para el cierre de 2021.
