Este martes 10 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó en el Congreso de la República la ley de financiamiento. Con este proyecto, el Ejecutivo prevé recaudar $12 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación de 2025, a través de un mayor recaudo tributario donde resaltan varios cambios en impuestos para personas naturales y empresas.
Dentro de los principales ajustes que contempla esta suerte de reforma tributaria (acotada a financiar una parte del Prepuesto General de la Nación), los artículos 20, 21 y 22 hacen referencia a cambios en el impuesto al carbono.
La Ley 1819 de 2016 creó el Impuesto Nacional al Carbono, un tributo que tiene como finalidad desincentivar el uso de combustibles fósiles en Colombia y compensar los daños de las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero. A grandes rasgos, el impuesto se genera cuando ocurre una venta de combustible fósil en el territorio nacional, cuando se importa combustible y cuando un productor hace retiros de combustible para consumo propio.
La mecánica de este impuesto es sencilla: asignar una tarifa que varía de acuerdo a la cantidad de emisiones de carbono, lo cual -a su vez- depende del contenido de material contaminante en los combustibles fósiles. En Colombia, las emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles asciende a 99,72 millones de toneladas, es decir, el 9,9 % del total de emisiones.
Tratándose de gas, carbón y derivados de petróleo, el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en la fecha del retiro, y en las importaciones (en la fecha en que se nacionalice el gas, carbón o el derivado de petróleo).
Así las cosas, son responsables del impuesto los productores e importadores de gas, carbón y derivados del petróleo.
De fondo, la intención del impuesto al carbono es ser un instrumento que, primero, permita compensar los efectos de las emisiones y, segundo, estimule inversiones en el sector privado con miras a la mitigación y la conservación. Sin embargo, este impuesto no tiene un peso relevante en materia de recaudo.
Como se indica el documento de la ley de financiamiento, publicado este martes, este gravamen solo tiene un peso del 0,23 % en los ingresos tributarios totales del país. Según la cartera de Hacienda, lo anterior “reduce los recursos disponibles para acciones de conservación y mitigación”. Además, para el Gobierno, la poca relevancia del impuesto puede indicar que no está cumpliendo su objetivo primario: desincentivar el consumo de combustibles fósiles.
De ahí que el Ejecutivo le haya presentado una propuesta al Congreso para cambiar el impuesto al carbono. Dicho sea de paso, los ajustes no solo pretenden tener “más armas” para luchar contra el cambio climático, sino también incrementar el recaudo tributario ante una situación fiscal compleja, como la actual.
Así sería el nuevo impuesto al carbono
Actualmente, el impuesto al carbono se grava a una tasa de $25.799,56 (US$ 6,15) por tonelada de CO2 equivalente y este tributo aumenta un punto porcentual por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, hasta alcanzar de forma paulatina el equivalente a tres UVT por tonelada de CO2.
La ley de financiamiento propone un incremento de la tarifa hasta $75.000 (US$ 17,86) por tonelada de CO2. El documento del proyecto indica que se mantendrá el límite de tres UVT.
“La medida permite adelantar el proceso de incremento anual de la tarifa para que las tres UVT se alcancen de forma más acelerada, en línea con la necesidad de que las medidas de contención del cambio climático se implementen en el corto plazo”, se lee en el documento de la ley de financiamiento.
Adicional a lo anterior, se propone nivelar el impuesto al carbono entre combustibles, de manera que las mismas emisiones de CO2 paguen el mismo nivel de impuesto.
¿Este incremento propuesto en el impuesto al carbono impactaría la inflación? La pregunta es válida, pues podría pensarse que un gravamen a productores e importadores de combustibles se traslade hasta los últimos eslabones de la cadena: las estaciones de servicio y, a su vez, al público.
De acuerdo con el Gobierno, el impacto de la modificación del impuesto al carbono sobre la inflación sería marginal.
Estimaciones del equipo técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indican que el aumento proyectado para las tarifas del impuesto generaría un incremento de 0,15 puntos porcentuales sobre la inflación total del país, de los cuales 0,09 puntos corresponden al efecto directo (combustibles que consumen los hogares y que, por ende, se harían más caros por el incremento a este impuesto) y 0,06 puntos corresponden al efecto indirecto (incremento en el costo de combustibles usados como insumo para la producción de mercancías consumidas por los hogares).
